Creo difícil el diálogo con los nacionalistas catalanes con el fin de encontrar un modelo de encaje en la Constitución, o en su reforma, para satisfacer sus pretensiones independentistas, ni siquiera el Estado Federal, propuesto por el PSOE, del que son acérrimos enemigos. No nos engañemos, los nacionalistas catalanes nunca aceptarán más vías que la de la independencia. El nacionalismo es como un avión: si se para, se cae. Aunque hipotéticamente logren la independencia, seguirían responsabilizando al Estado español de sus fracasos políticos para encubrir, como ahora, la corrupción y la ineficacia de su política económica. Con independencia o sin ella, el nacionalismo necesita un enemigo exterior para sobrevivir.
Albert Einstein dijo que "el nacionalismo es una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad", y Carlos Marx que es "un invento de la burguesía para dividir al proletariado". Toynbee, considerado como uno de los más importantes filósofos de la historia, sostuvo en toda su obra que el nacionalismo es uno de los mayores enemigos de cualquier civilización de la Historia. Comparto la tesis de don José Ortega y Gasset expuesta en su discurso sobre el Estatuto de Cataluña en la sesión de las Cortes de 23 de mayo de 1932: "El problema catalán es un problema que no puede resolverse. Ha existido antes de la unidad peninsular, y seguirá siendo mientras España subsista, por lo que sólo puede conllevarse. No presentéis vuestro afán en términos de soberanía, sino de autonomía, porque entonces no nos entenderemos". Creo también, con Ortega, que "un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos, y que un Estado en buena ventura los desnutre y reabsorbe", y que "el nacionalismo es el hambre de poder templada por el autoengaño". Todo nacionalismo es genéticamente excluyente e insolidario, por mucho que pongan su buena voluntad en ser incluyentes y solidarios.
El derecho a la autodeterminación externa, esto es, a la secesión o a la independencia, no tiene cabida en el marco constitucional. El art. 2 de la Constitución de 1978 la fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, al igual que el art. 40 del proyecto de Constitución Federal de la I República española del socialista catalán Pi y Margall, que sólo consideraba a España como Nación. La Comisión Constitucional en la que se discutió el Título VIII de la Constitución rechazó por todos sus miembros la enmienda que pretendía la introducción en dicho Título del derecho de cualquier Comunidad Autónoma a la autodeterminación entendida como secesión, propuesta por Letamendía, diputado de HB, con la excepción del diputado del PNV Marcos Vizcaya, que defendió su voto afirmativo "como tal derecho retórico", pero que no deseaba que tal derecho se incluyese en la Constitución. Ninguna Constitución democrática, ni siquiera la bicentenaria Constitución Federal de los Estados Unidos, ni la de la Confederación Helvética reformada en 1947, reconocen el derecho a la autodeterminación externa o secesión. Tampoco tiene cabida la autodeterminación de Cataluña en los tratados de la Unión Europea, como ha demostrado el catedrático de Derecho Internacional Manuel Medina Ortega en su reciente libro El derecho de secesión en la Unión Europea, ni en el derecho internacional, que sólo la ha contemplado en los procesos de descolonización al amparo de las declaraciones de la ONU sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales de 1960, con los pactos internacionales de 1966. En el caso de que se llegara a producir la independencia de una parte del territorio de uno de los estados miembros de la Unión Europea, ésta se vería obligada a seguir el procedimiento de admisión previsto en los tratados que requiere la unanimidad de los estados miembros, incluido el voto del Estado matriz.
El de Mas es el quinto intento, que será frustrado como los anteriores, de proclamar unilateralmente el Estado catalán, sin olvidar la traición, con la misma finalidad, de la Generalitat a la II República enfrentada al fascismo internacional durante la guerra, de la que se lamentaron profundamente Azaña y Negrín: Manuel Azaña, protagonista con Ortega del debate sobre el Estatuto de Cataluña en la misma sesión parlamentaria, creía, ingenuamente, que la República conseguiría la unión esencial de todos los españoles al "conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República". Tras la guerra civil, Ortega mantendría el pesimismo mientras Azaña abandonaría el optimismo, al comprobar la deslealtad en la defensa de la República del nacionalismo catalán, como lo revela en La velada en Benicarló (1939): "Mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho. En el fondo provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición". El gran estadista e intelectual republicano concluiría que, en Cataluña, la historia no sólo se repite, sino que empeora. El Dr. Negrín, presidente del Gobierno, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, afirmó, según refiere Julián Zugazagoitia: "No estoy haciendo la Guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación: ¡España! No se puede consentir esta sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo siga dirigiendo la política del Gobierno, que es una política nacional. Nadie se interesa como yo por las peculiaridades de la tierra nativa. Amo entrañablemente todas las que se refieren a Canarias y no desprecio sino que exalto las que poseen otras regiones, pero por encima de todas ellas está España. Quien estorbe esa política nacional debe ser desplazado de su puesto. De otro modo dejo el mío. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro".
En febrero de 1873, siendo Estanislao Figueras presidente de la Primera República Española, se proclamó de forma unilateral el Estado Catalán, que sólo se pudo revocar aceptando la disolución del ejército en Cataluña, y su sustitución por Francisco Pi y Margall. En esta ocasión Mas no ha llegado tan lejos como Maciá y Companys, que de igual forma aprovecharon los momentos de crisis de la democracia española para declarar la independencia de Cataluña: el mismo día 14 de abril de 1931, en que se proclamó la II República, Maciá proclamó la República Federada Catalana. El gobierno provisional de la República envió el 17 de abril en avión a Barcelona a los ministros Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Nicolau d'Olwer; después de tensas conversaciones con Maciá, éste se vio obligado a aceptar un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El 6 de octubre de 1934 -estudiado con rigor por el catedrático Alejandro Nieto en su reciente libro La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República-, coincidiendo con la Revolución de Asturias, el presidente de la Generalidad, Lluís Companys (ERC), vuelve a proclamar unilateralmente el Estado Catalán de la República Española, y aclara: "Cuando digo que por defender las libertades de Cataluña estoy dispuesto a jugarme la vida, no hago uso de un latiguillo, sino que expreso una realidad". El consejero de Gobernación José Dencás comenzó a "organizar el ejército catalán a fin de impedir el paso de tropas españolas que pudiesen ser enviadas contra Cataluña y, dentro de Barcelona, estudiamos la preparación de la resistencia armada y todos aquellos asuntos de índole revolucionaria susceptibles de darnos la victoria". Se hizo un reclutamiento de 8.000 voluntarios, una mitad para la raya fronteriza y otra para la capital. Se envió a Bélgica un diputado para comprar armas, cañones, ametralladoras y fusiles. "Patriotas", escribía Nosaltres Sol, "preparaos para la hora inevitable de la guerra contra España. Se impone la lucha sangrienta. La Nació Catalana llamaba a las armas: ¡por la República Catalana!" El domingo 17 de octubre de 1934, el Consejo de Ministros, mediante decreto firmado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y por el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, declara el estado de guerra en todo el territorio de la República Española. El general Batet (laureado militar catalán, católico, fusilado terminada la guerra por negarse a sublevarse contra la República), a pesar de tener órdenes estrictas del ministro de la Guerra, y a sabiendas de que tenía la situación completamente controlada, dejó prudentemente pasar el tiempo esperando reducir a los rebeldes. A las seis de la mañana, Companys comunica a Batet su rendición. En la rebelión fracasada murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares. El presidente y el gobierno de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, condenados por "rebelión militar" a treinta años de prisión, posteriormente indultados, y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley aprobada por el Gobierno de la Ceda con Lerroux.
Conclusión, el independentismo catalán fue una de las causas del fracaso de la primera República que terminó con el golpe de estado de Pavía, del fracaso de la II República, que terminó con la insurrección militar de Franco, de la pérdida de la guerra civil, que dio paso a 40 años de dictadura, y ahora está poniendo en peligro la etapa de mayor estabilidad política y progreso de la España contemporánea. La debilidad de los gobiernos de la primera y segunda república, que cometió el error de indultar a los rebeldes independentistas catalanes, no supo responder a ese desafío intolerable.
Confío que ahora no sea necesario -ni siquiera en el caso de rebelión constitutiva del delito del art. 472.5º del C. Penal, competencia de la jurisdicción ordinaria-, acudir a la declaración del estado de sitio para impedir la declaración unilateral de la independencia de Cataluña, ya que si esta se produjera, como Mas ha decidido, el Gobierno de España la impugnaría ante el Tribunal Constitucional, que suspenderá dicho acuerdo (art. 160.2 de la Constitución), o bien, con aprobación de la mayoría absoluta del Senado, en el caso de que no sea atendido el requerimiento previo por el presidente de Cataluña, el Gobierno adoptaría las medidas necesarias para obligar a Cataluña al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen, para cuya ejecución puede dar instrucciones a todas las autoridades catalanas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 155 de la Constitución. En este caso, el Gobierno de España está obligado a tomar todas las medidas que la Constitución establece para impedir con firmeza que se materialice la declaración unilateral de independencia, que daría lugar a otras declaraciones unilaterales en cadena de los nacionalismos regionales, retrocediendo de nuevo al ¡Viva Cartegena! En el caso de que se lleguen a producir condenas de los Tribunales competentes a los líderes secesionistas por no acatar pacíficamente dichas medidas, no se debe cometer el error de indultarles, como hizo el gobierno de la II República, pues no se puede consentir que el nacionalismo catalán vuelva a poner piedras en las curvas ilusionadas de nuestra historia.
