El Tribunal Supremo acaba de dictar cinco sentencias sobre las limitaciones impuestas a diversos proyectos turísticos, que no llegaron a construirse como consecuencia de las moratorias. No son los únicos pronunciamientos jurídicos que ponen en cuestión el exceso de intervencionismo que pesa sobre el principal sector económico canario desde hace ya más de una década. Meses atrás, el Tribunal Constitucional anuló los aspectos más polémicos de la actual legislación turística por considerar que vulneran la libre competencia, al impedir la construcción de un determinado tipo de alojamientos turísticos. Ambos tribunales coinciden en constatar que las mal llamadas moratorias han tenido efectos contraproducentes, muy negativos, para la economía canaria; y que además pueden salir muy caro a los ciudadanos. Obligan, por tanto, a abrir una seria reflexión sobre la ordenación del territorio y el turismo en Canarias para las próximas décadas.
Bien es verdad que, en su origen, la primera moratoria trató de dar respuesta a un problema real: el crecimiento excesivamente invasivo, desordenado y de baja calidad del turismo, que tuvo lugar durante la década expansiva de finales del pasado siglo. Pero vista con perspectiva, la respuesta no parece haber sido ni mucho menos la más adecuada. Sobre todo cuando el carácter transitorio de la medida, concebida como una aplazamiento puntual de las inversiones para dar tiempo a reordenar el uso del territorio, se ha ido prolongando a lo largo de los años con nuevas normas cada vez más intervencionistas: primero la Ley de Medidas Urgentes de 2009 y, por último, la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013.
Así, aquel modelo turístico insostenible, en el que primó la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo, ha dado paso a otro caracterizado por su estancamiento y falta de dinamismo. Y ha sido así porque aquella postergación coyuntural de nuevos proyectos ha terminado por convertirse en la política turística de los sucesivos gobiernos que han dirigido Canarias en las últimas décadas. Así, la ley de 2009 cerró el paso sobre todo a la inversión de calidad; mientras la de 2013 llegó al absurdo de frenar expresamente los productos hoteleros más demandados, bajo el nada riguroso argumento de que la construcción de nuevos alojamientos frenaba la renovación de la planta obsoleta.
La conclusión es que todas estas normas han tenido el efecto inverso al que pretendieron y que, tras doce años de moratoria, en Canarias apenas se ha invertido en hoteles de nueva construcción y se ha renovado mucho menos de lo que se debía. La discrecionalidad con que la Administración ha puesto en marcha sus políticas intervencionistas en el sector turístico puede costarnos, ahora, indemnizaciones millonarias pagadas con dinero público.
Al margen de la solución que finalmente se negocie entre las dos opciones posibles: devolver los derechos sobre los terrenos afectados por la moratoria o indemnizar a sus propietarios, lo cierto es que, llegado a este punto, lo urgente y necesario es poner fin de una vez por todas a las moratorias. Ello no quiere decir, ni mucho menos, abrir la mano de nuevo una etapa de utilización desordenada y abusiva del territorio, sino la sustitución del intervencionismo por una regulación racional. Una regulación acorde a los tiempos y que permita a Canarias, a todas y cada una de las islas que integran esta región, dotarse de los productos turísticos competitivos que reclama el mercado.
Para ello es imprescindible que la presión de los lobbies insulares, que tan claramente se ha manifestado ante la última reforma de la ley turística para frenar el crecimiento de unas islas en beneficio de otras, dé paso a una ordenación del territorio en la que cada cabildo asuma el protagonismo que le corresponde. No parece oportuno dejar las competencias de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en manos de los ayuntamientos, porque la raíz de la especulación urbanística está vinculada precisamente a la financiación de estas corporaciones. Y las licencias turísticas son una tentación demasiado grande para unos ayuntamientos con crecientes necesidades económicas.
Ante el intervencionismo desmesurado y absurdo que ha lastrado el turismo canario, hoy en día los únicos límites que deben imponerse a la actividad turística son la exigencia de máxima calidad de todos los productos y la no clasificación de más suelo turístico. Con estas premisas, el Gobierno de Canarias está tardando ya en poner punto final a la moratoria, modificando de forma transitoria y urgente las medidas más restrictivas, mientras termina de elaborar el nuevo cuerpo normativo que ordene el turismo y el territorio en Canarias para las próximas décadas.
