La Provincia - Diario de Las Palmas

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La Vorágine

Triple paridad

Lo leí y no daba crédito. La llamada triple paridad (que, a los efectos de lo que toca, significa que las islas menores tienen el mismo peso que las islas mayores, como tienen el mismo peso las dos provincias y las dos islas mayores entre sí) parece perfilarse como el criterio para el reparto de las inversiones en infraestructuras en Canarias. De las infraestructuras para los próximos diez años. Es lo que, al parecer, propone la mayoría de los cabildos a excepción del grancanario, que se opone en rotundo, mientras que el de Tenerife calla tras lograr lo que quería: el cierre de su anillo insular. Y es lo que el presidente regional, Fernando Clavijo, defiende también para evitar, dice, conflictos pleitoinsularistas. ¿Qué significa esto, caso de prosperar? Que un criterio que ya suponía en términos de representación política -pues, como se sabe, es el que rige en la conformación del Parlamento de Canarias- una distorsión descomunal de lo que debiera ser una representación lógica de la población canaria, no sólo va a distribuir los escaños de la Cámara autonómica sino que el gasto público en un aspecto tal como, por lo pronto, las actuales y futuras inversiones en carreteras.

De este modo, porque han dado las cifras, ciertamente se distribuye por mitad el gasto entre ambas provincias y entre ambas islas mayores, con lo que por ahí, es verdad, no hay pleito insular. Pero, sin embargo, se hace al precio de que Tenerife y Gran Canaria tengan cada una el 25% de la inversión, con poblaciones en torno a los 850.000 habitantes, mientras que Fuerteventura o La Palma, con poblaciones que no llegan a los 100.000 habitantes, tengan el 12,5% del gasto, cada una de ellas.

La cosa es que, además, se argumenta o, mejor dicho, se enuncia que se va a utilizar la triple paridad como si con ello se hiciera algo indiscutible, algo cuya justeza cae por su peso, dado que es un esquema que ha funcionado -en la representación parlamentaria regional- desde los comienzos de la Autonomía. Y es cierto que así ha sido, pero no hace de la triple paridad un modelo a seguir, pues no deja de ser un acto de injusticia radical con la mayoría de la población del Archipiélago, que vive en las dos islas mayores, y que ve -utilizada ahora para el reparto de inversiones- que el gasto por habitante en infraestructuras en su caso es inferior, escandalosamente inferior, al de quienes viven por ejemplo en El Hierro. Esto tiene que decirse y hacerlo no significa que se esté contra Fuerteventura o La Gomera, yo adoro a las islas menores, pero una cosa es eso y otra el sentido de la responsabilidad, sobre todo si se está gobernando.

Habría que hacer las cuentas, pero lo propuesto supone la extensión de una diferencia abismal, una diferencia en favor de las islas menores, que excede de forma dislocada lo que pudiera salir de una normal y lógica corrección territorial en favor de las pequeñas poblaciones para que a éstas les llegue el mismo esfuerzo inversor. Aquí ocurre justo al revés, se merma seriamente el gasto por habitante de las islas mayores, es decir, de la mayoría de la población canaria. Y se hace además a sabiendas, es decir, eludiendo criterios de reparto establecidos, por ejemplo en el Régimen Económico y Fiscal (REF), que es el que da cobertura, no en vano, a los convenios de carreteras con el Estado, entre los que obviamente prima la población, pues los servicios públicos y las infraestructuras están dirigidas a personas y no a metros cuadrados ni a islas per se.

Baste recordarlo. Fue por una determinada coyuntura política de la Transición en Canarias como la triple paridad se impuso en el sistema político. Ya saben, el mismo número de diputados entre las dos provincias (30-30), entre las islas mayores y las islas menores (30-30) y entre Gran Canaria y Tenerife (15-15), quedando, por el otro lado, Fuerteventura y Lanzarote con 15 y La Palma, Gomera y Hierro con otros 15. Por vez primera en la historia política insular las islas menores -con una población de 200.000 personas frente a 1,2 millones de Gran Canaria y Tenerife por entonces- adquirían tanto peso como las islas mayores en el Parlamento regional tras siglos de marginación. Del cero al cien. ¿Cómo? Pues, básicamente por la fuerza que les daba el papel arbitral adquirido, en particular, por dos dirigentes centristas, el palmero Acenk Galván y el lanzaroteño Rafael Stinga, en una UCD canaria que era una jaula de grillos. Las peleas pleitoinsularistas entre centristas grancanarios y tinerfeños y el enfrentamiento entre familias políticas de cada isla mayor hasta los tribunales hicieron de este partido la historia de una gran trifulca. A pesar de ello, la UCD arrasó en Canarias en todas las elecciones de la época. En ello la figura de Adolfo Suárez fue capital, pues su atención a las Islas en una época compleja le granjeó un reconocimiento popular inmenso. Y de hecho el centrismo siguió gobernando Canarias hasta mucho después de la Transición.

Al principio, y hasta que no se vieron sus efectos, una de las paridades -esta que da igual peso a las islas menores que a las mayores- estuvo hasta bien vista. Las primeras habían estado olvidadas desde siempre y de esta manera tenía lugar una restitución histórica. Bueno, de acuerdo, y, en realidad, eran las otras dos paridades -entre las dos provincias y entre las dos islas mayores- las importantes para que hubiera Autonomía. Pero no pasó mucho hasta que la UCD saltó en pedazos y de sus cenizas surgieron en los años 80 los partidos insularistas en las islas menores. Ahí se vio el alcance perverso de esta restitución tan bondadosa: se desató entonces un carnaval chantajil por el cual los gobiernos regionales tenían siempre que ceder a las demandas de las menores para sobrevivir. La aritmética parlamentaria era la que era (y es). Y los insularismos periféricos eran los que eran. Así que las islas históricamente marginadas pasaron en un lapsus de tiempo a adelantar por la derecha en prestaciones públicas a Tenerife y a Gran Canaria. Cierto que aún se mantienen los sobrecostes por la doble insularidad, pero para eso hay mecanismos, y desde luego nada justifica la distorsión producida en la representación parlamentaria y, por extensión, en el gasto público.

Por eso sorprende mucho, una vez transcurrido el tiempo, que ya se cuenta por décadas, y reconducidos aquellos insularismos hacia lo que fue Coalición Canaria, una formación que desde su creación en 1994 no se ha bajado del poder en las Islas, y que los criterios de reparto entre islas se hayan ido ponderando de forma más razonable al menos en lo que toca a las periféricas respecto de las centrales, que se resucite ahora la triple paridad para asignar inversiones de carreteras. Y se vuelva tranquilamente a la etapa más distorsionante de la Autonomía y el manejo de la bolsa común en Canarias.

Es además, en lo que toca al presidente canario, una gran contradicción que su partido, Coalición Canaria, se haya fundado programáticamente sobre la base de una demanda al Estado, como era lograr que en Canarias hubiera el mismo gasto público por habitante que la media española, pues siempre estaba por debajo y por etapas vuelve a estarlo. Y que, al propio tiempo, una vez que los dineros llegan a las Islas ya no exista un reparto del mismo por habitante, sino que por territorios, con lo que se establecen así las más grandes diferencias entre los canarios en la inversión pública.

Es de aplauso, no cabe duda. Como para que ahora tenga que venir el Estado -y habrá que acabar pidiéndoselo- y condicione los fondos que destina a las Islas a una repercusión justa de los mismos entre los ciudadanos. El Estado protegiendo a los canarios de sí mismos? bonita forma de conmemorar los 33 años de Autonomía.

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