Esta crisis social y económica que estamos viviendo ha hecho que se haya multiplicado por cuatro la atención a personas en riesgo de exclusión social en los ayuntamientos del Archipiélago canario.

Una situación que nos ha venido como consecuencia de las malas decisiones políticas de los gobiernos centrales, que regalaron a la banca, controlada por el 1 por ciento de la población, el dinero público del 99 por ciento de la población.

Es decir, en el momento en el que necesitamos más medios para atender a nuestros vecinos y vecinas, el gobierno central y autonómico, competentes en la materia, no encuentran los fondos necesarios para que los ayuntamientos sigamos prestando servicios al 37 por ciento de la población canaria que vive en riesgo de exclusión social.

Paralelamente inventan una nueva ley neoliberal y austericida llamada Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, para asfixiar a los ayuntamientos y recentralizar servicios. Ley que lejos de resolver el problema viene a reducir la inversión total de la Administración Central, siendo el recorte presupuestario para el periodo 2011-14 del 34 por ciento.

Tanto el Gobierno Central como el Autonómico dejan de financiar los servicios sociales, justo en medio de una situación social y económica en la que las familias tienen mayores necesidades porque se encuentran sin empleo, desahuciadas y muchas de ellas sin acceso a la sanidad pública.

Esta ley supone una grave amenaza para los Servicios Sociales, al legislar como competencias "propias" de los municipios solo la "evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", lo que imposibilita el trabajo comunitario de formación, acompañamiento, generación de cambios y avances individuales para el avance comunitario, trabajo que ya muchos ayuntamientos venimos realizando desde hace muchos años y que ha sido la mejor herramienta en manos de técnicos especializados para el avance de nuestra sociedad y de nuestras Islas. La ley pone ahora estas competencias en manos de la Comunidad Autónoma, que debe gestionarlos directamente o financiarlos al 100 por ciento a través de los ayuntamientos.

En el Archipiélago se nos suma también la falta de una política social comprometida por parte del Gobierno de Canarias. Todas las Comunidades Autónomas aprobaron leyes de Servicios Sociales en la década de los 80. La de Canarias es de 1987.

Desde entonces, la mayoría de comunidades aprobaron leyes de segunda generación, y algunas de tercera generación. Pero en Canarias seguimos dependiendo aún de una Ley autonómica obsoleta, que suele depositar en los Servicios Sociales municipales la responsabilidad global del bienestar social para atender las carencias que producen las deficiencias de otros sistemas de protección como el de vivienda, salud o empleo.

En mi gestión como alcaldesa recibo a vecinos y vecinas que necesitan una vivienda digna y llevan más de 15 años en la lista del Gobierno de Canarias como demandantes. También me visitan quienes no encuentran empleo, y tampoco reciben formación alguna por la falta de cursos y oportunidades formativas para desempleados.

Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía destinamos más de 300.000 euros en ayudas de emergencia, porque han aumentado, entre otras, las solicitudes de ayudas médicas ante la falta de medios y el recorte en la cartera de servicios del Servicios Canario de Salud.

Actualmente los Servicios Sociales de los ayuntamientos canarios soportamos el 85 por ciento de la gestión y financiación de los mismos, porque el Gobierno de Canarias hace años que viene reduciendo los recursos que por ley debería abonar a los municipios.

A día de hoy los ayuntamientos seguimos bajo la incertidumbre sobre la garantía de los Servicios Sociales municipales. El Gobierno de Canarias, que según establece el nuevo marco legal, debe garantizar la financiación de estos servicios, poco ha hablado de la ficha financiera de los mismos, y como cada año desde hace dos décadas, siguen recortando la financiación.

Es por ello que hoy más que nunca se hace precisa una respuesta clara y contundente para la gestión y financiación de los Servicios Sociales y de la acción social de los municipios. Para esto no hay otra receta que el diálogo y la negociación para que Comunidad Autónoma y ayuntamientos vayamos de la mano en la salida de esta situación a la que nos han abocado gobiernos desleales con todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas.

Desde la política se podría hacer una mejor gestión, por eso insisto en el diálogo y el consenso. Y a la ciudadanía como parte activa, informándose y como no, denunciando estos atropellos, porque los problemas a los que nos seguimos enfrentando actualmente requieren de una gran movilización política, social y del conocimiento que defienda al municipalismo, la autonomía local, mayor inversión en empleo, en Servicios Sociales, en educación, en sanidad...

En definitiva defender un proyecto político que devuelva los fondos económicos al 99 por ciento de la población. Una población a la que les han robado la ilusión, la esperanza y la calidad de vida.