Todos los isleños, de cualquier isla, sentimos que nuestra institución más representativa y querida es el Cabildo de la isla. Esta afirmación rotunda, no es exagerada y esta institución viene considerándose así desde su recreación en el año 1912, convirtiéndose en la representación de cada isla ante la Diputación Provincial. En 1927, bajo la dictadura de Primo de Rivera, el Gobierno de la Nación atendió ¡por fin! las continuas peticiones de Gran Canaria, para crear dos provincias, cada una con su Diputación. (Ya antes en 1912 la Ley del 11 de Julio y el Reglamento del 12 de Octubre, tutelado por Leopoldo Matos, se habían creado las dos provincias, pero no llegaron a ponerse en funcionamiento por la habilidad tinerfeña que logro parar este primer intento). Las Diputaciones Provinciales fueron sustituidas por dos Mancomunidades Provinciales, una en cada Provincia y constituidas por los Cabildos de las mismas: Mancomunidad de la provincia de Las Palmas por los de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y Mancomunidad de la provincia de Tenerife por los de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Todo esto acabo con la provincia única y su diputación provincial, con la consiguiente perdida de poder de Santa Cruz de Tenerife.
La creación de la Autonomía canaria y su Estatuto por Ley Orgánica en 1982 significó una marcha atrás del poder cabildicio y la desaparición de sus dos mancomunidades, pues los sucesivos Gobiernos Autonómicos así lo han querido. Debido a ello se han producido numerosas irregularidades en la Administración canaria. A continuación exponemos algunas:
1ª-La negativa del Gobierno a ceder competencias los Cabildos, como recoge el Estatuto canario (Título 1º sección 3ª del Estatuto) y cuando se ha hecho alguna, el Gobierno sigue manteniendo el control de lo que transfiere.
2ª-La duplicidad de las sedes de Gran Canaria, creando la misma en Tenerife, controlando sus competencias y minimizando las de Gran Canaria. El ejemplo más escandaloso es la Consejería de Economía y Hacienda, que por Ley corresponde a Gran Canaria.
3ª- La Organización Administrativa Canaria, en la cual se establece la triple paridad en nuestro sistema electoral, lo que significa que el voto del 80% de la población, en Gran Canaria y Tenerife, vale lo mismo que el 20% restante, en El Hierro, Fuerteventura, Gomera, Lanzarote y La Palma. Como curiosidad, que no entiendo, en el estatuto no aparece la palabra provincia.
4ª- Creación y aumento del centralismo del Gobierno Canario, instalado ya en Tenerife y sin posibilidad de alternancia cada cuatro años.
5ª- Duplicidad de las diferentes instancias judiciales, que debían de estar todas en Gran Canaria.
6ª- Manipulación de las finanzas canarias para favorecer, siempre que pueden, a la isla de Tenerife.
¿Para qué seguir? La lista sería larga y nos apartaría del fin que persigue este artículo.
Fruto de todo esto es, como ya hemos citado, nuestro sistema electoral con la triple paridad, negación de todo principio equitativo y causa de la pérdida de solidaridad entre islas, instituciones y canarios. Nosotros los canarios somos insularistas, palabra tergiversada por muchos medios y partidos políticos ( p. e. Coalición Canaria, muestra clara de insolidaridad) y lo somos tal y como lo han definido multitud de historiadores canarios, como Antonio Bethencourt, Carballo Cotanda, Manuel Ramírez, Velázquez Cabrera, Pedro Díaz, etc.; lo somos por imperativo geográfico y social; y este insularismo es solidario en cada isla con las restantes. Recuerdo por ejemplo las ayudas a Fuerteventura y Lanzarote por las hambrunas del siglo XIX y principios del XX. Mas recientes los desastres naturales e incendios en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, o los seísmos en El Hierro. Importante también el incremento de viajes interinsulares por vacaciones, negocios y visitas familiares, etc....No , no somos insularistas en el sentido que lo define Coalición Canaria, que si lo es como ella lo define y lo demuestra desde el Gobierno autónomo favoreciendo, siempre que puede a Tenerife, en detrimento de las restantes islas, sobre todo Gran Canaria. Coalición Canaria, además, ha "jugado", por temporadas, con un independentismo, indefinido y ambiguo, sin tener en cuenta que los canarios somos y nos consideramos españoles. (Excepto una minoría muy residual). Esta política coalicionera mantiene y aviva el "pleito insular", pleito que ha existido siempre, pero fundamentalmente a partir del siglo XVlll y sobre todo del año 1927, cuando se hizo la división provincial, que entre otras cosas, le quito el poder a la diputación de Santa Cruz de Tenerife, con el consiguiente disgusto y cabreo de la burguesía santacrucera y lagunera. Después de la Autonomía, Coalición Canaria esta intentando restablecer la época de la diputación única tinerfeña.
Pero, como hemos dicho anteriormente, lo más grave es nuestra organización administrativa; el estatuto canario contempla a la hora de votar tres igualdades: Igualdad de diputados entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, igualdad de diputados entre las sumas de Gran Canaria y Tenerife y la suma de los de las otras cinco islas e igualdad de diputados entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. La triple paridad. Esto que ya es conocido en la Península, es considerado allí y aquí como una aberración legislativa, democrática, irracional, etc...Solo defendido por Coalición Canaria, ya que a ello le debe gobernar siempre nuestra Autonomía, arrinconar a Gran Canaria en lo posible; en definitiva poder, dinero y aprovecharse del Presupuesto.
Sobre lo anterior hay varias soluciones, unas inviables o difíciles, como la doble Autonomía o la Autonomía simple de Gran Canaria, la desobediencia fiscal que me parece absurda y otras que desconozco. Una propuesta realizable y en marcha, es cambiar nuestra Ley Electoral, disminuir las competencias del Gobierno y aumentar las de los Cabildos. Esta solución ha sido reiteradamente propuesta por el grupo de opinión Tamarán, nada menos que desde su creación, hace ahora 20 años. Para impulsarla una vez más, a lo largo del año 2015, nos hemos reunido con miembros notables de diferentes partidos políticos canarios: cuatro del PSOE, tres del PP y dos de Nueva Canarias. Todos estaban de acuerdo con nuestra propuesta, con mayor o menor entusiasmo, menos uno del PSOE que estaba en desacuerdo. Recuerdo que el PP, por boca de José Manuel Soria, dijo en este diario y hará 2 o 3 años, que el gobierno regional debía de tener, como máximo, seis Consejerías. Nuestra propuesta anterior a la de Soria y que hemos comunicado también en este periódico es la siguiente:
1ª- Reducción de Consejerías en el Gobierno Canario a cuatro: Presidencia, Sanidad, Educación y Hacienda. Esta última administraría los dineros aportados por el Estado Español y Europa y un porcentaje del 20%, aportado por las islas como solidaridad. Para administrar este dinero, se crearía una Comisión entre el Gobierno y los Cabildos.
2ª- Los Cabildos recaudarían el 20% antes citado y habría que decidir su reparto, por ejemplo en función de su PIB per cápita y que cantidades recibirían o aportarían cada uno. De todas formas este punto es complicado y habría que ver que variables macro y micro económicas se escogen.
3ª-Modificación de la ley electoral, lo que es imprescindible, perentorio y justo. Creo que todos los partidos políticos, menos Coalición Canaria, que ya ha dicho que no, estarán de acuerdo; habrá Partidos locales que se opondrán , probablemente, en las cinco islas mal llamadas menores ( Lanzarote, Fuerteventura y La Palma no lo son), pues han conseguido esta modificación que les favorece en votos. Pero hay que ser inflexibles y duros y en el caso de Gran Canaria, influir todo lo que este a nuestro alcance sin prejuicios. No obstante yo creo que el canario, sea de la isla que sea, es razonable y solidario, por lo que puedo estar equivocado y ser más fácil de lo que pienso. Este asunto habría que planteárselo a los partidos de ámbito nacional en el Parlamento, o sea a PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Como curiosidad, la organización administrativa vasca se basa en las provincias y Diputaciones de cada una: recaudan, administran y hacen sus presupuestos, sin entregar nada al Gobierno vasco, que aparte de proponer leyes a su Parlamento y conducir la política autonómica, no sé qué más hace. En el grupo de opinión Tamarán, hemos propuesto la siguiente composición del Parlamento, como hipótesis de trabajo:
El Parlamento se reduciría, siendo el número de diputados proporcional al numero de habitantes de cada isla, a razón de un diputado cada 50.000 habitantes o fracción, más dos representantes por isla. Con la demografía actual serían 10 diputados por Gran Canaria, 10 por Tenerife, 5 por Lanzarote, 5 por Fuerteventura, 5 por La Palma 3 por La Gomera y 3 por El Hierro, lo que haría un total de 41 diputados.
¿Servirá para algo este escrito?. ¿La opinión ciudadana se sentirá motivada o continuaremos con nuestra tradicional abulia? ¿Seguirán las disputas entre los políticos grancanario, por obtener ventajas personales, olvidando la defensa de su isla, que es su primera obligación? Antes de proseguir creo que es justo decir aquí, que los dos últimos presidentes del Cabildo de Gran Canaria, han cumplido esta obligación: José Miguel Bravo de Laguna y sobre todo Antonio Morales, haciéndolo con convicción, claridad y valentía.
Volviendo a la utilidad de este artículo, me temo será poca. Desgraciadamente mucho habitantes de nuestra isla redonda, ocupados en sus asuntos y pleitos personales, piensan que esto es asunto exclusivo de nuestro políticos y así nos va.
¡Se equivocan!:
1º- Hay políticos competentes, serios y honrados.
2º- Somos nosotros tan responsables o mas que ellos y ya es hora de que nos preocupemos por nuestros asuntos comunes y seamos solidarios con nosotros mismos.
¡Grancanario! tú eres responsable en primer lugar de cómo salgan nuestros intereses comunes. No te duermas.
