La Provincia - Diario de Las Palmas

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Inventario de perplejidades

Retrato de una infanta

En palacios y museos de nuestro país son abundantes los retratos de los hijos e hijas de los reyes de España. No todos destacan por su calidad ni por la belleza de los modelos, pero algunos de ellos alcanzaron fama universal y se cuentan entre las obras maestras de la pintura de todos los tiempos . Como aquellos dos salidos del pincel de Velázquez (Las Meninas y el Príncipe Baltasar Carlos a caballo) que ahora se exhiben en lugar destacado del museo del Prado. O el de la familia de Carlos IV en el que Goya, pintor de la corte para mayor atrevimiento, desnudó la estulticia y la bobaliconería de muchos de los allí retratados sin que estos protestaran ni dejaran de pagar la factura del encargo. Es una larga tradición artística, esta de pintar a los reyes y a sus descendientes, que se cerró, por el momento, con la culminación del retrato de la familia de Juan Carlos I, una obra encargada al pintor manchego Antonio López y que llevó nada menos que veinte años de tan lenta como minuciosa elaboración. Y precisamente en este cuadro figura la infanta Cristina que ahora está siendo juzgada en la Audiencia de Palma de Mallorca como colaboradora necesaria en dos delitos fiscales de los que es acusado su esposo Iñaki Urdangarin junto con otras personas que supuestamente desviaron irregularmente fondos públicos hacia entidades privadas creadas de propósito para recibirlos. En los medios, que estuvieron especialmente atentos a las reacciones de la Infanta durante el primer día del que se prevé larguísimo juicio, se destaca que la hermana del Rey mantuvo durante horas una actitud hierática y que su rostro se convirtió en una mascara que no dejaba traslucir las emociones. O dicho en otras palabras, que puso cara de palo y no la apeó hasta que el tribunal levantó la sesión hasta el 9 de febrero próximo mientras resuelve las cuestiones preliminares objetadas por las partes. Y entre ellas, las presentadas por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y su propia defensa, que argumentan basándose en tres sentencias del Tribunal Supremo y siete de las Audiencias Provinciales, que desarrollan la conocida como 'doctrina Botín' (aquella que sirvió para exculpar al fallecido banquero) que impide juzgar a una persona por delito fiscal si la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan. Una primera línea de defensa a la que habría que añadir un documento presentado, a última hora, por la Fiscalía en la que el Ministerio de Hacienda estima que no se puede trasladar al ámbito penal lo que constituye simplemente una infracción administrativa, ya que la Infanta era socia y no administradora de la firma de la que era titular su marido. A expensas de lo que decidan las tres magistradas, la infanta Cristina lo tiene difícil. Si es exonerada en la fase preliminar del juicio la decisión exhalara un tufo de complicidad entre órganos del Estado para salvarla. Y si lo es al final del procedimiento, lo mismo, con el añadido de muchas jornadas fatigosas calentando el banquillo de los acusados. Al margen de todo ello, fue muy fea la irrupción del juez que instruyó la causa negando la aplicabilidad de la doctrina Botín a este caso.

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