En fechas próximas tendremos la oportunidad de dar a conocer a nuestros conciudadanos y a nuestras administraciones públicas las enmiendas que desde el grupo parlamentario socialista presentaremos para actuaciones exclusivas en la Comunidad Canaria y que no se reflejan en el proyecto de ley gubernamental de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2016.
Con la presente aportación pretendemos hacer algunas consideraciones conceptuales derivadas del análisis de las partidas presupuestarias del mismo. Desde nuestra óptica el proyecto de ley no está inspirado en la defensa del principio de la cohesión social como bien a respetar y preservar en nuestra sociedad por razones éticas y económicas; de ahí la importancia de la política fiscal (entendida desde la perspectiva de los ingresos y de los gastos públicos) en la que se inspira, porque ella constituye una de las grandes palancas para preservar y avanzar en dicha cohesión para reducir la desigualdad. Con la política fiscal de la presente legislatura se ha producido un incremento perceptible de la desigualdad social, como consecuencia del incremento de los impuestos a todas las rentas y del recorte del estado social del que se benefician todos los sectores con mayores dificultades económicas. Se ha dado la paradoja de que a pesar de que se ha producido un aumento de la recaudación, tal como hemos puesto de manifiesto en el primer artículo de esta pequeña serie, el gobierno ha reducido los impuestos básicamente a las rentas altas y a las grandes corporaciones y sin embargo ha mantenido los recortes de las políticas sociales. En definitiva, se ha producido una transferencia de renta de los que menos ganan a los que más ganan.
Estos presupuestos han venido precedidos por la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018, en cuanto a la combinación de evolución de la recaudación, el nivel del gasto público y la política social, supone una apuesta por un modelo de sociedad que reduce a un nivel mínimo el estado social, con la consecuencia de un aumento de las desigualdades.
El objetivo del gobierno en dicho Programa de Estabilidad lo constituye obtener unos ingresos públicos del 38% del PIB en 2018 en la medida en la que hay que cumplir con la consolidación fiscal acordada en la UE, luego la reducción del déficit se realiza por el lado del gasto público que pasará del 44% al 38% y que desde el punto de vista de los ingresos públicos, este objetivo del 38% nos instala a la cola de los países de la UE que menos ingresos públicos recaudan, como son Bulgaria, Letonia, Irlanda, Lituania o Rumanía. Por el lado del gasto público, el 38% del PIB nos deja muy lejos de la media de la zona euro, que se sitúa cerca del 49% y lejano del 56% en el que se sitúan países como Dinamarca y Francia.
La evolución de los ingresos y los gastos públicos, en las distintas revisiones de los Planes de Estabilidad, desde 2012 hasta 2018, certifican una política fiscal regresiva dado que para el conjunto de este periodo señalado, la política fiscal gubernamental (ingresos y gastos públicos) ha incrementado la brecha social.
De acuerdo con las previsiones del Gobierno hasta 2018, desde 2011 los ingresos (en relación al PIB) crecerían 4 puntos, de lo que un punto se destinaría a su reforma fiscal que ha venido a ser un regalo fundamentalmente a las rentas más altas y a las grandes corporaciones (descenso de ingresos), tal como afirmábamos en artículo anterior. A pesar de que se incrementa la recaudación, el gasto social (vivienda, educación, sanidad y protección social) se reducirá en tres puntos pasando del 28% en 2011 al 25%.
A pesar de la pérdida de peso del gasto social en el PIB, aún se avecinan más recortes sociales, si tenemos en cuenta dos aspectos que se deducen de los datos presentados por el Gobierno en la última revisión del Programa de Estabilidad al que nos hemos referido: en primer lugar, se avecina una reducción de 100.000 empleos públicos para el conjunto de las Administraciones Públicas en el periodo considerado, de los cuales algo más de la mitad corresponderán a las Comunidades Autónomas y en segundo lugar la reducción del consumo público ( sueldos de los funcionarios... etc) que va a perder casi dos puntos en relación al PIB.
En definitiva, la caída de los ingresos públicos producidos por la crisis económica, la constituido la excusa a la que se han aferrado los miembros del Gobierno del PP para ir configurando un Estado social reducido.
La deuda pública alcanzará una cifra próxima a 1,1 billones de euros, mientras que nuestro producto interior bruto se sitúa en unos niveles equivalentes siendo del orden aproximado de 1,1 billones de ?, mientras que la deuda privada es superior a la pública y es del orden del 170% del PIB. Terminará la legislatura con una deuda pública superior en 350.000 millones de euros a la que había cuando tomó posesión de la presidencia del gobierno el Sr. Rajoy. Estaremos más endeudados que a comienzos de la legislatura.
Tampoco podemos dejar de dar a conocer datos como el del producto interior bruto por habitante que crece y que a finales del año 2011, era de 15.756 ?. Se espera terminar el presente año con un producto interior bruto por habitante de 23.519 ?.
Esto es lo que hay.
