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Papel vegetal

Volkswagen: la persecución penal, poco a poco privatizada

Mientras Volkswagen trata de limitar los daños a su marca y al prestigio de todo un país por culpa del fraude de sus motores diésel y algunos recuerdan pasados escándalos de ese consorcio como el que tuvo como protagonista al ingeniero español José Ignacio López, resulta especialmente interesante un enfoque que hemos visto en la prensa alemana sobre las pesquisas en curso. "Equipos de abogados investigan en VW; Estados Unidos determina las reglas. Comienza la privatización de la persecución judicial", subtitulaba el semanario liberal alemán Die Zeit su análisis sobre el modo de proceder de la compañía incriminada y de la que es importante accionista el propio Estado de Baja Sajonia, donde se encuentra su sede central. El consorcio alemán ha encomendado a dos destacados bufetes de abogados de Estados Unidos, Kirkland & Ellis y Jones Day, la búsqueda de los auténticos culpables de un desaguisado que puede suponer un elevadísimo coste para el que muchos consideraban el buque insignia de la industria automovilística germana. A ambos lados del Atlántico, explica Die Zeit, equipos de juristas se dedican a estudiar minuciosamente todo tipo de documentos de VW, a analizar el contenido de los discos duros y examinar correos electrónicos, además de interrogar a testigos y sospechosos, actividades todas ellas que son normalmente competencia de policías y de la fiscalía. La justicia de Estados Unidos, el país que primero denunció el fraude, ha prometido a la empresa que será algo más benévola con ella si presta ese tipo de cooperación, lo cual equivale, según el semanario, a "una privatización subrepticia de la persecución criminal", que se sustrae así en cierto modo al Estado.

Die Zeit no duda de la "eficacia" de esos métodos a la hora de escudriñar las interioridades de una empresa que opera en varios países del mundo, que tiene una plantilla de 600.000 empleados que trabajan en 119 plantas de producción y que fabrica automóviles de una docena de marcas. No hay duda de que unos equipos de abogados muy bien pagados serán mucho más expeditivos que, por ejemplo, la fiscalía de Brunswick, en Baja Sajonia, que es a quien corresponde en Alemania investigar el gigantesco fraude. Pero, como explica la revista, terminarán pagando todos los sospechosos, que, en el caso de tener que responder ante la justicia, podrían negarse a declarar para evitar su autoincriminación, derecho que no tienen, sin embargo, cuando es la propia empresa la que con la ayuda de esos abogados particulares trata de encontrar a los responsables.

"Los directivos son también empleados (de la compañía) y tienen la obligación de seguir las instrucciones del patrono, de modo que quien se niega a cooperar, puede ser sancionado, despedido o quedarse sin la prima prometida", escribe Die Zeit.

Y si hay quien opina que "tendrán así lo merecido", habrá que responder que "la ira popular no es un juicio justo" y que todos, incluidos los altos directivos, deben ser "iguales ante la ley" sin que se les puedan denegar los derechos que se le reconocen a un simple ratero. La Volkswagen se siente presionada para descubrir cuanto antes a los verdaderos responsables porque, entre otras cosas, cuanto más dure esa búsqueda, más elevadas serán las facturas que les presenten quienes investigan privadamente. El semanario recuerda el caso de otra gran empresa alemana, Siemens, involucrada en 2008 en un escándalo, esa vez de corrupción, que terminó pagando en Estados Unidos una multa de 204 millones de euros. Quien era entonces su presidente, Heinrich von Pierer, fue invitado por otro bufete de abogados a una supuesta "entrevista", pero que, según cuenta aquel en su autobiografía, fue un "interrogatorio" en toda regla.

Estados Unidos ha dejado claro a Volkswagen que debe ser esta quien pruebe la culpabilidad de los empleados responsables del fraude si quiere hacer que las multimillonarias sanciones que van a imponérsele en cualquier caso sean algo más leves.

Como escribe Die Zeit, este nuevo caso proporciona "nuevos argumentos a quienes ya temían el imperialismo legal norteamericano". Estados Unidos se declara competente para juzgar a cualquier empresa por el simple hecho de que haga negocios en ese país. Sin dudar de la eficacia de la justicia estadounidense en la persecución de los delitos de tipo económico cometidos por otros, resulta abusivo que un solo país, por poderoso que sea, determine las reglas del juego o que el fin perseguido justifique los medios. Al final, argumenta la revista, a los jueces de un país democrático que cuenta con su propio sistema legal sólo les quedará la solución de procesar sobre la base de documentos presentados por investigadores privados sin que se sepa qué métodos se utilizaron para obtenerlos y llegar así a determinadas conclusiones.

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