El escándalo protagonizado recientemente por el profesor Juan Romero Pi, catedrático de Derecho Financiero, en la Universidad de La Laguna, no ha dejado de crecer en los últimos días. El doctor Romero Pi invitó al ministro de Industria, Turismo y Energía y líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, para pronunciar una conferencia en el Aula Magna, y dejó claro a los alumnos que la asistencia a la misma sería objeto de evaluación. Antes y después el doctor Romero Pi se ha encargado de dejar perfectamente claro que encuentra en el señor Soria un político excepcional y un candidato insuperable para las próximas elecciones legislativas.
Es irrelevante que este profesor, con su entusiasmo soriano, cierre un círculo que comenzó allá por los años setenta, cuando se consideraba troskista, para luego continuar por el socialismo humanista, seguir por la socialdemocracia del PSOE y casi terminar asesorando a dirigentes tan inútilmente asesorables como Juan Carlos Alemán -que no le entendía una palabra - o Juan Fernando López Aguilar -que tal vez lo entendía demasiado-. Pilar del Castillo, eurodiputada conservadora y exministra de Educación, fue también troskista en sus años mozos, y obsérvese hasta dónde ha llegado. La evolución ideológica de sabios caballeros como el profesor Romero Pi suele estar relacionada con una necesidad de reconocimiento y gratificación que aumenta con el cada vez más veloz paso de los años. Pero no encuentro gratuito el irritado rechazo de los estudiantes y menos aun tolerable -como están haciendo algunos profesores y chisgarabís universitarios- que se utilice como pretexto la libertad de cátedra para imponer a los alumnos que sea obligatoria y evaluable la asistencia a la intervención de un político en ejercicio y candidato electoral. El Tribunal Constitucional declaró, en una sentencia de 1992, que la libertad de cátedra consiste en "la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias en relación con la materia objeto de enseñanza". Y como todas las libertades tiene sus límites. El señor Soria no es jurista, no dirige el Ministerio de Justicia, no pertenece a ningún órgano jurisdiccional, no es autor de ningún texto memorable de Derecho Tributario. A los que contemplan este asunto con una sonrisita condescendiente debería preocuparles un poquito más la enseñanza de la libertad, al menos lo suficiente para no asfixiarla invocando arteramente la libertad de enseñanza. De acuerdo: que los candidatos electorales inunden los programas de telebasuras y los abrevaderos audiovisuales. Pero que se conviertan, en virtud de la simpatía política del profesor de turno, en parte de la evaluación de los alumnos en una asignatura académica es un abuso en toda regla y contra toda regla que debería ser penalizado por las autoridades universitarias.
