Pasada la euforia del caso Josefina, y ahora que ya prácticamente no queda ningún cargo político sin darse su correspondiente baño de masas, toca poner en orden las importantes cosas que este singular caso ha desordenado.
Al objeto de retirar una parte de la demagogia acumulada, hemos de tener muy claro que Josefina no solo cometió un delito contra el Medio Natural, sino que es que además se saltó a la torera todas las obligaciones que durante el juicio le fueron impuestas, manteniendo una actitud desafiante, que rayó en la burla a una institución tan importante como lo es la de la Justicia. Josefina, lejos de reparar el daño causado al construir en una zona protegida, no sólo no demolió la construcción ilegal, sino que terminó de construir dicha edificación y además construyó otro volumen más de 12 metros cuadrados.
Josefina no sometió la ejecución de su casa al control administrativo. No sabemos, en consecuencia, si la gestión de los residuos que produjo la obra se hizo de forma adecuada, transportándolos a los vertederos autorizados. Nada sabemos de dónde se vierten las aguas fecales que la vivienda produce ni de qué manera se tratan, ni tampoco cómo se producen el agua y la electricidad que esta consume. Tampoco sabemos si el acceso rodado por el que se llega a la casa se hizo de manera adecuada e integrada en el paisaje protegido en el que se localiza.
En Canarias padecemos una crónica contradicción existencial, sobre lo que de verdad significa la defensa de los valores territoriales y ambientales del Archipiélago Canario. Hemos descubierto estos días pasados que somos capaces de admitir el que una persona lastrada por la necesidad puede dañar unos bienes tan preciados y escasos como lo son los bienes ambientales, si con ello esta persona resuelve sus problemas. De esta manera hemos sentado un peligroso precedente, y que es que "la necesidad nos autoriza a delinquir". Josefina tiene todo el derecho a vivir con dignidad, pero desde luego que no a base de realizar un delito como el cometido.
En este último punto deberíamos preguntarnos qué hicieron por Josefina todas esas administraciones tan encantadas de aparecer ahora en las fotos, antes de que Josefina se hiciera famosa. No hicieron nada. Se han vuelto capaces de dejar sus apretadas agendas para acompañar a Josefina en un coche con chófer y aire acondicionado, a su entrada y a su salida de la cárcel. Hasta antes de que Josefina se hiciera famosa, ni la hubieran recibido en sus despachos.
Devoto defensor de los fantásticos paisajes insulares de todo nuestro archipiélago, agradecí las reformas del código penal que permitieron endurecer las penas por los delitos cometidos contra el Territorio. Hasta que aparecieron las penas de cárcel, y por tanto el único riesgo de atentar contar el Medio Natural era el pago de una sanción, en Canarias fueron muchísimas las entidades y personas que se atrevieron a delinquir contra nuestra geografía insular. Concretamente en materia de construcción de viviendas, que es el caso que nos toca, en Canarias se edificaron más de 40.000 viviendas ilegales a partir de la década de los 70, que han destrozado nuestras costas, nuestras medianías y nuestros paisajes de cumbre. En algunos de los casos, esta construcción ilegal de viviendas estuvo amparada por una vital necesidad. En la mayor parte de los casos, fue la conveniencia de los particulares que se sentían protegidos por una administración condescendiente e irresponsable, el único sostén de su construcción. Lo paradójico de este oscuro episodio del urbanismo de Canarias es que no solo no nos molestó, sino que nos pareció de lo más democrático.
Sin leyes es imposible defender los valores naturales de nuestras Islas, y agradezco la consideración de delito que tienen determinadas agresiones y daños al medio ambiente. Otra cosa es que podamos entender que el cumplimiento de estas leyes no se exige de igual manera para todos. La solución a este problema real que está en la conciencia de los ciudadanos no debiera ser el tirar a la basura 40 años de una legislación tan valiosa como fundamental, para la defensa y protección de los territorios del Archipiélago Canario.
Ha sido inadmisible en el caso Josefina el populismo del que han hecho gala importantes cargos de la administración, que, estando obligados a respetar las leyes y las instituciones que las administran, han aparecido en los medios advirtiéndonos de la injusticia cometida. La sentencia ha estado basada en la aplicación estricta de unas leyes que ni jueces ni Magistrados hacen. Argumenta esta sentencia el porqué de la condena de Josefina, sin entrar en consideraciones ni de carácter ético, ni moral, ni religioso. Decir que esta sentencia es injusta es lo mismo que decir que el juez ha actuado a lo loco y por capricho, y esto es una imprudencia, por la que espero que alguna institución judicial sancione a estos irresponsables. Una sentencia puede ser estricta, exagerada o dura, pero nunca injusta, porque si así lo fuera, el que estaría cometiendo un delito sería el propio juez.
De toda esta comedia a la italiana, el que doña Josefina haya salido de la cárcel ha sido la única buena noticia que ha habido en este esperpento político y mediático.
