Al cumplirse el 75 aniversario de la muerte de Manuel Azaña, el pasado día 3 de noviembre, me parece oportuno recordar y señalar cómo fijó con claridad su posición personal ante las reivindicaciones nada nuevas y sucesivamente planteadas, como secular problema auspiciado por los partidos políticos independentistas catalanes, aprovechando siempre momentos coyunturales críticos.
El entonces presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, dejó constancia clara en sus Memorias Políticas y de Guerra, concretamente en el Cuaderno de Pedralbes, en las anotaciones del 17 de noviembre de 1938, lo siguiente:
"El Presidente (del Gobierno, Juan Negrín) asegura que no se propone el Gobierno hacer naufragar a la Generalitat... La doctrina mía es la suya, pero hay que contar con las circunstancias y realidades de la política. Él no es enemigo de las regiones autónomas. Si después de la guerra se modifica la Constitución, llegará en esta materia tan lejos como el que más; y si el pueblo catalán quiere separarse pacíficamente, no se opondría".
La respuesta de Azaña es contundente: "Ahí no llego yo, le digo".
Estamos de nuevo ahora en un momento crucial. Como era previsible, los acontecimientos se han precipitado. La contumacia en la actitud desafiante y provocadora de los integrantes de los grupos y partidos políticos que propugnan la independencia de Cataluña está llegando a límites infranqueables, en el inicio de la XI legislatura autonómica, tras las elecciones al Parlamento de Cataluña que se celebraron el 27 de septiembre.
Como sabemos, el sector independentista planteó que estas elecciones tenían el carácter de plebiscito sobre la independencia de Cataluña, aunque fueron convocadas por el Presidente de la Generalidad como elecciones autonómicas, en el marco legal habilitado específicamente a este efecto, como ordinarias anticipadas para elegir un nuevo parlamento autonómico.
No obstante, Artur Mas ha pretendido de elevar las elecciones a la categoría de consulta definitiva, en respuesta de desafío, tras haber sido declarado inconstitucional el referéndum reclamado. Y ya han empezado a producirse los primeros efectos de grave y trascendente alcance con la presentación de los nueve puntos de la Propuesta de Resolución Junts Pel Sí y la CUP para la desconexión de Cataluña con España.
Efectivamente, la gravedad que comporta la iniciativa de JxS y la CUP tiene unas consecuencias que trascienden del marco estrictamente delimitado para la actuación parlamentaria de una Cámara legislativa autonómica, al haberse pactado por estos grupos políticos, mediante la fórmula de una propuesta de resolución parlamentaria, la declaración solemne del inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República.
Esta primera iniciativa ejercitada por los indicados grupos políticos independentistas en el Parlamento catalán, una vez constituida la Mesa y elegida el 26 de octubre Carme Forcadell como Presidenta de la Asamblea legislativa, de la Comunidad Autónoma, denominación expresa que otorga el artículo 152 de la Constitución Española, ha generado como es lógico amplia diatriba y presagia el peor escenario de confrontación entre el Estado y los poderes de la Comunidad Autónoma de Cataluña, si como es previsible se aprueba la expresada declaración en el Parlamento catalán.
Como mi propósito es rememorar ahora la firme posición que mantuvo Manuel Azaña sobre el enconado problema de Cataluña, trataré de referir, en obligada síntesis, la línea de su acción política al respecto, teniendo en cuenta que estamos tratando del verdadero creador del estado autonómico, enmarcado por la Constitución de la Segunda República, que en gran medida inspiró el tratamiento de esta materia en la vigente Constitución.
Cabe recordar, como premonitorias, las palabras de su discurso "La Libertad de Cataluña y de España" pronunciado en Barcelona el 27 de marzo de 1930, recién caída la Dictadura del General Primo de Rivera:
"La alegría de que vuestra catalanidad en acción me llena proviene de esto: el catalanismo, o dicho con otra expresión, el alzamiento espiritual de Cataluña, nos brinda la ocasión y el instrumento de realizar una labor grandiosa y nos pone en terreno firme para emprenderla. Por el catalanismo, Cataluña será libre, y al trabajar nosotros, apoyados en vosotros, por vuestra misma libertad, trabajaremos y obtendremos la libertad de España. Lejos de ser irreconciliables, la libertad de Cataluña y la de España son la misma cosa".
"Yo tengo la idea de que esa liberación conjunta no abolirá todo lazo común entre Cataluña y lo que seguiría siendo el resto de España. Creo que entre vuestro pueblo y el mío hay demasiada trabazón espiritual, histórica y económica para que un día, enfadándonos todos, nos volviésemos la espalda, como si nunca nos hubiésemos conocido. En tiempos de lucha, en natural que se haga cuenta minuciosa de los que nos separa; pero también será bueno que un día nos pongamos a reflexionar sobre lo que de veras, no administrativamente, sino en lo hondo de nuestra raza, nos une".
"Yo concibo, pues, a una España con Cataluña, gobernada por las instituciones que su voluntad libremente expresada quiera darse; unión libre de iguales en el rango, ya que no en el tamaño, sin prevenciones de hegemonía ni predominio de los unos sobre los otros. Para vivir en paz, ilustrando el nombre común hispánico, que no es despreciable".
"He de deciros también que si la voluntad dominante en Cataluña fuese algún día otra, y resueltamente quisiera remar sola en su barca, sería justo pasar por ello, y no habría sino dejaros ir en paz, con el menor destrozo para los unos y los otros, y desearos buena fortuna, hasta que cicatrizando el desgarrón, pudiéramos establecer cuando menos relación de buena vecindad. No se dirá que no soy liberal. Pero si eso ocurriese, y cuando quiera que ocurriese, el problema sería ya otro. No sería de liberación común, sino de separación. No es lo mismo vivir independiente de otro que vivir libre. Nuestro país español es una prueba de lo que os digo".
Posteriormente, en el llamado Pacto de San Sebastián, de 17 de agosto de 1930, los representantes de los partidos republicanos asumieron el compromiso de impulsar las aspiraciones autonomistas catalanas, que se materializaron, una vez proclamada la Segunda República en el Proyecto de Estatuto llamado de Nuria, redactado el 20 de junio de 1931, que fue sometido a doble plebiscito el 2 de agosto: municipal con el resultado de 8.349 concejales a favor y 4 en contra; y popular con 592.205 votos a favor y 3.296 votos en contra, de un censo de 792.574 personas, sin incluir a las mujeres, que no tenían derecho al voto.
Entregado el Estatuto aprobado en Cataluña al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, con pretensión por parte de sus promotores de que no se modificase nada durante la tramitación parlamentaria, se retuvo su presentación en las Cortes hasta el día siguiente de aprobarse la Constitución, el 9 de diciembre de 1931.
Los trámites en el Congreso duraron desde el 6 de mayo hasta el 9 de septiembre de 1932, en que fue aprobado por 318 votos a favor y 19 en contra. El detonante del fracaso estrepitoso de la intentona de Golpe de Estado del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932 fue motivo desencadenante de la aceleración de los trámites pendientes en la aprobación del Estatuto.
El 15 de septiembre el Presidente lo firmaba en San Sebastián y el día 25 Azaña hizo entrega del texto aprobado al Presidente provisional de la Generalitat de Cataluña, Francesc Maciá.
Los debates en el seno de la Comisión de Constitución presidida por Luis Bello fueron intensos, destacando en su oposición a los aspectos más conflictivos, el tratamiento del idioma catalán, del sistema escolar y del universitario, los diputados Ortega y Gasset, Miguel Maura, Miguel de Unamuno, Royo Villanova, Indalecio Prieto, Alejandro Lerroux, Rafael Guerra del Río y Sánchez Román, entre otros.
El duelo dialéctico entre Ortega y Gasset y el Presidente del Consejo Manuel Azaña alcanzó notoriedad y amplio relieve, principalmente con ocasión de sus discursos parlamentarios de 13 y 27 de mayo de 1932, de toque de atención, de prevención y advertencia por parte de Ortega sobre aspectos capitales contenidos en el Estatuto que implicaban a su juicio debilitamiento y desmembración del Estado, lo que aconsejaba una actitud de prudencia con recorridos progresivos limitados; y de defensa de Azaña de las líneas de avance autonómico hasta los límites posibles admisibles, dentro de las previsiones de la Constitución.
Ortega siempre propugnó para el tratamiento de los problemas políticos distanciarse de ellos y situarlos en una determinada perspectiva histórica. Desde su posición y perspectiva, reflexionar sobre la naturaleza de los problemas de España, su enfermedad entonces, derivados del agotamiento de una tarea colectiva o empresa común nacional, se agravaban por la escasez de hombres dotados con talento suficiente para formarse una visión íntegra de la situación nacional, por el predominio del hombre masa despreocupado y conformista, ajeno y distante a contraer compromisos vitales.
El sentimiento de dolor por la suerte colectiva del país, en decadencia desde centurias por falta de ese empeño aglutinador común, que salió además del siglo XIX postrado por el resultado del último desastre nacional, se enfrentaba a la nueva tensión derivada de las reivindicaciones periféricas, particularmente emprendidas desde Cataluña y Vascongadas.
Él había abordado la cuestión de los particularismos: "En 1900 se empieza a oír el rumor de regionalismos, nacionalismos, separatismos... Es el triste espectáculo de un larguísimo, multisecular otoño, laborado periódicamente por ráfagas adversas que arrancan del inválido ramaje enjambres de hojas caducas. La esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. Es característica de este estado social la hipersensibilidad por los propios males. Enojos o dificultades que en tiempos de cohesión son fácilmente soportados, parecen intolerables cuando el alma del grupo se ha desintegrado de la convivencia nacional".
Vale la pena repasar las magnificas piezas oratorias del debate parlamentario. Como muestra reseño ahora un párrafo significativo que enmarca el eje del discurso de Ortega y Gasset:
"Señores, así es como yo veo el perfil de autonomía que ahora, dadas las circunstancias, las situaciones, debe otorgarse a Cataluña. Es una autonomía de figura sumamente amplia y anuncia ella una posible corrección progresiva... Se trata de adelantar, de iniciar un nuevo camino de solución..., no nos pidáis que en este primer paso que damos hacia vosotros hayamos llegado ya; que este primer paso sea el último. No. Esperad. Intentemos este nuevo modo de conllevarnos, que él nos vaya descubriendo posibles ampliaciones. Claro que con esto no se resuelve sino aquella porción soluble del problema catalán. Queda... la irreductible: el nacionalismo. ¿Cómo se puede tratar esta otra cuestión? ¡Ah! La solución de este otro problema, del nacionalismo, no es cuestión de una ley, ni de dos leyes, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos... Tenía razón el Sr. Cambó en este punto..., cuando decía que el nacionalismo catalán sólo tiene su vía franca al amparo de un enorme movimiento creador histórico... Él proponía lo que llamaba iberismo... y yo en punto al iberismo estoy en desacuerdo con él, pero en sentido general tenía razón. Lo importante es movilizar a todos los pueblos españoles en una gran empresa común".
Como he señalado, a Manuel Azaña se le atribuye el gran mérito de haber alumbrado el enfoque de la compleja cuestión autonómica, como tercer género peculiar dentro de los sistemas propios de los Estados compuestos: el Estado regional, distinto del Estado unitario descentralizado, construido a partir las previsiones incorporadas a la Constitución y por tanto contando con la garantía de respeto a la autonomía de las Regiones que integran la Nación. Este modelo, que se aparta de la tradicional concepción federal y confederal, fue asumido para reformular el actual sistema autonómico que la Constitución de 1978 ha consagrado.
Al respecto conviene conocer la excelente aportación sobre la evolución de las posiciones políticas de Azaña, desde su inicial comprensión y defensa de las aspiraciones autonómicas catalanas hasta su desencanto final y terrible frustración, por la experiencia personal soportada, en particular durante los años de la guerra, trabajo efectuado por el Eduardo García de Enterría en su obra Manuel Azaña. Sobre la autonomía política de Cataluña.
Como colofón de esta reseña cabe concluir que han vuelto a revivir, con más fuerza si cabe, los posicionamientos encontrados sobre las mismas cuestiones analizadas, puestas de nuevo de manifiesto con ocasión de la última reforma del Estatuto de Cataluña, con las consecuencias resultantes posteriores, particularmente aprovechadas -con la excusa del tratamiento del Estatuto efectuado en la sentencia del Tribunal Constitucional- desde los sectores pro independencia de Cataluña.
