Cuántos son, cómo piensan, cuándo y de dónde han venido...? Porque a un lado de los sobre 60.000 conversos españoles de origen, hay que sumar hoy día aproximadamente un millón y medio de musulmanes (de ellos sobre 2/3 partes marroquíes y un buen puñado de paquistaníes), muchos ya con descendencia de segunda generación. De inmensa mayoría sunní (la rama mayoritaria del Islam), se han asentado en España de forma un tanto asimétrica, con gran preponderancia en Madrid, Levante y Cataluña radicando curiosamente en esta levantisca Autonomía, coronados con barretina, posiblemente sus núcleos más radicales y extremistas.
La creciente invasión migratoria en tenaza, las cosas por su nombre, primero por el sur (España e Italia) y actualmente por el este de Europa, va a relanzar un problema político de particular calado, como es el de la representatividad en teoría solo religiosa (se supone a priori que los musulmanes votan también a los partidos políticos clásicos) de una peculiar comunidad cada vez más influyente en el Viejo Continente que algunos, pensando en el inmediato futuro, no dudan en rebautizar como "Eurabia".
A falta de una común política europea cada país ha ido adecuando la legislación específica a su buen entender, empezando con Francia y su Consejo de Culto Musulmán que, sin embargo, no ha logrado ni aglutinar a su potente comunidad islámica ni mucho menos solucionar los problemas de legítima integración (huyo de la palabra "asimilación") de la segunda, tercera e incluso cuarta generación de musulmanes nacidos en el país. El alistamiento de miles de jóvenes musulmanes europeos en las filas del Estado Islámico (EI o Daesh en su acrónimo árabe), es una prueba palpable del doble y lacerante fracaso, tanto de la ingenua Unión Europea como de una parte significativa de sus ciudadanos en su ambivalente relación, como creyentes, con una ideología política religiosamente inquietante y de rasgos totalitarios como es el Islam.
¿Y qué ocurre en España? Más de lo mismo aunque con un matiz: la segunda generación aún está por desarrollarse, pese a lo cual más de cien musulmanes (propios y asimilados) se han embarcado en las tétricas filas del Estado Islámico (EI). España tiene además dos singularidades histórico-políticas, tal es el caso de las ciudades africanas de Ceuta y Melilla (Canarias también son África), que conforman dos realidades: un inmediato futuro mayoritario étnico-islámico y su reivindicación territorial por un país musulmán, el vecino Reino de Marruecos. Ciudades laboratorio en las que, por cierto, la representatividad religiosa de la ciudadanía musulmana (de hecho ya más del 50% de la población) ha sido un sonoro fracaso, mientras apuntan ya las formas de futuras formaciones políticas de ideología islamista listas para eclosionar a corto plazo.
Hasta el momento y en consonancia con la letra y el espíritu de la Constitución, el Estado español lanzó al amparo de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, la representatividad de diferentes confesiones "con notorio arraigo en la sociedad española" siempre que estuvieran debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas (RER) del Ministerio de Justicia. Tal es el caso de la religión islámica tras la reunión del Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR) de 14 de julio de 1989, aceptándose dos peculiares formaciones asociativas (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, Feeri y Unión de Comunidades Islámicas de España, Ucide) "que, a su vez, han constituido una entidad religiosa inscrita con la denominación de Comisión Islámica de España (CIE), como órgano representativo del Islam en España ante el Estado para la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos adoptados", tal y como se señala mediante el Acuerdo de Cooperación firmado entre el Estado y la CIE, aprobado mediante la Ley 26/1992, de 10 de noviembre
¿Cuál ha sido entonces la respuesta de la comunidad musulmana radicada en nuestro país a través de la Comisión Islámica de España (CIE)? A mi juicio frustrante y lamentable, en las formas y en el fondo. En las primeras, la realidad ha sido una descarnada lucha por la poltrona y los dineros con todo tipo de bajezas personales, acabando en un buen número de veces en los Tribunales de Justicia mientras fuertes cantidades de dinero se perdían... por el hammán. Tras el telón, influyentes y turbios intereses extranjeros (el nacionalismo marroquí por un lado, el islamismo radical saudí por otro) manejaban los hilos, impidiendo de hecho la emergencia normalizada de la comunidad islámica enraizada en suelo español, respetada y respetuosa con el ordenamiento jurídico del país. Los magros resultados conseguidos unidos a las perniciosas luchas intestinas, indujeron al Estado a la aprobación del Real Decreto 1384/2011 de 14 de octubre, con el que se intentó una reformulación representativa pues se daba la sonrojante situación de que más del treinta por ciento de las asociaciones islámicas inscritas legalmente no estaban incluidas en la CIE, rechazando con ello su sectario y anormal funcionamiento, impulsado además subrepticiamente desde el exterior.
Esto tiene que acabar. Hay que frenar la injerencia extranjera (no existe por ejemplo la doble nacionalidad hispano-marroquí y la financiación saudí de mezquitas y comunidades es más que oscura) y para ello los musulmanes de ciudadanía española deben dar un paso al frente. La articulación legal de la Comisión Islámica de España (CIE) a través de un nuevo Real Decreto que, al amparo de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, regule y refuerce la Presidencia de la CIE, acotando luchas intestinas y apartando la bicefalia, es un sano referente para el futuro. La comunidad musulmana española se juega su representatividad ante el Estado, siendo de su exclusiva responsabilidad el que acepte la mano que se le tiende e integre a la totalidad de las asociaciones islámicas legalmente registradas o siga perdiéndose en banderías sectarias e intereses foráneos, que llegan incluso al descarado atrevimiento de bloquear matrimonios religiosos entre musulmanes de nacionalidad española solo por no estar refrendados por instituciones extranjeras.
