A pesar de que la Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y ocho meses de prisión para Águeda Montelongo, la miembra del Partido Popular fue, de hecho, presentada como candidata al Cabildo de Fuerteventura, y sigue ocupando su escaño en el Parlamento de Canarias, aunque está imputada por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental y malversación del dinero público abonando viajes, estancias y desplazamientos de varios cargos públicos de su partido -con cargo al Patronato de Turismo de Fuerteventura- cuando era consejera del área en la legislatura pasada. La imputada se ha mostrado convencida durante el proceso judicial de que quedaría exculpada en el tristemente célebre caso Patronato, cuando las conclusiones de la Fiscalía han demostrado todo lo contrario. No da buen ejemplo el Partido Popular con su actitud ante este nuevo caso de corrupción, que suma y sigue a los casos Bárcenas, Noos, Rato, Fabra, Gürtel, Palma Arena, Púnica y un interminable etcétera, ya que, por este nuevo escándalo, Águeda Montelongo debería quedar apartada de las filas de su partido, al menos hasta que salga de la cárcel, como han hecho otras formaciones políticas más responsables ante situaciones escandalosas similares, como, por ejemplo, en casos como los de Ma José Asensio, Juan Fernando López Aguilar, Manuel Chaves o José Antonio Griñán.
