Hace unos días envié a LA PROVINCIA un pequeño artículo sobre soberanía y en él aclaraba que si bien la Constitución decía que la soberanía residía en el pueblo, eso era verdad solo a medias, pues cuando en las elecciones no había ningún partido que alcanzara la mayoría, eran entonces las cúpulas de los partidos quienes sin consultar a su votantes decidían, solo en busca del poder, con quién se aliaban produciéndose en algunos casos uniones, políticamente hablando, contra natura. Terminaba el artículo proponiendo como solución que en la Constitución española se estableciera, como existe en otros países, una segunda vuelta entre los partidos más votados par que fueran los electores quienes realmente decidieran, así la soberanía residiría exclusivamente en el pueblo. Hoy quiero insistir en lo anterior y poner como ejemplo lo sucedido en Cataluña para apreciar los graves problemas que se crean por no tener establecida en nuestra Constitución una segunda vuelta en las elecciones. En Cataluña CiU se alió con ERC para promover la independencia y como no obtuvieron los votos necesarios para alcanzar la mayoría, entran en negociaciones con el CUP, partido pequeño con solo diez diputados; es un partido antisistema y en consecuencia anarquista cuando se trata de respetar la Constitución Española, además manifiestan de forma reiterada que no quieren a Artur Mas de presidente, así como que los partidos proindependencia perdieron las elecciones. Eso fue lo que dijeron hace unos días, pero las cúpulas de los partidos comienzan a negociar y el CUP exige (no me gusta el verbo "chantajear") que el Parlamento catalán declare antes de la elección del presidente del gobierno catalán, que la Constitución Española, esa que utilizaron para salir elegidos, no se respete en Cataluña y que se promueva crear una nación independiente. La pregunta que procede hacer es si los votantes mayoritarios de CiU, que son de clase media y alta, aprobarían esta alianza si se les consultara en una segunda vuelta. Por las reacciones conocidas parece que no. Conclusión: la situación está llegando a un punto donde si el Parlamento catalán debate y toma el acuerdo de independencia, la actuación del Gobierno español, en defensa de los intereses de España en general y de los catalanes que quieren seguir siendo españoles en particular, tiene que ser contundente, para que la ley y la Constitución española se respeten y se cumplan.
