El tratamiento dado por Rajoy al problema catalán, como defensor de la unidad de España consagrada en una Constitución envejecida prematuramente, que ya pide a gritos, en numerosos aspectos, su rejuvenecimiento, acorde con las pretensiones sociales, como a diversas cuestiones político-jurídicas planteadas a lo largo de esta Legislatura, parece más propio de un vendedor de aceite y vinagre de hace un par de siglos que de un jurista de los tiempos actuales.
Las mentiras imperdonables de la etapa preelectoral del antiguo líder de Alianza Popular, despreciativo desde sus primeros momentos con la UCD, a la que jamás tuvo el honor de pertenecer; sus falacias preelectorales de todo tipo, engañándonos a todos; y su incapacidad, acaso por pura cobardía, para poner orden en las filas ignorando los dispositivos legales de que estaba asistido el Gobierno, desde hace un par de años, a pesar a ser jurista, para atajar la reivindicación secesionista liderada in crescendo por Artur Mas, me hace creer que nuestro inefable presidente se ha olvidado incluso de la Ley Hipotecaria, el Cuerpo legal de mejor conocimiento por quienes, como él, pertenecen al prestigioso Cuerpo de Registradores de la Propiedad, ya que su política -las más de las veces errónea- ha prevalecido siempre sobre la razón y el Estado de Derecho.
En primer lugar, conociendo los heterodoxos propósitos del catalanismo secesionista, envió nada menos que a negociar (¿a cambio de qué?) al mismísimo ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en cuyas competencias, según la propia ley que se las otorga no figura -¡bueno fuera!- la menor actividad a realizar en el orden interno territorial de España, ni siquiera presumiendo que su interlocutor sería el mandamás de un territorio presuntamente llamado a convertirse en un estado soberano, con quien no había nada en absoluto que negociar, sino a lo sumo a debatir o dialogar, como debe ocurrir siempre en una democracia, para lo cual disponía del ministro del Interior, como aquel procedente de las filas de UCD y mas tarde del CDS, el mejor conocedor, a años luz, de toda Cataluña en el Gobierno.
Rajoy, como consecuencia de su inmersión en el mundo de la crispada política actual y el poco democrático aprovechamiento de su aplastante mayoría absoluta, al sacar adelante, por si solo, sin el menor diálogo con las restantes fuerzas políticas del arco parlamentario, por ejemplo, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para convertir lo meramente declarativo en punitivo, de lo que, por razones obvias, puedo dar fe, cuya reforma parece en sí inconstitucional, según creen los grupos parlamentarios, muchos juristas, entre quienes me encuentro y algunos miembros del propio Tribunal.
Todo lo anterior con la agravante por parte de Rajoy de que al parecer ignoraba que en cualquiera de sus grados pudieran darse, entre otros, los delitos de prevaricación, malversación y sedición, confirmado a los largo de meses sucesivos por múltiples acciones, hasta el día de hoy, de lo que se ha confesado de forma pública, privada y judicial, en el proceso judicial correspondiente, nada menos que "inductor" figura que, como los tipos precedentes, está castigada también en nuestro Código Penal.
Por lo visto don Mariano debe creer que el público es todavía independiente y ninguna jerarquía tiene sobre el mismo, a través del fiscal general del Estado, el ministro de Justicia. Y, por lo visto, debe darme tácitamente la razón en tanto en cuanto parece compartir conmigo el alto grado de politización del Poder Judicial en el que para castigar los delitos antes mencionados por cualquier razón no ha confiado, siendo más grave aún que hace algún tiempo, tiró por la borda acaso -insisto- por cobardía, el artículo 155 de la Constitución Española, por cuya razón, permitiéndome el lujo de disentir del criterio de esa eminencia que es el profesor Santiago Muñoz Machado, con su parecer de que no cree que haya llegado el momento de aplicar dicho precepto de la Constitución, confiando en que no se utilice nunca. "Es un precepto de crisis", añade, "cuya aplicación probablemente añadiría más problemas que soluciones". ¿Más problemas aún?, apostillo yo. "Ciertamente", reconoce el ilustre profesor, "sin embargo, forma parte de la Constitución y es una norma vigente que puede utilizarse cuando se produzca una situación límite, de secesión, formalmente declarada o puramente aplicada de hecho". Yo, por el contrario, no creo que sea preciso llegar a ese precepto, sino que hubiera bastado conminar a Mas y al presidente del Parlamento catalán, en sus respectivas representaciones, con la aplicación en su caso del mismo, si llegase tal momento, con lo cual, si este se produjera pese a la advertencia, el Estado podría asumir sus competencias estatutarias, o parte de ellas, sin otro requisito que la aprobación del Senado en el cual el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
Termino con dos súplicas al Partido Popular: que no permitan que Rajoy -todo un paquete como presidente- aspire a volver al Parlamento y cumpla con su deuda con la Justicia en el proceso contra Bárcenas, prestando declaración sobre los hechos, ya que de la cúpula de su partido es el único que no ha declarado aún pese a que, según tengo entendido, se ha decretado incluso la responsabilidad civil subsidiaria del PP.
Y en cuanto a José María Aznar... ¡que Dios nos libre...! Que no le dejen caer en su tentación de ser cabecera de lista, ni figurar en la misma. Haría muy difícil, con su solo talante, que un vasallo de Bush consiguiera acuerdos imprescindibles en esta nueva etapa parlamentaria que, al menos para mí, debe tener fuerte contenido constituyente.
(*) Expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias
