Todos los líderes políticos ultiman sus mejores promesas a los ciudadanos para las próximas elecciones del 20-D. Tienen sus mejores intenciones para el pueblo, pero saben que sus promesas serán imposibles de cumplir por una simple cuestión de números: no hay dinero. Y esto se debe al orden de prioridades establecido en España por los políticos, empresarios y jueces afines desde hace lustros. Entre otras promesas que hacen destacan las subidas de salarios mínimos, muy por encima de los mil euros al mes, y las rebajas notables en las diversas cotizaciones al Estado; pero, ya digo, no hay dinero. Los gobernantes y especies afines (con respeto a las excepciones que existen) se reparten todo el caudal de ingresos; para empezar, tenemos más de 500.000 políticos, cifra que duplica a cualquier país europeo con una población superior. Políticos que jamás han sufrido las consecuencias del paro porque, entre otras razones, han descubierto la llamada puerta giratoria que, una vez cesados o jubilados, los transporta en volandas a mejores puestos de mayor retribución y con acceso restringido a ellos, pero pagados por nosotros. Sus sueldos, privilegios, influencias, aforamientos, corruptelas y otras bagatelas, son de un coste astronómicos para todos nosotros; algunos ejemplos de derroche añadido son las 160 embajadas que las Autonomías mantienen en el extranjero, destacando Cataluña con unas 60. Por otro lado, los Tribunales Autonómicos de la Competencia han demostrado su ineficiencia y despilfarro con un costo de unos 100 millones de euros e importantes pérdidas, cuando resulta que desde 1.953 existe la Comisión Nacional de la Competencia dependiente del Estado central y que en un solo año ha puesto sanciones por unos 250 millones y un notable superávit. Las Diputaciones Provinciales duplican las funciones que han existido siempre en otros Organismos. Los Ayuntamientos deberían reducirse notablemente. El costo exagerado del Tribunal Constitucional, la Audiencia Provincial y el Senado, en modo alguno justifica la existencia de esos organismos. Los liberados sindicales los pagamos nosotros, cuando deberían hacerlo sus sindicatos, así como sus subvenciones, como ocurre en cualquier otro lugar, pero nunca por los ciudadanos.
En definitiva, y junto a otros muchos ejemplos, hablamos de miles y miles de millones de euros que son prioritarios para unos gobernantes que arrasan así con el dinero público, cuando deberían fijar con estricta responsabilidad, una correcta, justa y legal relación de prioridades.
Que nadie se ofusque ni se empeñe, porque las cuentan no salen: no hay dinero, por lo que sólo nos pueden dar lo que les sobre a ellos. No cabe duda de que habrá líderes que cumplirán con alguna promesa, pero no olviden que cuanto nos den por una parte nos lo van a quitar por otra. Ya lo verán. Y, si no, al tiempo.
