Desde que fui nombrada Comisaria responsable de los derechos de las personas con discapacidad, he presenciado de cerca las dificultades concretas a las que estas se enfrentan, tanto en la sociedad como en el trabajo. Se enfrentan en España a una diferencia de tasa de empleo del 32,8 % respecto al resto de la población. A nivel europeo el 30 % de los ciudadanos con alguna limitación o con limitaciones graves se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje muy superior a la media de ciudadanos sin discapacidad.
Durante mis encuentros y conversaciones con personas con discapacidad también he observado que algunos dispositivos y aplicaciones digitales ofrecen grandes oportunidades para que puedan participar más en la sociedad.
La tecnología ha cambiado nuestro modo de vivir y trabajar. A la mayoría de nosotros, tanto si se trata de reservar unas vacaciones como de hacer una declaración tributaria o de comunicarnos con compañeros, nos facilitan la vida y el trabajo.
De aquí a 2020 se prevé que 120 millones de personas de la Unión Europea tengan una discapacidad que limite su acceso a determinados productos y servicios. Sin embargo, muchos de estos productos y servicios no están lo suficientemente adaptados a personas que, por ejemplo, podrían no ser capaces de utilizar un teclado o de ver un vídeo.
Para que la digitalización se convierta en un verdadero factor de cambio para la inclusión social de las personas con discapacidad, las personas mayores u otras personas que tengan limitaciones funcionales a lo largo de su vida, debemos crear un entorno adecuado para que las empresas hagan que sus productos y servicios sean accesibles para todos.
Por eso, mañana, con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, propongo nuevas normas de la UE sobre accesibilidad, a fin de coordinar mejor nuestros esfuerzos y permitir la libre circulación de bienes y servicios accesibles en la UE.
Mi propuesta se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para la UE en 2011. Este es nuestro compromiso común, tanto de la UE como de los veintiocho Estados miembros: mejorar la accesibilidad a productos, servicios y edificios.
Los Estados miembros ya han empezado a aplicar el Convenio, pero de forma distinta. Por ejemplo, un cajero automático con una altura de 1,25 metros es accesible en Francia, Irlanda y el Reino Unido, pero se considera inaccesible en Alemania, España y los Países Bajos.
El objetivo de la propuesta es establecer requisitos comunes europeos en materia de accesibilidad para una serie de productos y servicios, entre los que se encuentran los ordenadores, los expendedores automáticos de billetes, los teléfonos inteligentes, los televisores, los servicios bancarios, los libros electrónicos y el comercio electrónico. Estos requisitos europeos señalan los elementos que deben ser accesibles.
La propuesta de mañana es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede cambiar realmente la vida cotidiana de los ciudadanos al mejorar el funcionamiento del mercado interior de la UE. Con unas normas claras y comunes podremos promover una mayor competitividad y ofrecer productos y servicios más asequibles para los ciudadanos que los necesiten. De este modo, nuestro mercado interior se pone al servicio de la innovación y la integración social.
(*) Comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral
