El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de San Bartolomé de Tirajana ha generado incertidumbre entre los vecinos que residen en la costa del municipio, como lo demuestra el aluvión de alegaciones contra el documento aprobado por el Ayuntamiento antes de las elecciones de mayo, y vuelve a abrir el debate sobre la necesaria renovación de la planta alojativa en el sur de la Isla.

El dilema se centra ahora en el uso residencial de las principales zonas hoteleras de San Bartolomé, como Playa del Inglés, Maspalomas, San Agustín o Meloneras, con más de 16.000 vecinos empadronados, así como en las normas que deben aplicar las administraciones públicas para recuperar las miles de camas turísticas que se han perdido en Gran Canaria en los últimos años por esa utilización de los apartamentos y bungalós por parte de la población local.

Las revisiones del Plan General de San Bartolomé de Tirajana han sido siempre conflictivas por la gran cantidad de intereses en juego y, de hecho, no se ha podido modificar en los últimos veinte años, algo inaudito en un municipio en continuo crecimiento y con una economía tan dinámica. En esta ocasión, y alegando escasez de medios técnicos y humanos, el Ayuntamiento cedió la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana al Gobierno de Canarias, que a su vez se lo encargó a Gesplan.

Esa empresa pública también elaboró el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Maspalomas Costa Canaria, una normativa que anticipó muchos de los cambios que ahora se recogen en el documento que está en exposición pública. Sin embargo, ante la aparición de los primeros conflictos sobre el uso turístico o residencial de los apartamentos, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias se dan la espalda y responsabilizan el uno al otro de la alarma entre los propietarios e inquilinos que temen perder sus derechos de residencia.

Mientras que el Ayuntamiento alega que tiene las manos atadas por las sucesivas leyes y normas del Gobierno de Canarias y del Cabildo, y exige que sean ellos los que den explicaciones a los vecinos, el Ejecutivo regional insiste en que su objetivo es impulsar la renovación para que Maspalomas no solo se mantenga como un destino de éxito, sino que se convierta en un referente turístico mundial en un escenario cada vez más complejo y competitivo.

Las empresas del sector turístico, tantos las hoteleras como las de ocio, han aplaudido el nuevo Plan General porque, al menos en la letra, recoge la vieja aspiración de rehabilitar los núcleos más obsoletos para reincorporar al mercado las plazas alojativas que se han convertido en residenciales. Se calcula que San Bartolomé ha perdido entre 15.000 y 20.000 plazas turísticas en los últimos quince años.

No obstante, la patronal teme que las autoridades no cumplan después las labores de inspección para erradicar las camas ilegales o fuera de ordenación. Ha sido esa falta de control la que ha permitido los miles de empadronamientos en complejos de apartamentos y bungalós construidos exclusivamente para la industria turística, con el riesgo de crear guetos sin servicios públicos elementales en medio de las zonas que se utilizan para promocionar la Isla en los mercados internacionales.

A la confusión sobre el uso residencial o turístico de los apartamentos se han unido dos elementos que complican el escenario. Por un lado, las nuevas modalidades del alquiler vacacional y el intercambio de viviendas entre particulares, cada vez con más auge en las redes sociales. Por otro, la especulación urbanística aprovechando la incertidumbre de los pequeños inversores que en su día compraron un apartamento para disfrutarlo los fines de semana.

Los turoperadores, directamente o a través de intermediarios, están interviniendo en las comunidades de propietarios de esos complejos turísticos para intentar hacerse con una mayoría que les permita presionar a los demás comuneros -con el argumento de que no podrán seguir allí cuando se apliquen las nuevas leyes- para que les cedan o vendan sus apartamentos a precios por debajo del mercado.

Como aconsejan los expertos en urbanismo, el nuevo Plan General debe aprovecharse para abrir un debate más amplio sobre el futuro de la llamada ciudad turística de Maspalomas, donde queden claras las responsabilidades de las administraciones públicas y de los distintos operadores. Las posibles soluciones deben garantizar los derechos de esos más de 16.000 residentes ya consolidados, pero sin perder de vista que el turismo es el motor económico de Gran Canaria y que se necesita aumentar la oferta sin consumir nuevos suelos. Por lo tanto, es la renovación de esas zonas degradadas de San Bartolomé la que permite un desarrollo del turismo en sintonía con la población de la Isla.