Si usted es socio de una asociación o de un club, tiene unos derechos. Lo dicen la ley, los reglamentos y los estatutos sociales. Lo sabe todo el mundo, bueno, casi todo el mundo porque el sr. Bergasa, presidente del Real Club Náutico de Gran Canaria, o no lo sabe o lo ha olvidado. Fui uno de los muchos socios que solicitaron que se investigara si la Junta Directiva que preside el sr. Bergasa había incurrido en una infracción tipificada estatutariamente (excederse con sus gastos en más del 10% del presupuesto aprobado). Es un derecho que me reconoce la ley y también los estatutos del club.
A partir de ese momento, mis derechos como socio desaparecieron para el sr. Bergasa. Primero se puso en duda mi firma en la denuncia. Nunca en nuestro club, nunca por ninguna Junta Directiva anterior en 107 años, se ha exigido copia del DNI para presentar ningún escrito, ni para nada (salvo para presentar candidatura, porque así lo exigen los estatutos). Y no se pide porque ya entregué al Club una copia del mismo para poder ser socio y ahí puede comprobarse mi firma.
Pero, como este asunto molestaba al sr. Bergasa, se exigió que me ratificara en mi solicitud, requisito no previsto en ningún artículo estatutario. Dicen que había alguna firma falsificada. Yo creo que se buscaba cualquier excusa para frenar la denuncia y, sobre todo, amedrentar a los socios que la habían firmado.
A pesar de tal obstáculo, muchos socios mantuvimos la denuncia. Los estatutos dicen que, al ser una infracción de la Directiva, debe ser un órgano neutral (una Comisión de expresidentes) quien resuelva el expediente disciplinario.
Pues adivinen quién ha resuelto tal expediente disciplinario. Efectivamente, han acertado: unos miembros de la misma Directiva denunciada, constituida como Comisión Disciplinaria. Es, salvando las distancias entre una infracción social y un delito, como si a los delincuentes se le permite decidir si ellos han cometido o no un delito. Para estos directivos, el deber de abstención cuando un asunto les afecta directamente simplemente no existe, a pesar de estar recogido en los reglamentos del Club.
Adivinen si deciden archivar el expediente o declararse infractores. Pues nuevamente han acertado: se han declarado inocentes. Finalmente, adivinen si se ha seguido algún tipo de procedimiento previsto en los Estatutos o han hecho lo que les ha parecido. Acaban de acertar por tercera vez: se han saltado el reglamento disciplinario a la torera.
Pero lo más asombroso es que, tras el archivo unilateral de la denuncia, el sr. Bergasa me abre expediente sancionador "...por una presunta incorrección punible, derivada de las acusaciones mantenidas en dicha denuncia..." Es decir, cuando ejerzo mi derecho estatutario de denuncia, se me incoa expediente disciplinario. Esos son mis derechos como socio, según el sr. Bergasa.
Como los estatutos del club también me dan el derecho de recurso, apelo la decisión ante la Junta Directiva, alegando la incompetencia del órgano decisor, la inadecuación del procedimiento y otras varias infracciones a los estatutos sociales en tales decisiones. Esta vez sin mucha sorpresa, recibo un nuevo acuerdo de la Junta Directiva. Ya ni les reto a adivinar la respuesta. Estaba muy claro lo que iban a decidir el sr. Bergasa y sus directivos. En su respuesta, se cita muchísima legislación, aunque toda ella inaplicable a nuestro Club porque ya me contarán que pinta la Ley del Notariado de 1862 o la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en esta historia. Eso sí, a pesar de que lo pido expresamente, el sr. Bergasa sigue sin aplicar las normas adecuadas: nuestros Estatutos, nuestro reglamento disciplinario y la Ley Canaria de Asociaciones. No lo aplica no porque las desconozca (más complicado es citar una ley del siglo XIX o remitirse a una ley de enjuiciamiento), sino simplemente porque no le da la gana. Mis derechos siguen en el limbo y sin ser respetados por el sr. Bergasa. Por supuesto, voy a seguir defendiendo mis derechos. Si no me los reconocen el sr. Bergasa y su Junta Directiva, acudiré a los juzgados. Es también un derecho que me atribuyen la ley y la propia Constitución.
Pero ante la indefensión en la que me sitúan el Sr. Bergasa y sus decisiones caprichosas, también deseo apelar públicamente a todos los que son (y somos) socios de un club, de una asociación o de una entidad. Tenemos derechos y la ley nos lo reconoce. Y la dignidad, tanto la personal como la de la propia entidad a la que pertenecemos, nos obliga a defender nuestro club ante estos despropósitos, ejerciendo nuestros derechos como socios. No debemos conformarnos y esperar que, como se pasa una gripe, se agote el mandato de esta Junta Directiva. Hay gripes mortales y la gravísima situación económica en la que Bergasa está dejando nuestro Club puede ser irreversible. Y, sobre todo, no debemos permitir que ningún presidente (se llame Bergasa o se llame Kim Jong-II) pisotee los derechos de los socios ni los estatutos que tiene la obligación de respetar.
(*) Socio del Real Club Náutico de Gran Canaria
