Por fin un máximo responsable del Gobierno de Canarias asegura inequívocamente que "nuestra apuesta es por las renovables: si en el 2050 tienen que cerrar las plantas de gas, pues se cierran". Toda una muestra de coherencia política por parte del Consejero del ramo, Sr. Pedro Ortega Rodríguez, el pasado 2 de diciembre, quien de esta manera se alinea con el firme y reiterado compromiso adquirido por el presidente Clavijo de conseguir una Canarias 100% renovable en 2050. Al fin una muestra de sentido común y buen criterio en este Archipiélago nuestro, "la Arabia Saudí de las renovables", que paradójicamente depende un 98% de las importaciones de combustibles fósiles.
Pero antes de celebrar la noticia como se merece, es muy urgente informar oficialmente a los operadores. Tanto Enagas como los demás inversores y promotores de la infraestructura gasista, tienen derecho a saber que el negocio previsto no será tal. Resulta de una importancia capital evitar un nuevo "caso Castor" con los enormes costes, en forma de demandas y reclamaciones de lucro cesante, que podría suponer para el contribuyente. Algo que en el sector energético (y otros) se ha convertido en un auténtico "modelo de negocio" por sí mismo, como consecuencia de la errática política regulatoria. De hecho, evitar ese quebranto es el propósito más urgente de este artículo.
Pero la cuestión de fondo es que ya no tiene sentido el proyecto de gasificación de Gran Canaria ni de Tenerife. Por desgracia, dada la enorme desinformación sobre este asunto, todavía hay quien cree que el gas es compatible con el horizonte renovable para 2050. Cualquiera que conozca el sector gasista, sabe que las concesiones y los periodos de amortización de las infraestructuras abarcan décadas, como es el caso de las regasificadoras con 50 años de vida retributiva. Solo con este dato, resulta meridianamente claro la incompatibilidad y la grave irresponsabilidad que supondría seguir destinando más recursos públicos a la implantación de otro combustible fósil que estará obsoleto mucho antes de generar el pretendido beneficio económico o medioambiental que sus defensores le atribuyen. Resulta inverosímil creer que los promotores vayan a construir, operar, amortizar, reducir paulatinamente la actividad, y obtener un legítimo beneficio antes de que se cierren las plantas en 2050.
Pese a lo rotundo de las actuales circunstancias, y oyendo el silencio del Gobierno y otros actores implicados, intuyo que todavía algunos defenderán el gas como un combustible adecuado para una ¿transición de 50 años? Si bien la energía geotérmica o marina son fácilmente gestionables, por el momento necesitamos alguna tecnología convencional de respaldo para complementar aquellas otras energías renovables que son intermitentes. Ni hay duda de que la combustión del gas natural resulta menos contaminante que la de los combustibles líquidos. Igual que ya nadie discute que cuanto mayor sea la contribución renovable al mix de generación, más económicamente competitivos y limpios serán los sistemas insulares.
Lo relevante es que la introducción de este combustible fósil necesita una importante economía de escala para lejanamente justificar las inversiones de dinero público y privado requeridas. De tal escala, que el gas ocuparía una porción muy significativa del mix de generación insular, lastrando nuestra economía e hipotecando el desarrollo renovable durante 50 años o más. De hecho, la planificación autonómica que tenemos sobre la mesa (las DOSE) le adjudican un exiguo 36% a las renovables, precisamente como consecuencia de la introducción del gas. Considerando el escenario que propone el Presidente Clavijo, de total sustitución progresiva de la generación fósil por la renovable durante el periodo 2016-2050, resulta que la tecnología transitoria "de respaldo" más adecuada no es en ningún caso el gas. Por el contrario, los casos de éxito apuntan hacia una combinación inteligente de sistemas de almacenamiento y gestión de la energía con grupos de generación fósil pequeños, flexibles y eficientes.
Además, no podemos ignorar el contexto. La introducción del gas se planteó a finales de los ochenta del siglo pasado, cuando las renovables eran inmaduras y no se conocía la verdadera magnitud de los riesgos medioambientales y de la dependencia energética. Pero ahora que la Cumbre del Clima ha logrado un acuerdo histórico entre las naciones del mundo, sería un anacronismo y un quebranto económico y medioambiental desaprovechar nuestros propios recursos limpios. Por suerte también los grandes agentes económicos y financieros globales dan por agotada la era de las energías fósiles. Sin ir más lejos, los fondos de inversión dirigidos por la familia Rockefeller (pioneros del petróleo) están liquidando sus activos energéticos basados en fósiles para reinvertir en tecnologías renovables. Lo mismo que hace la banca suiza (UBS) desde el año pasado, que recomienda no invertir en nuevos proyectos de generación con energías fósiles por su dudosa competitividad a corto plazo frente a las renovables.
En definitiva, el Gobierno de Canarias tendrá que plantearse seriamente cómo será el mix de generación que pregonan y deseamos para 2050, y cuáles serán los mecanismos que lo conviertan en un modelo más justo y más limpio. Cómo encaja el autoconsumo, para particulares, instituciones o empresas. Cómo influyen los grandes y pequeños sistemas de almacenamiento de energía. Las repercusiones del incipiente despliegue del vehículo eléctrico. Cuáles son los nuevos medios de gestión y control que las redes y microrredes insulares necesitan, etc. En definitiva, falta un trabajo serio y riguroso, fruto del estudio y el diálogo. Un trabajo indispensable para entender que el gas no solo no facilita ninguna transición, sino que paraliza la implantación del nuevo modelo. Un coste de oportunidad inasumible.
El presidente Clavijo tiene que asumir urgentemente la obviedad de que la regulación y planificación actual no se corresponden con el signo de los tiempos, ni con las prioridades que él mismo pregona. Necesita un verdadero plan para resultar creíble. Una hoja de ruta que pasa necesariamente por entenderse con los Cabildos, que ya están desarrollando o ejecutando sus propios planes renovables. Y que pasa también por lograr el respaldo al cambio por parte del próximo Gobierno que surja del Parlamento Español. No podemos olvidar que es el Gobierno de España el que decide en último término la política energética, pues sigue teniendo la llave de la financiación del sistema. Un verdadero pacto por la energía es ahora más urgente que nunca. Canarias no puede desperdiciar ni una legislatura más.
(*) Directivo del sector energético. Miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en Canarias
