Canarias no solo es un destino consolidado y de primera índole, sino que vive un nuevo periodo de esplendor turístico: en el último lustro ha alcanzado cifras espectaculares en algunos de los principales índices como la ocupación, los ingresos o el número de visitantes y ha registrado algunos récords históricos. Las previsiones apuntan, además, que este 2015 se cerrará con otro récord de llegada, que rozó los trece millones de turistas el pasado año. Frente a este éxito externo, el turismo canario está sin embargo plagado de conflictos internos y vive en permanente tensión entre los diferentes intereses que integran el sector, o entre este y las administraciones que han de regular la actividad. Uno de ellos gira en torno a la regulación de los alquileres vacacionales, un fenómeno global que está afectando a todos los destinos del mundo y modificando viejos hábitos de los modelos turísticos tradicionales. Es por tanto un problema mundial, no local derivado de una regulación errática, aunque el decreto del anterior Gobierno de Canarias o la delimitación del concepto de residencialización de los planes generales de ordenación como el de San Bartolomé de Tirajana hayan contribuido a caldear aún más los ánimos.

No está de más recordar cuál es el origen de este conflicto de intereses, para determinar su posible solución. En 2013, el Gobierno central reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos, dejó fuera de la nueva normativa aquellas viviendas que se alquilaban por un periodo inferior a seis meses y delegó estas competencias en las comunidades autónomas. La modificación fue producto de la presión del propio lobby hotelero, que trataba así de levantar muros de contención jurídica frente al creciente fenómeno del alquiler vacacional. Pero no solo creó un vacío legal mientras se elaboraba la normativa autonómica, sino que alquileres vacacionales hasta entonces legales pasaron a ser alegales. Si a ello se suma que en paralelo se incorporó nueva oferta de viviendas a consecuencia de la crisis inmobiliaria y se multiplicaron las plataformas digitales a través de la cuales se comercializan sin necesidad de intermediario, es fácil entender la bola de nieve en que se ha convertido el problema y su directa vinculación con la denominada economía colaborativa.

Hay por tanto una nueva realidad turística que regular: nuevas formas de contratación alojativa que crece en todo el mundo y compite con los alojamientos hoteleros y extrahoteleros convencionales. La pujanza de este nuevo fenómeno es tan fuerte que la Organización Mundial del Turismo elabora ya un informe sobre cómo está afectando a los diferentes destinos. Su secretario general, Taleb Rifai, lo acaba de decir bien claro: "Los países deben regular la economía compartida de forma inteligente, imaginativa y justa, pero sin matarla". En Canarias, algunos lobbies han ido a matarla. Y algunas plataformas de afectados han reaccionado con la misma virulencia y sinrazón, tratando de imponer cada uno su verdad al otro.

La patronal hotelera estatal ha recurrido a calificativos apocalípticos para calificar el fenómeno como una lacra o un cáncer para el sector turístico. Sus posiciones en Canarias han sido aún más maniqueas, sobre todo desde la patronal tinerfeña: su presidente ha llegado a advertir al Gobierno canario que tenga "mucho cuidado" con la derogación del actual decreto. Son, desde luego, declaraciones nada edificantes y que solo contribuyen a echar más leña a un fuego que ya arde en exceso. En el otro extremo, la posición de las principales asociaciones de afectados también deja mucho que desear, exigiendo una regulación que no distingue entre quienes están dispuestos a explotar turísticamente sus viviendas con todas las de la ley y quienes pretenden beneficiarse de las nuevas tendencias turísticas para hacer negocio con sus propiedades sin responder fiscal y jurídicamente. Es evidente que si los alojamientos hoteleros y extrahoteleros convencionales pagan impuestos, debe tener su correspondiente fiscalidad el tipo de alojamientos que representan los alquileres vacacionales, así como cumplir ciertos estándares mínimos de calidad y seguridad. Y en las primeras campañas que Hacienda ha puesto en marcha en diversos destinos españoles para controlar esta oferta, se ha detectado ya que en torno al 35% de los pisos de alquiler vacacional están en situación irregular.

En definitiva, en este conflicto de intereses cada parte tiene su cuota de legitimidad en la defensa de sus derechos, ya sea impedir la competencia desleal o la posibilidad de explotar turísticamente una propiedad particular. Corresponde ahora al Gobierno de Canarias acabar con ese maniqueísmo de unos y otros y encontrar el punto intermedio entre las posturas extremas en las que se ha enrocado cada parte. Y lo primero que se necesita, para ello, es tener una visión muy equilibrada sobre cuáles son los diferentes intereses que se confrontan entre sí.

Evitar los efectos negativos de la economía colaborativa y beneficiarse de los positivos es el gran reto que tiene ante sí cada destino frente a la nueva realidad turística. Confiamos en que el nuevo Gobierno sea capaz de regularlo con la inteligencia, creatividad y equidad a que hacía referencia la OMT. Sin dejarse impresionar por los aspavientos de cada parte y sabiendo dirigir el diálogo constructivo que ya ha anunciado, para que prevalezca el interés general sobre los intereses particulares y para que los sustanciosos ingresos del turismo lleguen a más capas de la sociedad.