El Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, formado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias, ha aplicado un catastrazo para el próximo año de la peor manera posible: a escondidas, con medias verdades -cuando no con mentiras- y con unas arteras maniobras ante la opinión pública ante la que se pretendió, sin éxito, maquillar con demagógicas y retorcidas explicaciones una subida tributaria como si fuera una bajada.

El error, el gran error de quienes gobiernan el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es haber actuado en este caso con cobardía , tratando a los vecinos como ignorantes o como niños a quienes se les oculta la realidad -en este caso una subida tributaria- para no hacerles sufrir.

En vez de afrontar con entereza, audacia y responsabilidad una medida tan trascendente como es la subida de los valores catastrales de los bienes inmuebles de la capital -más de 130.000 propietarios afectados cuyos nuevos recibos fiscales aportarán unos siete millones de euros ade más a las arcas municipales- el alcalde y su equipo de Gobierno han tratado de ocultar el catastrazo. Como si tuvieran mala conciencia. Muy conscientes, en cambio, de lo impopular de una decisión que arrastra, lo saben, costes políticos y sociales a dos meses de unas elecciones generales.

El equipo de gobierno ha desaprovechado una extraordinaria oportunidad para haberse mostrado como los nuevos gobernantes que demandó la ciudadanía tras los comicios de mayo. Con el liderazgo, sinceridad, lealtad y coherencia con que se comprometieron a actuar si ganaban las elecciones, en una campaña en la que prometieron a los vecinos trasparencia, participación y derecho a la información sobre la gestión municipal. En cambio, han actuado, en este caso, como unos viejos políticos, arrastrando los mismos vicios, defectos y pecados que prometieron erradicar. Igual que la clase a la que decían combatir.

¿Por qué han escamoteado a los vecinos la información sobre el catastrazo? ¿Por qué no se comunicó, de frente y a la cara, la subida catastral y se ha tenido que conocer la misma a trancas y barrancas? ¿Qué miedo hay para exponer en público los cambios tributarios municipales? Si de verdad se entiende que es un incremento justificado, ¿por qué se escamotea el debate sobre los nuevos valores catastrales?

Eso -esa actitud timorata, cortoplacista e irrespetuosa con los ciudadanos, ese encogimiento político reacio a propiciar un debate sobre la política fiscal en la ciudad- es mucho peor que la propia subida del catastro, aplicada con afán recaudatorio en una situación económica aún preocupante, con tasas del paro superiores al 30% y una alta presión fiscal sobre las familias, muchos de cuyos miembros han sufrido congelaciones o recortes salariales. Y eso sin tener en cuenta además que en los últimos diez años el precio de la vivienda ha bajado.

Es cierto que desde hace dos décadas no se actualizaban los valores catastrales en la capital, pero el alcalde en vez de afrontar esta situación con madurez y seriedad se ha empeñado en sostener en público que el catastrazo, que entra en vigor el próximo año y que revaloriza en un 10% el precio de las propiedades inmobiliarias, es una imposición del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los hechos revelan lo contrario.

El 30 de julio de 2015, Augusto Hidalgo, recién elegido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presentó en la gerencia regional del Catastro la solicitud para proceder a la revalorización catastral de los bienes inmuebles del municipio. Él, y no el Ministerio, es el que lo solicita, como por ley es preceptivo. Nadie se lo impone. Mantener lo contrario le debiera sonrojar.

Desde entonces ni el alcalde ni ningún representante del Gobierno local informó de esta solicitud -la revisión catastral- que se publicó el 28 de septiembre en el BOE para incluirlo como es preceptivo en los presupuestos generales del Estado para 2016. Desde julio se celebraron plenos, concedieron entrevistas y organizaron comparecencias públicas sin que el alcalde y los concejales del Gobierno comunicaran el catastrazo, que se trató de esconder a los vecinos.

Algunos de los argumentos oficiales expuestos ahora para explicar este silencio -como que se trata de un asunto muy técnico- rozan el insulto a la inteligencia de los miles de ciudadanos afectados. Con desfachatez desde el Ayuntamiento se trató en los últimos días, cuando la polémica reventó tras unas informaciones publicadas por este periódico, de maquillar la subida catastral con una supuesta rebaja del 10% en el IBI. Para compensar, se decía. Otra falsedad.

Tras expirar el decreto del Ministerio de Hacienda aplicado durante el trienio de 2013 a 2015 que obligaba a todos los ayuntamientos españoles a subir hasta un 10% el IBI (como en el caso de Las Palmas de Gran Canaria que no revisaba el catastro desde 1996) el Impuesto de Bienes Inmuebles retornará en 2016 al gravamen que se estaba aplicando en 2012. La rebaja, pues, no es tal. Y además, el Gobierno municipal se atribuye en este caso, cuando se supone que le beneficia, una resolución que no le corresponde, puesto que es una disposición del Ministerio de Hacienda. Es decir, según el Ayuntamiento, si se sube el catastro la culpa es del Ministerio, cuando en realidad la revalorización catastral la pide, y es competencia, del alcalde. Y si se baja el IBI, lo decide el Gobierno local, cuando en este caso corresponde a una resolución de Hacienda, y no municipal, que deja de estar en vigor. En definitiva, el Ayuntamiento sube el valor catastral para evitar que la rebaja del IBI a la que obligaba la caducidad del decreto del Ministerio de Hacienda le genere una pérdida de ingresos de siete millones de euros.

En la firma del pacto de gobierno entre PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias, el alcalde y sus concejales proclamaron el inicio de una nueva etapa con una mayor transparencia en la gestión municipal, ofreciendo información constante y continua a los vecinos sobre el uso de los recursos públicos, propiciando la participación ciudadana en aquellos asuntos de máximo interés. En la gestión del catastrazo es obvio que no ha sido así.