Llevo unos cuantos días dándole vueltas al artículo "Duelos de gallos por la biblioteca" que escribió Yeray Alvarado y se publicó en LA PROVINCIA/DLP el pasado 23 de julio. Hoy no he podido resistir la tentación, y aquí estoy perdiendo el tiempo, una vez más, con este tema que ya me ocupó hace unos meses.
Antes que nada, quiero expresar públicamente mi agradecimiento a Yeray Alvarado por su valentía. Su artículo no tiene desperdicio y es digno de que ocupe los tablones de anuncios de todas las instituciones y organismos públicos, especialmente el de los colegios para que sirva de ejemplo y enseñanza a las nuevas generaciones, a ver si de este modo logramos que, de una vez por todas, el respeto al Estado de Derecho sea algo natural y no necesite ser defendido.
Y digo valentía, porque es seguro que con dicho artículo, Yeray Alvarado, se ha buscado más enemigos que amigos. Y, dada su profesión, no creo que esto le vaya a beneficiar. Algunas puertas se le cerraran con total seguridad.
Además, en relación con lo anterior, quiero hacer alguna puntualización que me parece oportuna por lo que se está publicando estos días relacionado con la condena a doña Josefa Hernández por haber construido su casa en un espacio protegido, dentro del Parque Rural de Betancuria. LA PROVINCIA anunciaba su ingreso en la cárcel, y al día siguiente la concesión del indulto por Rajoy, lo que nos parece un error, porque tengo entendido que, de acuerdo con la ley, quien tiene la potestad de indultar es el Rey a petición del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Si esto es así no me parece serio que se creen expectativas que no se van a cumplir a tan corto plazo. En cualquier caso, vaya por delante mi felicitación a doña Josefa, familia, amigos y a todos los que solicitaron su libertad.
Por otra parte, ¿es el caso de la vivienda construida por doña Josefa semejante al de la construcción de la Biblioteca Pública por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Lo pregunto porque en ambos casos no se ha acatado la sentencia judicial que ordena la demolición de lo construido ilegalmente, por ser ilegalizable. Entonces ¿por qué en el caso de la Biblioteca Pública no se piden responsabilidades ni entra nadie en la cárcel y sí en el de esta vivienda? ¿Tal vez porque doña Josefa es pobre?, tal y como declaró el Presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, según se publica hoy el día 26 en la página 19 de LA PROVINCIA. Si es así, pienso que esto es muy grave. ¿Alguien puede explicármelo?
Por último, permítanme ironizar con este tema tan serio y grave, quiero felicitar anticipadamente a todos los que han venido abogando por la salvación de la Biblioteca Publica porque, como todos saben, en este momento la sentencia de demolición del Tribunal Supremo, que pesa sobre ella, ratificada por el Tribunal Constitucional está también en petición de indulto, y es de esperar, como no puede ser de otra forma, que éste le sea concedido del mismo modo que a doña Josefa. El clamor popular y las autoridades, que al parecer están sobre el Estado de Derecho, y tienen que velar por el respeto y el cumplimiento de la leyes, lo reclaman.
