Fue en el despacho de Fernando Mansito. Hacía un frío enorme en Bruselas en los primeros meses de 1990. Había comenzado a negociarse un cambio del estatuto europeo de Canarias, en una dirección opuesta a la fijada cuando la incorporación de España a la entonces CEE en 1986. Altos cargos del Gobierno canario y líderes empresariales, contando con los buenos oficios del entonces director de la oficina de Proexca en Bruselas, José Sánchez Ruano, así como algunos periodistas, para ser exactos, de este medio, frecuentaban la capital belga. Uno de los despachos amigos, quizás el de mayor rango, era el del tinerfeño Mansito, alto funcionario en Madrid, luego traspasado a la Comisión Europea por la cuota española, que era entonces Director General de Agricultura, el número dos de esa todopoderosa comisaría.
"Toma, léete esta parte, y esta, y así verás el campo de implicaciones de la agricultura del futuro en Europa2. Era un tocho, encargado por el Gobierno francés, que había sido determinante en un reciente conflicto con Alemania en relación con las ayudas agrícolas al vino. El informe, encargado a universidades norteamericanas de postín, cuantificaba en primer término los réditos del vino francés en el mundo: el negocio de la venta de un producto de altísima calidad y prestigio y el valor de marca que para este país representaba. Pero resulta que también ponía cifras a los réditos turísticos de un paisaje francés del vino visitado por millones de personas y resulta que no le iba a la zaga al primero en ingresos. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la cuantificación sanitaria del paisaje vitivinícola, medido con proyecciones econométricas.
En síntesis, una reducción como la pedida por Alemania de las ayudas europeas al vino significaría una desaparición de un porcentaje equis de pequeñas y medianas explotaciones, insostenibles sin dichos subsidios. Tal cosa implicaría, a su vez, una desaparición de la masa vegetal francesa de equis superficie. La disminución de tal superficie verde representaría un aumento de la polución sobre las ciudades galas -también París- incluidas en las regiones productoras, que supondría un aumento de ciertas enfermedades (respiratorias, cánceres...) Y el cierre del círculo: el coste sanitario del tratamiento del aumento de esas enfermedades era muy superior al montante de las ayudas europeas al vino existentes hasta entonces. Por supuesto aquellas tan discutidas ayudas al vino no se tocaron, es más, se amplió su ficha financiera. Era una visión puramente economicista de la agricultura la que guiaba este estudio, muy en la clave de los departamentos de economía aplicada anglosajones. Pero por ello mismo daba cuenta de la verdadera dimensión económica del sector primario, que va mucho más allá de la producción agroalimentaria. Es por ello que la existencia de agricultura en los países desarrollados es sobre todo una decisión política: si fuera una decisión de mercado no existiría un solo producto agrícola cultivado comercialmente en estos países, porque hoy todo se produce mucho más barato en el resto del mundo. Y viene de todos lados : la globalización alimentaria.
Ejemplo llamativo es la actual Agricultural Act, la llamada factura agrícola, de Estados Unidos, surgida en la etapa Roosevelt, tras la Gran Depresión. Este país decidió entonces ser autosuficiente alimentariamente, ejercer la llamada soberanía alimentaria. Lo sería en todo aquello que de forma razonable pudiera cultivar. Para ello arbitraron los subsidios agrícolas, ayudas a la comercialización y aranceles aduaneros y contingentes o cupos de entrada necesarios. Estados Unidos es hoy, con Japón, el país más proteccionista agrícolamente del mundo. Más que Europa. Cuando Obama firmó en 2014 la revisión de la Agricultural Act su contenido y alcance seguían incólumes, sólo variaba el mecanismo de ayuda al cosechero.
¿Por qué Estados Unidos lo decidió? Porque lo consideró de interés nacional, se volvió una cuestión de seguridad: No querían quedarse expuestos a los vaivenes de un entonces incipiente mercado internacional de comodities que ahora alcanza su cenit especulativo, haciendo mucho más arriesgada la dependencia del mismo. Y para eso Estados Unidos llega al punto de proteger su agricultura de Wall Street y variantes. Es significativo. La del resto del Planeta le da igual... Pero esa es otra.
Como se ve, recapitulando entonces, la agricultura se excede a sí misma en importancia: tiene un campo de implicaciones externo que por si mismo bastaría para sostenerla aunque -dicho esto provocativamente- no produjera una cosecha.
Gran Canaria, laboratorio
Si existe un lugar de España en donde la dependencia alimentaria es fuerte (85%) es en Canarias. Pero, al propio tiempo, si este hecho, el estar al albur de los mercados internacionales -a los que hay libre acceso y subvenciones específicas altas para paliar los sobrecostes de la lejanía e insularidad-, supusiera unos precios inferiores de los productos básicos, podría debatirse razonablemente si conviene correr el riesgo. Tendríamos que por ahora habría ido bien y la especulación no habría subvertido del todo los precios alimentarios de esos mercados, en general más baratos al provenir de países pobres. Pero resulta que es justo al revés, esa alta dependencia alimentaria ha traído la cesta de la compra más cara de España.
Con esta situación los canarios han convivido a sabiendas, es información reiterada en los medios cada vez que salen los datos desde hace décadas. Sólo que la crisis económica y su resultante futura, una sociedad más desigual, con amplios sectores precarizados aunque encuentren empleo, agrava el hecho y fuerza a abrir el debate, pues su incidencia en la vida de las personas se acrecienta. Se mire o no el precio de los calabacines cuando alguien compra tres para un potaje, afecta más.
El año que viene, por cierto, se cumplen 25 años del cambio del modelo canario en la UE y los mecanismos arbitrados para fomentar la producción agro-alimentaria canaria y a un tiempo paliar los sobre-costes de los alimentos importados. Ni la producción interior ha crecido ni lo importado ha bajado. El modelo ha fracasado.
Y se da la circunstancia de que a la pertinencia de un debate inaplazable se une en Gran Canaria un factor de oportunidad política: el nuevo presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha hecho de la soberanía alimentaria -en paralelo a la soberanía energética- un objetivo programático de primer orden, por decirlo así- uno de los mantras para esta legislatura. Sólo hay por el momento una diferencia entre ambos objetivos del presidente insular: mientras que la soberanía energética cuenta con un programa sólido, más o menos acertados para quien lo quiera pero sin duda claro y sólido, trazado a lo largo de años de reflexión, debates, seminarios e incluso guerras políticas abiertas en defensa de su modelo energético renovable como alcalde de Agüimes, la soberanía alimentaria está aún por diseñar. Morales ha trazado un plan genérico: un amplio artículo de prensa hace meses estaba lleno de ideas acertadas, mezcla de información correcta, background político y sentido común, pero -él mismo lo indicaba- hace falta entrar en materia: analizar a fondo, debatir y concluir. Qué se puede hacer para que se produzcan aquí más alimentos, y qué papel debe cumplir el suelo agrícola disponible en el paisaje turístico insular.
No es ésta la primera vez que se intenta algo así, naturalmente. Ahí están los "Mercas", para tratar de organizar y agrupar un oferta, ahí están planes específicos de ordenación territorial incluso recientes, ahí hay muchas reuniones de técnicos. Pero todo ha sido en vano. No es una cuestión de costes de producción, pues están muy tasados: sería factible producir en Gran Canaria un volumen mayoritario del consumo de ciertas frutas y hortalizas y cárnicos y leche... hay cosas que no, como los cereales, por ejemplo, éstos por debajo de ciertas superficies inmensas ya no tiene sostén. Y sin embargo lo que ha pasado hasta ahora es que no sale a cuenta: lo que se paga por la producción de consumo local apenas cubre costes y luego lo vendido se ve una semana después en grandes superficies a cinco veces el precio pagado al agricultor. El resultado es inevitable: el suelo cultivado disminuye y la oferta es intermitente y atomizada. Sólo funciona la agricultura de exportación, y está bien, sobre todo si Canarias es capaz de producir, por ejemplo, algunos de lo mejores frutos subtropicales del mundo, como Francia produce su vino, o Lérida sus peras: ello no ha impedido que exista una gran huerta francesa y otra leridana.
La potencia del Cabildo
En mi opinión sólo un agente de la potencia política y financiera como el Cabildo puede hacer algo en serio en materia de soberanía alimentaria. Pero para ello debe convertirse en un agente activo y no en un mero animador u ordenador. Para empezar tiene al Consejo Insular de Aguas, un organismo que ha logrado, con una política constante de producción de agua desalada y depurada, hacer que el agua ya no sea aquel problema para la agricultura: hoy los famosos aguatenientes privados tiene dificultades para colocar la suya en el mercado. Esto es un hito. En segundo término, tiene poderosas armas en política urbanística, las suficientes para establecer que el suelo cultivable no podrá ser nunca otra cosa que eso, así que nadie espere a hacer un pelotazo urbanístico con un suelo susceptible de cultivarse. Yo por mí, además, fijaría una política coercitiva -un taponazo fiscal- sobre los suelos cultivables que no se cultiven. Claro que esto debería ser después y no antes de que el propio Cabildo, a través de algún tipo de organismo -con una gestión privada- se constituya en un agente que haga dos cosas: lo primero es ampliar de forma exponencial el suelo destinado a la agricultura y ganadería de consumo local a partir de un mapa de cultivos ordenado, de manera que exista un volumen suficiente para negociar las ventas en buena posición. Lo segundo, buscar fórmulas para implicar a las grandes superficies para que garanticen unos precios y volúmenes de compra por campaña. No sería gran esfuerzo: no es en el producto en fresco donde tiene la fuerza de su negocio, pero ni así lo hacen -a poco lo traen de la Cochinchina igual de barato- así que hay que buscar manera de persuadirlas.
Para lo primero debe ejercer de banco de tierras: un conector de tenedores de fincas y agricultores -las empresas familiares con prioridad- que deseen poner ese suelo en explotación: los tenedores, a cambio de una renta mínima garantizada con aval cabildicio; los segundos, con el apoyo del propio Cabildo, para empezar con los precios del agua, créditos a la explotación... Lo que juega en contra de esta fórmula es que el turismo seguirá creciendo, por fortuna seguramente, con sueldos incomparables a los agrícolas, como siempre ocurrió. Cabría pensar por ello que el banco de tierras no funcione al ritmo necesario en aumento de explotaciones para cumplir con el mapa de cultivos diseñado. En tal caso, o tal vez mejor en paralelo, ese consejo insular de soberanía alimentaria debería cultivar de manera directa el mucho suelo cultivable -una superficie como la ahora cultivada- que espera para contribuir a alcanzar una cierta cuota de soberanía alimentaria insular. Es hora de construir la Mondragón agrícola grancanaria, pero en vez de cooperativa, pública o semipública. La agricultura es un sector estratégico, y por lo tanto, es de interés general que las instituciones canarias garanticen esta vez un desarrollo cierto. Si no, la cesta de la compra seguirá como gota china horadando los bolsillos de todos.
stylename="050_FIR_opi_02">antonioggonzalez@yahoo.es
