El caso de Bradley Birkenfeld alcanzó notoriedad en EE UU porque proporcionó a las autoridades estadounidenses relevante información sobre la operatoria de la banca suiza y sus clientes para evadir impuestos. En 2012, este denunciante cobró 104 millones de dólares de la hacienda norteamericana, que, a su vez, ingresó cuatro veces más sólo con la sanción impuesta a la Unión de Bancos Suizos. Estos debieron facilitar, además, la lista de miles de defraudadores, permitiendo recaudar otros 5.000 millones de dólares; así que, en aplicación de una ley del año 2006, participó en los beneficios de la denuncia, que allí pueden llegar hasta el 30% de la multa impuesta.

Sin embargo, a pesar su continua cooperación o de merecer el mayor incentivo fiscal de la historia norteamericana y de que el ministerio público recomendase un trato favorable, un juez federal le condenó a 40 meses de prisión por participar en la citada evasión fiscal, con el futuro desaliento a los delatores de la industria financiera.

La figura del denunciante es un buen reflejo de la sociedad en que vivimos, así que ha sido protagonista de muchas películas (The insider, de 1999, con Al Pacino y Russell Crowe, es un buen ejemplo) con sus represalias, intrigas y emociones. Con frecuencia, actúan motivados por la venganza o la avaricia y no por nobles motivos. Recordemos que Garganta Profunda, quien causó con sus filtraciones la dimisión del presidente Nixon por el escándalo Watergate, fue un alto directivo despechado por su frustrado ascenso en el FBI.

En EE UU, desde que se abrió en 2011 la Oficina de Denuncias de la Comisión de Valores (SEC), se reciben cerca de 4.000 cada año. Allí, que son tan amantes de las estadísticas, la Asociación de Investigadores Certificadores de Fraudes reconoce que las denuncias son la principal causa del descubrimiento de estas fechorías (un 42%) frente a las revisiones reglamentarias (16%), la auditoría interna (14%) o externa (3%) y la casualidad (7%).

La SEC ha admitido tener un problema con los "acusadores de serie", que presentan decenas de reclamaciones falsas con la esperanza de que alguna dé lugar a un premio. También debemos recordar aquel quijotesco prejubilado alemán que, armado diariamente con su libreta, había llegado a presentar 30.000 denuncias firmadas en seis años: viandantes, peatones y cualquier persona o negocio que, a su juicio, incumplía alguna reglamentación eran objeto de sus acusaciones, que las autoridades se veían obligadas a tramitar. ¡Ah! También denunció al canal RTL por incluirlo en un reportaje sobre "Los 10 alemanes más locos".

Sin embargo, el asunto de las denuncias se vuelve aún más controvertido cuando son anónimas, pues ofrecen muchas dudas jurídicas, por mucho que se hayan demostrado eficaces en la lucha contra la corrupción de la gestión pública. En España, las pocas experiencias reguladas que existen se fundamentan en la rebuscada diferencia entre una denuncia formal y una "comunicación ciudadana sobre actuaciones fraudulentas" como la que permite actuar a la Inspección de trabajo a través de su web. Es el mismo sistema que el Ministerio del Interior ha implantado para denunciar conductas extremistas de personas o grupos radicalizados o la existencia de individuos que hayan viajado a zonas de conflicto, en el marco de la lucha contra la yihad.

El uso de internet abre nuevas perspectivas para amplificar o dar una nueva perspectiva a estas denuncias. Un buen ejemplo lo encontramos en el marco del Día internacional contra la corrupción (9 de diciembre, instituido por la ONU desde hace una docena de años), pues la organización "Transparencia Internacional" (TI) ha anunciado que celebrará la efeméride abriendo un plazo de dos meses (hasta el 9 de febrero de 2016) para que el público en general vote en www.unmaskthecorrupt.org sobre los mayores símbolos de la corrupción. En la fase previa de la campaña, TI recibió 383 nominaciones de casos de corrupción a gran escala, de las que seleccionó 15 para la votación durante los próximos dos meses.

De esta original competición destacamos como principales "nominados" la fortuna del expresidente tunecino Ben Alí, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), el escándalo Petrobras de Brasil o los negocios del presidente guineano Obiang. Sin embargo, sorprende encontrar entre ellos al pequeño Estado norteamericano de Delaware, que justifica su deshonrosa mención por ser "un paraíso para el crimen transnacional" gracias al secreto corporativo que permite a los "corruptos, narcotraficantes, estafadores y defraudadores borrar sus huellas blanqueando su dinero". De hecho, alberga las sedes de 250.000 empresas y la mitad de las compañías Fortune 500 están domiciliadas allí. ¿Por qué? Su legislación exime de impuestos a las sociedades limitadas en manos de extranjeros no residentes cuya identidad está protegida por sus leyes, siempre y cuando no operen allí. Además, el Impuesto sobre la Renta oscila ente el 2% y el 7%. Todo muy limpio y cómodo.

Seguro que usted está pen-sando, como yo, en la gran hipocresía que desvela esta nominación por atraer dinero negro del exterior y que se contradice con los esfuerzos que realiza la inspección de hacienda norteamericana para evitarlos en sus nacionales.