Conocí Playa del Inglés cuando era un puro desierto y no había ni un solo edificio y como letrado a la sazón de don Juan Amorós, intervine profesionalmente en la redacción de todos los contratos de compraventa y constitución de propiedades horizontales de los edificios integrados por los apartamentos vendidos, por lo que me hallo en condiciones de afirmar, con pleno conocimiento de causa, que en ninguno de aquellos cientos de contratos de compraventa (Las Arenas, Las Olas, Las Marinas y otros más) se vendió con la limitación del derecho de la propiedad adquirida por el comprador de tener que dedicarlo a la explotación turística, como hoy pretende un alcalde que no se merece el pueblo, quien, en vez de defender a su pueblo, no vacila en perjudicarle.
Acaso el señor alcalde, Marco Aurelio Pérez, se ha comprado una fija para sacar del apartamento a su propietario como se saca a los pulpos de su madriguera, echándolo a la calle, mandándolo a vivir a otro lugar si quiere tener una segunda residencia y, en definitiva, pasándose por el arco del triunfo los derechos más sagrados contenidos en nuestra Constitución entre los cuales, al contrario que en otras constituciones, figura expresamente el derecho de propiedad, que, salvo en los países anglosajones, trae causa del Derecho Romano, como mínimo, como ya he dicho, desde un par de siglos antes de Jesucristo. De igual forma y casi con el mismo texto literal que se contiene en el articulo 348 de nuestro actual Código Civil, promulgado en 1889, inspirado en el código napoleónico y de igual forma que se contempla en el derecho italiano.
En definitiva, estimado lector, esté usted tranquilo. Haga todas las alegaciones que estime convenientes contra el Plan que le quieren imponer, convencido de que su derecho no esté en peligro. Porque, cuando en su día adquirió su preciado apartamento o bungalow, que el alcalde le pretende arrebatar, nadie le obligó a darle un destino necesariamente turístico y aunque el Parlamento de Canarias pueda dictar leyes, tan solo puede hacerlo por lo que se refiere a sus competencias constitucionales y estatutarias en la materia. Son pues -repito- leyes en las competencias de que dispone nuestra Comunidad Autónoma, pero jamás para derogar otras leyes, mediante tal trampa, otras leyes cuya competencia constitucional corresponde al Estado.
¿Por qué actúa así, tan desaprensivamente, el alcalde de marras? Acaso porque su alianza con el PP le ha contagiado con la prepotencia habitual soriana, que se debe creer un político de otra galaxia, de igual forma que el actual Marco Aurelio ha creído que en su feudo es otro Marco Aurelio, algo más listo que él: el coemperador del Imperio Romano Marco Aurelio, nacido en Roma, hasta el año de su muerte un par de siglos después de la de Jesucristo.
Ni siquiera Podemos, con su ultraizquierdismo, sería capaz de un atentado así a nuestra Constitución, que ni siquiera entraría en los postulados de Pablo Iglesias, por cuya razón podemos ir recomendando a nuestro inefable alcalde que antes de dirigirse al juzgado para interponer una querella en mi contra se deje crecer la coleta. A lo mejor en tal caso el señor juez entendería mejor su posición...
Y a todo esto una pregunta: ¿qué opina de todo este dislate su compañero de viaje electoral, el Partido Popular? Están callados como muertos. Acaso, porque tal decisión no se le ocurriría ni al propio Rajoy.
