En el pleno del pasado 30 de octubre se trató una moción del Partido Popular relativa a Emalsa en la que se instaba a la Junta de Gobierno, "previos los informes necesarios, a iniciar el expediente de resolución anticipada de los contratos que Emalsa tiene formalizados con el Ayuntamiento sobre la gestión de agua, por incumplimientos graves del contratista". La moción tenía fecha de 21 de octubre.
Esta moción iba acompañando a un escrito de 9 de octubre que el portavoz del PP dirigió a los miembros de la Junta de Gobierno, en el que se les requería, entre otros, "a cumplir como miembros de la Corporación sobre el deber de diligencia respecto a las irregularidades puestas de manifiesto por los funcionarios municipales" (se refiere a las de Emalsa) y advirtiéndoles "que serán responsables de los perjuicios económicos que pueden ocasionar en el patrimonio municipal como consecuencia de la falta de diligencia en su actuación".
Leyendo la moción y el requerimiento del PP, recordé el pleno extraordinario celebrado el 12 de diciembre de 2013, convocado por Cardona para informar sobre la intervención en Emalsa. En dicho pleno, la portavoz del PSOE decía: "Lo que más nos abochorna es que Emalsa no cumpla y que ustedes no hayan abierto ningún expediente sancionador". Pedro Quevedo (Nueva Canarias) manifestó que "había datos para ir a una rescisión con todas las garantías porque la intervención no es suficiente".
¿Qué es lo que ha pasado? El PP pide ahora resolver los contratos a Emalsa por incumplimientos graves, que es lo mismo que decían entonces el PSOE y Nueva Canarias. La pequeña diferencia es que ahora el PP está en la oposición y PSOE y Nueva Canaria (NC) están gobernando.
Hace poco tiempo, en junio de este año -después de las elecciones locales- PSOE, LPGC Puede y NC firmaron un "Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria", que tenía un apartado completo titulado "Sobre la prestación del Servicio de abastecimiento de aguas". Entre otras cosas, este apartado dice: "Analizaremos y haremos públicos los resultados de las auditorías e informes ya realizados sobre Emalsa, e incluso plantearemos, si se considera necesario, realizar una nueva auditoría, a efectos de comprobar los resultados de la intervención municipal, como punto de partida previo al estudio del posible rescate del servicio por parte del Ayuntamiento".
No se queda ahí el tripartido municipal en su programa de gobierno (o de intenciones), ya que en el siguiente párrafo dice: "Pondremos en marcha la elaboración de un informe técnico, jurídico y económico que plantee las bases y las repercusiones económicas, como paso previo necesario de cara a disponer de toda la información precisa ante un posible escenario orientado a la remunicipalización del servicio de abastecimiento y gestión del agua, en caso de que se acredite lesión del interés general o incumplimiento de las condiciones contractuales".
O sea que, hace unos meses, el PSOE, LPGC Puede y NC firmaron un "acuerdo con la ciudadanía" en el que hablaban de estudiar el posible rescate del servicio y de que elaborarían un informe orientado a la remunicipalización del servicio de abastecimiento de agua. Y ¿qué ha hecho el gobierno municipal del tripartito para cumplir su "acuerdo con la ciudadanía"? Pues exactamente lo contrario: incumplirlo.
En julio, al mes de tomar posesión como alcalde, Augusto Hidalgo dio por clausurada la Intervención en los servicios concesionados de agua en Emalsa, alegando que era un "show" y una "farsa" y sin esperar a que terminara el periodo acordado de la intervención en septiembre.
Ahora -para hacer frente al requerimiento del PP a la Junta de Gobierno y a su moción- la Concejalía de Presidencia del Ayuntamiento encarga un dictamen jurídico a Gimeno Feliú, profesor de la Universidad de Zaragoza, el pasado 22 de octubre. Éste trata "sobre la necesidad o no de proceder a la resolución jurídico contractual con Emalsa en la prestación del servicio público municipal de agua, y en su caso, las explicaciones que deben darse a un grupo político que así lo solicita" (el del Partido Popular).
Según informó el propio al- calde, el citado dictamen le ha costado al Ayuntamiento la bo-nita cifra de 18.000 euros y fue encargado al día siguiente del registro de la moción. El encargo debió ser con carácter urgente, pues hacía falta tenerlo antes del pleno.
El dictamen del señor Gimeno Feliú, contrario a cualquier fórmula de rescate y/o remunicipalización, se utiliza para dar explicaciones al PP por solicitar la resolución del contrato con Emalsa. Ahí se quedó corto el catedrático de Derecho Administrativo. Las explicaciones habría que dárselas también al PSOE, a LPGC Puede y a Nueva Canaria. Me imagino que estos tres partidos no le enviaron el "acuerdo por la ciudadanía" de junio pasado para su dictamen.
El PP, que ahora pide iniciar el expediente de resolución anticipada por incumplimientos graves del contratista, tuvo durante un año -desde junio de 2014 hasta mayo de 2015- cuatro informes del Interventor en los servicios concesionados, y no abrió ni un solo expediente sancionador (y eso que tenían información y motivos).
No. No se trata de que usted tenga que ir al psiquiatra para entender lo que está pasando. Los que tendrían que ir son los integrantes de los cuatro partidos que han cambiado de posición, según sus intereses políticos, mientras los ciudadanos somos los invitados de piedra.
(*) Exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
