El pasado 30 de septiembre finalizó en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la exposición pública del Plan General de Ordenación Sustitutorio (PGOs). Un documento que trata de poner fin a la vigencia de su PGOU de 1996. El nuevo planeamiento urbanístico y territorial ha de solucionar los problemas propios del tiempo transcurrido durante tantos años, pero también ha de aspirar a mantener el liderazgo de este municipio en la economía grancanaria, dado que en esta zona del Sur se encuentra el principal destino turístico de España y uno de los más importantes de Europa: Maspalomas Costa Canaria.

Estamos ante una extraordinaria pieza urbanizada, en la que convive un potente sector turístico junto a unos recursos naturales de gran valor y sin parangón. Esto ha dado lugar a la consolidación de una excelente y competitiva marca turística que debe planificar su desarrollo futuro para que la rehabilitación y modernización del territorio afectado permitan llevar a cabo el cambio de la Ciudad Turística en la que se ha convertido Maspalomas Costa Canaria, para que ésta siga siendo la locomotora del desarrollo de toda su isla. Para ello es preciso pensar, diseñar y gestionar en positivo la pastilla turística del Sur, única en Canarias por su morfología urbana, totalmente distinta al modelo vertical de Puerto de la Cruz, su antecesor más inmediato, que ha sabido superar sus debilidades y recuperar su protagonismo turístico.

Durante años, tras la aprobación del vigente PGOU de 1996, el Cabildo grancanario y los Gobiernos estatal y autonómico, han aprobado normas que afectan a la actividad urbanística y turística. Todo ello ha supuesto para San Bartolomé un tapón y un cuello de botella al tener que adaptar las normativas a nuevos requerimientos que exigen el Plan Insular, los Planes Territoriales, la Ley de Directrices y un largo etcétera, incluida la suspensión del PGOU al iniciarse la redacción del nuevo Plan hace una década siendo alcalde el mismo que en la actualidad. De esta manera, se produjo una parálisis casi total en el desarrollo urbano de este destino turístico. Eso explica que fuese demandado con urgencia un nuevo planeamiento que respondiera a las necesidades de los sectores interesados. Y cuando fue redactado el PGO(s), el documento se ha convertido en el centro de una sorprendente polémica, muchas veces estéril e interesada.

Así, nos encontramos con la paradoja de que existe un plan urbanístico que ha venido resolviendo las carencias propias de cualquier ciudad tradicional y sus nuevos desarrollos (carencia de suelo para vivienda, industrias, comercio, viario o zonas verdes), mientras que por otro lado estamos ante la necesaria calificación legal del suelo turístico del amplio arco litoral de Maspalomas.

Lamentablemente, este documento no nace en las mejores condiciones, en gran parte debido al laberinto legal desarrollado en los últimos años por las distintas administraciones. Una situación que se agrava en Gran Canaria, donde muchas de las leyes y normas de nuestra Comunidad perjudican o limitan la necesaria reconversión y modernización de aquellas zonas turísticas ancladas en modelos ya obsoletos y derechos adquiridos, como es el caso de Playa del Inglés y su entorno, que impiden o complican dar una solución general por la casuística en presencia. Lo cual no sucede en otros destinos del Archipiélago, más recientes y con menos problemas administrativos porque ya surgieron cumpliendo las nuevas normativas. Además, tenemos el agravante de que los destinos locales no son complementarios o solidarios en el marco regional, sino que han devenido más competitivos entre islas o en el seno de la propia isla, como ocurre entre el nuevo Puerto de la Cruz, desbordado de su enclave inicial por todo el barlovento tinerfeño, y su potente Sur.

Se evidencia cada vez más, que se ha desarrollado una política turística que no ha contemplado, a propósito o no, las peculiaridades de cada isla, intentando imponer una norma que beneficia a otras islas, y por tanto contraria a los intereses del sector en Gran Canaria y, en menor medida, en otras islas. Entre esas medidas se encuentra el uso residencial en zonas turísticas, la legislación sobre el alquiler residencial y el bloqueo a la construcción de hoteles de cuatro estrellas en suelo clasificado, entre otras leyes que frenan o complican la actividad económica en todos los ámbitos y, en particular, en los establecimientos turísticos.

En otro orden de cosas, hay que distinguir también el ámbito legal demanial del planeamiento urbanístico. Éste no altera la propiedad privada sino que describe los usos del territorio. No obstante, algunos colectivos o particulares están interesados en sembrar el miedo y la discordia en torno al PGO(s) para obtener un beneficio económico (sea con la representación legal en procesos contra el Plan o hundiendo el valor de los inmuebles para comprarlos a bajo precio). Para ello han lanzado todo tipo de mensajes infundados sobre un inexistente afán expropiador o sancionador del PGO(s). De hecho, aunque las andanadas se dirijan contra el alcalde y su Corporación, los problemas para la residencialización en suelo turístico afectan a toda Canarias (y también al Estado español), al estar afectados por un cóctel normativo general y sectorial. En esta situación los afectados han de recordar que tienen consolidados sus derechos de propiedad y deben saber disociar entre intereses legítimos y los espurios que sólo buscan ganar dinero a costa del desconocimiento o el miedo. Sin olvidar que el empadronamiento no genera derechos, tan sólo se cumple con la obligación de registrar la permanencia en un lugar, pero sí da lugar a deberes y obligaciones que permiten la convivencia de distintos modelos de uso en los complejos: alquiler particular, a turoperadores, uso privado u otros, tal como sucede en zonas como San Agustín o Sonneland.

No olvidemos que cada caso es distinto y depende de numerosas variables, pero en general prevalecen los derechos consolidados ya sea en la escritura, en los acuerdos de comunidad o en la documentación que cada apartamento o edificio haya generado a lo largo de su historial administrativo. Todo ello sin olvidar que Maspalomas Costa Canaria nació y creció como un destino turístico y se debe a esa finalidad; lo mismo sucede en el Suelo Industrial, donde no están permitidos usos como el residencial, hotelero, escolar..., y viceversa. De ahí que habrá zonas donde podrán convivir residentes con turistas y otras en las que será más difícil que esto se produzca.

En este proceso hay que resaltar el papel del Gobierno de Canarias, dado que el PGO(s) ha sido redactado por la empresa pública autonómica Gesplan y aprobado por el Gobierno Autónomo, por lo que éste es deudor del buen funcionamiento y desarrollo del municipio y de los intereses de sus ciudadanos. Por ello, es necesario que mantenga una completa y constante coordinación interadministrativa, además de incorporar Consejos con participación de usuarios, propietarios y estudiosos de lo turístico y urbanístico. El turismo en Maspalomas Costa Canaria obliga a hacer de la necesidad virtud. Se debe aprovechar y profundizar el debate, en un plano positivo y con miras hacia el futuro de nuestra principal fuente de ingresos. Y para ello se debe atender y conciliar los intereses diferentes y concretos que conviven en la zona así como rechazar recetas categóricas y uniformadoras porque son de imposible aplicación, al ignorar la enorme variedad de situaciones que pueden darse en cada explotación. De ahí, por ejemplo, los problemas que ocasiona la Unidad de Explotación emanada de la Ley de 1995. Una norma que no frenó la conversión de alojamientos en residencia, ni ha detenido la obsolescencia y deterioro de lo construido desde los primeros años del turismo del Sur hace décadas.

Esta incertidumbre en el desarrollo del PGO(s) coloca a Maspalomas en mala situación ante otros destinos, incluso canarios, y propicia el desplome de los precios de los inmuebles. Y ese no es el fin del PGO(s), sino mejorar y revalorizar esos terrenos para que produzcan mayores beneficios y evitar tanto consumo de espacio en un territorio limitado como es la isla. El milagro económico y la fortaleza de nuestro sector turístico dependen de que Maspalomas Costa Canaria se consolide como marca que nos proyecta en el mundo como principal destino turístico. La expansión hacia el Barranco de Arguineguín de la ciudad del turismo, interrumpida en Pasito Blanco desde hace años, debe hacerse de un modo tranquilo y pausado. Una zona litoral que tiene también otra importante función urbanística, cual es la actuar como eje de ordenación del resto del municipio.

Estamos, en definitiva, ante un procedimiento de importancia capital para la Isla y una excelente ocasión para que se produzca el debate riguroso sobre el futuro de nuestro sector turístico, de la ciudad del turismo, sin alarmas ni falsedades, ya que el PGO(s) no puede apartarse del marco normativo sectorial, pero éste debe actualizarse y amoldarse a las realidades locales. Un documento que puede y debe ser mejorado en cuanto a su diagnóstico para una mejor intervención y gestión en el tejido urbano municipal, y que permita que la actividad económica crezca y todos puedan beneficiarse.

Con más de 420.000 camas turísticas en Canarias que producen 13.000 millones de euros anuales de ingresos, la actividad turística representa el 31,4% del PIB de Canarias, el 35,9% de su empleo, y aporta a Canarias uno de cada tres euros que recauda en impuestos. Por ello, hemos de actuar conforme a la importancia que tienen sobre nuestra economía las decisiones que se adopten sobre el planeamiento urbanístico y las leyes sectoriales.