El resultado de las elecciones es tan contundente como lógico. El electorado, como ya sucedió en los comicios municipales del pasado mayo, anhela cambios tras la letanía de un periodo de depresión y desconcierto, al que los partidos de siempre no han sabido dar respuesta. La timba más disputada y abierta de la historia democrática española ha tenido una mano muy disputada. Hasta el momento, los jugadores (partidos) nacionalistas, catalanes y vascos, eran la llave de la gobernabilidad de cuando PP/PSOE necesitaban apoyos. Pero esta situación ya no es así. Las reglas del juego han cambiado y, por primera vez, la mayoría necesaria es otra. El bipartidismo se desmigaja en cuatro. España estrenará un tapete político más parecido al que protagonizan las democracias del norte de Europa, donde las alianzas son complejas e intervienen formaciones que se mueven a lo largo de un amplio espectro ideológico. Tras la intensa campaña acaban los debates estériles y la caravana electoralista abre paso a aromas de renovación sin precedentes en las bancadas del Congreso. La remozada Cámara baja va a estar integrada por cuatro formaciones y pone fin a un bipartidismo imperfecto que dio estabilidad al país durante los últimos 40 años. La explosión de los emergentes no es producto de la casualidad, sino que es el resultado de la voz crítica de la ciudadanía (50% del electorado) hacia los dos partidos que se han alternado en el poder durante las últimas décadas, y es fruto también de la terrible crisis económica que aún colea. Después de años de desprestigio de la actividad pública, los votantes han vuelto a hablar de política con el vecino de enfrente, de propuestas y de su futura viabilidad. Pero el hastiado electorado está ávido de soluciones. España languidece desde hace demasiado tiempo por culpa de los elevados niveles de fracaso escolar, la pírrica ocupación laboral y un desempleo insultante propio de una sociedad disfuncional. Comienza el cambio, aunque no se sabe muy bien hacia dónde. Resta por implementar más medidas estructurales para así cerrar la catarsis económica e impulsar la regeneración institucional. Marcado en rojo en la agenda de los nuevos gobernantes debe fijarse como prioritario la reforma educativa que premie la excelencia y mejore la productividad, controlar un déficit disparatado, garantizar los servicios públicos y, sobre todo, poner fin al 'todo vale'.
