Creo que no hace falta recordar a nadie por los tan conocidos despropósitos de Rajoy, nada menos que presidente de un gobierno en quiebra política, que entre sus muchos disparates, cometió, como acontece con nuestro innombrable paisano, que nombrara ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, a quien sinceramente debieran tirios y troyanos compadecer por lo que tuvo que sufrir en su cargo, si es, como creo, una persona normal, lo cual disimuló a la perfección en el ejercicio del mismo.
Salió del mismo con más pena que gloria, cuando algún otro, menos honesto y más soberbio que él, sigue permaneciendo en el suyo, todo lo cual me hacer pensar que a Gallardón debía de traerle sin cuidado su propia imagen, sin percatarse de la necesidad de contar con un asesoramiento eficaz para poder limpiarla después de haber tomado una decisión, todas de desastre en desastre.
Pero, al parecer, le traían sin cuidado los frecuentes tropezones que daba a menudo, unas veces por falta de diálogo y en otras ocasiones porque deliberadamente, no sé si por autosuficiencia, soberbia o prepotencia, hacía caso omiso de tal necesidad, pese a ser sabedor de los puntos flacos de sus decisiones políticas, que al fin y al cabo debían haber sido las de un hombre con experiencia, inteligencia sobrada y la presunción iuris et de iure de sus conocimientos, mas que elementales, en materia jurídica, puesto que obtuvo el segundo puesto en las oposiciones al Ministerio Público en 1982, año en que Felipe González en juego limpio obtuvo su primer mandato, cuando aquella promesa de los 800.000 puestos de trabajo que nunca olvidaremos, y sirvió como individuo del Ministerio Público durante un breve período en la Audiencia Provincial de Málaga, puesto del que desde entonces, hace mas de treinta años, se encuentra en situación de excedencia.
Sin saber conducir iba en moto, de la cual se cayó en varias ocasiones hasta que a consecuencia de tantos golpes recibidos se produjo su óbito como ministro, no sin haber conseguido antes, en tan sólo un año como tal, lo que nunca había logrado ningún ministro de Justicia: haber sido capaz de unir en su contra a la práctica totalidad de los jueces, fiscales, abogados y procuradores de todas las ideologías, empezando por la suya. Por lo que atañe a su sucesor, si Gallardón con todo esto y por razón de su talante siempre iba en moto, el actual, subsanando cuidadosamente los déficits señalados del anterior, a quien descalifica sibilinamente cada vez que tiene oportunidad, y con un asesoramiento de imagen bastante eficaz, al contrario que su antecesor, procura estar en escena casi a diario, siempre, por voluntad propia y deliberadamente, lo que no ocurría con Gallardón, que, cuando lo hacía, se veía obligado a comparecer por razón de las circunstancias objetivas y subjetivas que le obligaban a ello.
Rafael Catalá, de profesión vendedor de motos, procura casi a diario hacerse la foto sacándose de la manga lo que sea para tener entretenido al personal, de suerte que si no hay nada que decir él se lo busca para permanecer en el escenario de forma tal que la ciudadanía y los profesionales menos advertidos puedan diferenciarlo siempre, para bien, en cada paso que da, de su antecesor Gallardón, y aunque no vaya jamás en moto, sino sobre cuatro ruedas, la realidad es que no solo va en la misma, aunque con más cuidado que el anterior, sino que la pretende vender a los menos avisados.
Un ejemplo de ello son sus recientes declaraciones a Europa Press, cuidadosamente preparadas de antemano, en las que refiriéndose a la pena de prisión permanentemente revisable -que desde mi punto de vista es una afrenta a la Constitución y si no al tiempo...- don Rafael Catalá ha asegurado de oficio que la concesión de beneficios penitenciarios en el cumplimiento de la condena no es incompatible con la pena de prisión permanente revisable, lo que nadie ha puesto en tela de juicio, ni se le ha preguntado por ello, diciendo urbi et orbi que la revisión de la condena "se producirá en los plazos que se establecen para cada tipo de condena por los jueces competentes", y la decisión dependerá exclusivamente de esos jueces y no de la Administración penitenciaria ni del Ministerio de Justicia. ¡Bueno fuera!
(*) Presidente nacional de Ciudadanos de Centro Democrático. locullen@yahoo.es
