Ni Consejo General del Poder Judicial, ni Senado, ni más politiqueos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, es lo que propone una de las muchas opciones que tendremos para votar el cercano 20 de diciembre. Una reducción de veinte a quince de los miembros de ese Consejo, y que sean elegidos por sufragio directo por los ciudadanos, una auditoria externa y una oficina judicial que absorba las competencias periféricas, así como una nueva forma de elegir al Fiscal General del Estado, es lo que preconiza otro de los partidos que se presentan próximamente a esas elecciones generales, como medidas más llamativas.
Y es que no se cesa de tener ideas nuevas, para que esto que se llama Administración de Justicia funcione bien. Aunque lo cierto es que a pesar de ser acertadas casi todas las medidas propuestas citadas anteriormente en mi opinión, que no coincide con lo que piensan, la mayoría de las asociaciones judiciales -lógico por otra parte-, lo cierto es que no se consigue que desaparezca la lentitud y en ocasiones la inseguridad que es aún peor, de los procesos judiciales. Es verdad que muchas cosas se han hecho para que el mal endémico de tener pleitos y los ganes, se entierre, como es la oficina judicial, que como no sea en un futuro ahora mismo no es precisamente satisfactoria ni agilizadora del sistema. O el expediente digitalizado totalmente para todos los procedimientos a principios de año. O el sistema de subastas judiciales de bienes embargados por Internet, con la finalidad de atraer a más participantes para evitar que el 95 % de esas subastas se queden desiertas por falta de intervinientes en las mismas, y también para conseguir precios más altos en las adjudicaciones de las pujas de las 67.000 subastas más o menos, que se celebraron en todos los juzgados de España (incluida Cataluña).
Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo, pues al igual que los fiscales y los jueces han criticado severamente el plazo de los seis meses para la investigación criminal, y no porque les parezca mal, sino porque es inviable en tanto no se nutran las fiscalías y los juzgados de personal y material necesario para ello. Y es que no se puede olvidar que ese plazo afecta a los procedimientos ya en tramitación, pues a partir de su entrada en vigor, -o sea ya-, los seis meses para acabar la instrucción criminal empieza a correr. Y lo mismo pasa con lo de las subastas judiciales "on line" que si bien es verdad darán más transparencia al sistema, también lo es que se está ante una improvisación y una precipitación en su puesta en marcha, según se ha pronunciado el Sindicato de los Letrados de la Administración de Justicia (los anteriores secretarios judiciales de toda la vida). Ni siquiera suprimiendo los artículos actuales del Código Penal que regulan los delitos contra los sentimientos religiosos, como propone otra opción política para el 20-D, va a ser la solución del problema. Concretamente aquellos que hacen referencia a la libertad de conciencia, el respeto a los difuntos y la interrupción o profanación de manifestaciones en lugares destinados al culto.
Fuera el Consejo General del Poder Judicial, fuera el Senado o Cámara Alta Legislativa, fuera los papeles en los juzgados, fuera los delitos contra la religión, fuera las causas penales dilatadas en el tiempo? Hay quién dé más? Ni siquiera el papa Francisco que está dispuesto a estar en esta sociedad y a cargarse todos lo vicios y todo el desorden en la gestión económica del Vaticano? si es que le dejan, lo supera.
(*) Magistrado
