A veces ocurre que alguien, en algún punto de la estructura, toma una decisión. Y entonces lo que parecía inamovible se mueve. El impulso de una primera decisión en un contexto propicio. Slavoj Zizek pone un ejemplo fantástico de cómo sucede esto en relación a un juez croata. Pues bien, algo así está comenzando a pasar en la actualidad política canaria a propósito del conflicto por el reparto de los fondos del extinto ITE. Se trata, como ya saben, de un impuesto eliminado cuando surgió el actual IGIC, cuya recaudación teórica ha debido devolver Canarias al Estado a cambio de usufructuar este nuevo impuesto, y que para 2016 el Gobierno español se ha comprometido a no cobrar e incluso restituir en un montante. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo formalizará el próximo lunes con el presidente canario, Fernando Clavijo, en las Islas.
Pero hace quince días surgió ya la polémica sobre su reparto. La abrió el propio presidente Clavijo, de forma sorpresiva. Y, de pronto, la decisión del presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, de oponerse en rotundo y, al principio, en solitario al reparto de ese dinero según la fórmula del primero, la así llamada triple paridad, ha alumbrado una corriente subterránea, un runrún en ambas islas mayores. Una corriente que apunta a un hecho político de calado: La triple paridad, un modelo según el cual se le da igual peso a las islas mayores y menores, a ambas provincias y ambas islas capitalinas -creado y utilizado hasta ahora en el sistema electoral-, está tocada. Y lo está en lo que es la igualación desmedida entre islas mayores y menores.
Es más, está tocada aún cuando para el reparto del ITE la fórmula de Clavijo la apoyen el Gobierno regional y los cabildos, salvo el grancanario; y éste último, por su parte, cuente, más allá de la isla a la que representa, con el respaldo de alcaldes de otras islas. Podrían parecer desiguales los apoyos. Pero no todo suma lo mismo. El rechazo del Cabildo grancanario y, a causa de la persistencia de Antonio Morales, de todos los municipios y catorce de los quince diputados autonómicos de una isla en la cual vive el 40% de la población canaria ha rebasado el objeto en sí que lo originaba. Es, además, la primera vez en Canarias que se da un pronunciamiento institucional de estas características. No sólo es el primero en contra de un sistema de reparto que es el del modelo electoral canario: es un pronunciamiento de una isla mayor que no va en contra de la otra isla mayor, sino que defiende a ambas por igual. Inédito. Lo habitual era lo contrario: o tú o yo? Desde la creación de la universidad grancanaria hasta el estatuto especial en Europa. Y apunta también este pronunciamiento -no siendo lo que lo desató ni aún explicitándose- tanto al reparto de dinero como al de escaños.
La corriente subterránea alcanza, recalco, a las dos islas mayores. No es para menos. Ha dejado atrás el subsuelo para dar de sí este apoyo social explícito en Gran Canaria, donde cabe dar por concluida la aceptación pasiva -heredada de la Transición- a que las islas menores cuenten igual que las mayores no siendo las primeras el 25% de la población. Y se está moviendo como una mancha de aceite en Tenerife. Baste hablar con algunos dirigentes políticos -hasta de Coalición Canaria- y con amigos tinerfeños, profesionales de diversos ámbitos, estos días para comprobarlo. No tienen dudas. Y, además, saben que con el tiempo no será justificable ante la propia sociedad tinerfeña que sus instituciones no defiendan lo que Gran Canaria está defendiendo en solitario en favor de ambas. Bastará que la polémica persista -y persistirá, pues se ha rebasado a sí misma- para que la sociedad tinerfeña se posicione: Es obvio que con este 50/5O entre islas mayores y menores Tenerife pierde tanto como Gran Canaria. Eso no pasará desapercibido. Ahora es con por los fondos del ITE, pero la discusión ha creado marca.
Los únicos obstáculos a un cambio de ritmo que por el momento funcionan son las alianzas políticas: Al PSOE grancanario no le ha quedado otra que alinearse con Morales, con quien gobiernan en el Cabildo. El PSOE tinerfeño, por el contrario, en público calla y elude la polémica en tanto que está en juego la alianza regional con Coalición Canaria. Y aunque ésta última, por su parte, continúa entrampada en su complejo juego de equilibrios internos -la mitad de diputados proceden de las islas menores-, tiene un electorado tinerfeño fundamental al que cuidar. Es más, cabría pensar perfectamente que si el Cabildo tinerfeño no llega a estar en manos de los nacionalistas, quizás Antonio Morales habría tenido más compañía y apoyos entre estas instituciones. Es una corriente no sólo silenciosa la que se ha puesto en marcha, sino lenta. Porque además toca así, lenta, detrás de los acontecimientos. Tampoco se invoca la eternidad: la lentitud máxima es el tiempo de esta legislatura autonómica. Y más aún si en el panorama político nacional se consolida -como parece- el auge de los nuevos partidos, y surge así una nueva lógica de alianzas. Como ocurre desde hace décadas, la Generales tienen efecto de cambio o ratificación en la política canaria.
Por el momento en favor del descrédito de este 50/50 en los repartos de los dineros entre las islas mayores y menores existe margen de maniobra en el frente legal, que Morales no descarta llegado el caso. Una sentencia. Es inaudito que los servicios jurídicos de Gobierno canario se hayan precipitado a indicar que la suma de la hipotética devolución del ITE teórico no es dinero del REF. Cuando se negoció el llamado REF fiscal en los años noventa entre el entonces Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el titular canario del ramo, José Miguel González, una de las exigencias de partida para la creación del IVA canario (el IGIC) fue que cada año las Islas devolvieran la recaudación teórica del ITE con los fondos de este último. Por puro sentido común, si el Estado devuelve ahora parte de lo que Canarias le restituyó en 2015, transferiría a Canarias parte de la recaudación del IGIC enviada a Madrid, es decir, fondos del REF. Sea cual sea la vía presupuestaria elegida para formalizar estas cuentas. Dicho de otro modo, salvo que los burros vuelen, Morales lo tiene ganado. Y si acaso no lo tuviera a causa de una sentencia extravagante su victoria política sería aún mayor. ¿Qué significa esto? Que en cualquier caso va a quedar desacreditada la variable territorial como primer factor de reparto en las Islas. En este caso será para inversiones: pero sí está mal para repartir dinero, peor lo está para repartir escaños.
La segunda fortaleza contra este 50/50 en el conflicto por el reparto de los dineros para las carreteras es la posición del propio Morales en Gran Canaria, su plaza política. Es evidente que lo tiene bastante fácil, por sus condiciones, para convertirse en líder indiscutible, que en 2019 obtenga la mayoría absoluta en el Cabildo. Mil cosas le avalan, su programa, una gestión de décadas, no hace falta extenderse. Y el resto de partidos en Gran Canaria -en particular sus socios, los socialistas- saben que si lo dejan como único defensor de los intereses de la población grancanaria ellos no levantarán cabeza en veinte años. El vigor del dirigente de Nueva Canarias garantiza, de hecho, que es aquí lo relevante, la continuidad de esta disputa. Y amplia así las posibilidades de que el mero intento de imposición de un sistema de reparto injusto que puede extenderse de los escaños a los dineros haga aflorar una reacción en Tenerife.
La polémica abierta con el extinto ITE, hay que recalcarlo, es inédita en lo que se refiere a las relaciones políticas entre ambas islas mayores. Ya se sabe del anhelo regionalista. Se trata de construir, con las claves de este tiempo, el mercado regional de capitales, bienes y servicios que en Canarias funcionó en los siglos XVII y XVIII con réditos claros, entre ellos permitirle intervenir como actor de una región atlántica integrada en la que las Islas pudieron pivotar (Caribe, Venezuela, EE UU, Norte de África y Europa). Era un doble circuito. Pero las decisiones adoptadas en esta dirección desde el inicio de la Autonomía -y ahí Adán Martín fue uno de los pilares- se han traducido políticamente en pasitos muy cortos desde el comienzo de la Autonomía. Mucho más cortos que los que, en rigor, correspondería a una realidad económica mucho más regionalizada, en la que resalta el espectacular flujo de turismo interior canario y a una ya relevante distribución regional de mercancías. A veces la historia contiene el porve-nir. Que Canarias vaya más rápi-do y aproveche su potencial depende de la entente entre Tenerife y Gran Canaria. Nunca será tarde. Hay nuevas generaciones, hay otro mundo ahí fuera. Y de pronto ver que una isla mayor defiende a las dos en lo que debe ser un protagonismo a recobrar por ambas -esa hora ha llegado- constituye una oportunidad de oro para que la mayoría de la población canaria, que las habita, cambie o matice su posicionamiento en el marco regional.
La veda abierta en torno a la paridad entre islas mayores y menores por un (bienvenido) error de cálculo del presidente canario coincide, quizás no en vano, con el máximo agotamiento del crédito de la Autonomía y su sistema de representación electoral. Y también quizás con un cambio de etapa política en España. Con las debidas garantías a las islas menores, Gran Canaria y Tenerife por lo pronto deben tener más escaños en el Parlamento regional para los comicios de 2019. Luego habría que pensar si crear región requiere de diputad@s que sean elegid@s no por una isla. Ni por dos.
