En la última edición del Diccionario de la lengua española, la palabra "paridad" se define como "igualdad de las cosas entre sí". No deja de ser curioso que este término se haya popularizado en el ámbito político canario para denominar al antiproporcional reparto de escaños entre islas que realiza el sistema electoral autonómico. La comúnmente conocida como "triple paridad", consiste en una distribución de diputados que responde a la búsqueda de equilibrios territoriales: 1) Que las dos provincias en que se divide el Archipiélago aporten el mismo número de representantes; 2) Que Gran Canaria y Tenerife -islas que comparten la capitalidad- también elijan el mismo número de parlamentarios; 3) Que las cinco islas periféricas elijan el mismo número de diputados que las dos islas centrales.
Este simétrico diseño institucional, que fue pensado para mitigar las tradicionales rivalidades insulares, podría ser un instrumento moderador sensato, si no fuese porque tropieza con un problema que afecta directamente al nervio democrático: la igualdad del voto. En efecto, la tercera de las paridades es profundamente cuestionable, debido a que Gran Canaria y Tenerife aglutinan aproximadamente al 83% de la población canaria y, sin embargo, eligen entre las dos islas a tan sólo el 50% de los escaños. En términos prácticos esto se traduce en que un herreño tiene un voto cuyo valor es diecisiete veces superior al de un tinerfeño o un grancanario, o en que el voto de un gomero tiene un impacto en el resultado final once veces superior respecto a los ciudadanos de las islas centrales.
Desde esta perspectiva, no deja de ser contradictorio que se califique como "paritaria" una situación que, lejos de "garantizar la igualdad de las personas entre sí", consagra una brutal disparidad en el valor del sufragio entre los ciudadanos canarios, en función de la isla en que residan. Estamos, pues, ante una burda y simple manipulación del lenguaje, cuyo único propósito consiste en camuflar una realidad que no encuentra parangón a nivel internacional. Al fin y al cabo, y como declarara en la trascendental sentencia Reynolds v. Sims del año 1964 el que fuera presidente del Tribunal Supremo norteamericano, el juez Earl Warren, "los legisladores representan ciudadanos, no árboles o hectáreas; los legisladores son designados por los electores, no por las granjas, las ciudades o los intereses económicos. (?) En la medida en que un ciudadano ve disminuido el valor de su voto, se convierte en un poco menos ciudadano".
De forma sorprendente, lo que a muchos nos parece un dispositivo lacerante y discriminatorio, para algunos constituye un mecanismo modélico, perfectamente extrapolable a otros ámbitos como el económico. En este sentido, el Presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha anunciado su intención de repartir los recursos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), conforme al criterio de la triple paridad. No está de más recordar que esta propuesta nace de un partido, Agrupación Socialista Gomera, que obtuvo 3 escaños con apenas 5.000 votos, existiendo hasta seis formaciones políticas que obtuvieron mayor apoyo electoral y, sin embargo, se quedaron sin representación parlamentaria. Por otra parte, el testigo ha sido recogido por el partido que lidera la acción del Gobierno, Coalición Canaria, gracias a un asombroso sistema electoral que le catapultó de la tercera posición en número de votos a la primera posición en número de escaños.
Pues bien, desde una perspectiva económica, creemos que la cuestión merece reflexión. De entrada, nos resulta llamativa la naturalidad con la que se ha asumido la posibilidad de acometer un plan de desarrollo con los hipotéticos 193 millones, que posiblemente se queden en algo menos al no haberse acordado todavía una cifra concreta. La supresión de la compensación que Canarias debía abonar al Estado por la teórica recaudación del IGTE -subsumido en el IGIC desde 1993- contablemente es un ingreso, por suponer la misma una disminución de los pasivos autonómicos. Desde abril de 2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEP) prevé que los ingresos obtenidos por encima de los previstos deberán destinarse, íntegramente, a la reducción de la deuda pública. Obviando el problema de que la LOEP pueda ser nuevamente infringida, como lo ha sido en más ocasiones por diversas administraciones, hoy queremos centrarnos en el criterio anunciado por el ejecutivo canario para la distribución de este montante, que no es otro que la triple paridad propia del sistema electoral autonómico. Y el mismo, si ya plantea serios problemas desde el punto de vista de la proporcionalidad en la representación política, carece de un fundamento económico sólido. La compensación al Estado por el IGTE ya se había visto reducida y su reparto se ha venido realizando hasta ahora conforme a los criterios del REF que conforman el Bloque de Financiación Canario -87,5% atendiendo a un criterio poblacional, 2% en función de la superficie y un 1,5% a cada isla-. De forma que, si se mantuviese y generalizase este criterio, a Tenerife y Gran Canaria les corresponderían, respectivamente, el 39 y el 37% de los recursos, en lugar del 25% que propone el ejecutivo -porcentajes que ascenderían al 42 y 40% si se tuviese en consideración, exclusivamente, un criterio poblacional-. Es decir, considerando que finalmente son 160 los millones disponibles -cifra señalada con optimismo en diversos medios-, Tenerife dispondrá de 22,5 millones de euros menos y Gran Canaria de 20. Por el contrario, islas como La Palma o La Gomera verán mejorada sustancialmente su posición, tanto en términos absolutos como porcentuales (pasando de recibir, respectivamente, del 5,16% al 13, 33% y del 2,46% al 6,67% de los recursos).
Quizá los criterios empleados para distribuir el Bloque de Financiación Canario no sean los óptimos y quepa su mejora, en el marco de la próxima reforma del REF, para garantizar una financiación equitativa de los servicios públicos y una distribución de la renta lo más justa posible. El criterio poblacional, que económicamente es el que más dispara el gasto público -y debe ser, por tanto, el pilar fundamental del sistema-, puede ser matizado por muchos otros: como el envejecimiento de la población o la renta per cápita, persiguiendo materializar el principio de solidaridad. Pero de lo que no cabe duda, aunque sonroje recordarlo, es que la distribución de los recursos económicos debe realizarse siguiendo una lógica económica, no un absurdo político.
La igualdad es el ideal de protesta por excelencia. En palabras del gran politólogo italiano Giovanni Sartori, la lucha por la igualdad "simboliza y estimula la revuelta del hombre contra el destino y la suerte, contra la diversidad fortuita, contra el privilegio cristalizado y el poder injusto. (?) Otros afanes pueden alcanzar presumiblemente un punto de saturación, pero difícilmente puede haber un final en la carrera por la igualdad". Consideren este escrito como un jalón más en esa disputa por la igualdad de los ciudadanos; por la verdadera paridad.
(*) Carlos Fernández Esquer es Doctorando en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo Guerrero Vázquez es Doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad de Zaragoza. Ambos son colaboradores de Demócratas Para El Cambio
