Debería ser motivo de escándalo para los votantes españoles que alguien pudiera presentarse o ser elegido para representar más de una institución gubernamental simultáneamente. Muchos miembros del actual Congreso o del Senado ya habían sido elegidos en las últimas elecciones municipales, autonómicas y europeas como concejales, consejeros o eurodiputados. Es un acto de inmoralidad política que debería estar prohibido por ley. Además, un examen minucioso del currículo de cada uno de los parlamentarios y senadores elegidos deja un mapa desolador: en algunos partidos, la densidad intelectual es indigna de un parlamento de una moderna nación europea. Los electores han votado como representantes cualificados a gente que no solo no reúne la formación necesaria sino que no reúne cualificaciones para desempeñar ni siquiera un empleo de auxiliar administrativo. A algunos de los elegidos les he escuchado decir en campaña electoral que su prioridad era crear puestos de trabajo, cuando no han desempeñado jamás ninguna actividad laboral o empresarial. Penoso. El peor voto en democracia es el del analfabeto, y en ese sentido España está a la cabeza del analfabetismo funcional y político de Europa.

Contrariamente a lo que creen los españoles, la Constitución Española es una de las más avanzadas del mundo. Otra cosa es su aplicación. El artículo 67.2 de nuestra Constitución establece que "los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo". La prohibición del mandato imperativo está vinculada al concepto de soberanía nacional, por lo que el mandato imperativo ha dado paso al mandato representativo como corolario de la representación nacional: "Las Cortes Generales representan al pueblo español" (artículo 66.1). La función representativa que tiene cada diputado proviene de sus electores y en el ejercicio de esa función no cabe la imposición de ninguna mediación de carácter territorial ni partidaria. El propósito es que la disciplina de partido no condicione la opinión en libertad de ningún parlamentario. Aunque los diputados y senadores tienen libertad de voto según la Constitución, la prohibición formal del mandato imperativo se ha visto mediatizada en la práctica por el juego de los partidos políticos y grupos de presión. A pesar de que el sistema electoral del Congreso basado en listas cerradas limita la libertad de actuación individual del diputado, el diputado no está obligado a renunciar al escaño por votar en contra de su partido ni por causar baja en el partido por el que fue elegido. No por dejar de pertenecer a su grupo parlamentario de origen deja de ser un representante del pueblo, lo que refuerza la idea de la prohibición del mandato imperativo.

En Estados Unidos no hay disciplina de voto. El propio presidente Obama se las ha visto y deseado para aprobar leyes con votos a favor y en contra de su partido y de la oposición. Aunque la financiación de los partidos en EE UU es distinta, jamás se aceptaría que países en las antípodas de las democracias occidentales como Venezuela o Irán financiaran un partido con representación en el Congreso. En Alemania, los diputados no están ligados a ningún mandato y no pueden ser sometidos a procedimiento judicial o disciplinario como consecuencia de su voto. Alemania tiene un gobierno de coalición entre los dos partidos mayoritarios: el conservador, que ganó las elecciones aunque sin mayoría absoluta (como en España) y el socialista (segundo más votado). En Gran Bretaña y en Italia también existe libertad de voto. En Francia, la Constitución dice que el mandato imperativo es nulo y que el derecho a voto de sus parlamentarios es personal.

Según sus propias palabras, el ex Fiscal General del Estado Eligio Hernández podría entender que el PSOE no apoye un gobierno del PP en coalición como en Alemania, pero no entiende que no pueda abstenerse para que el partido más votado gobierne. Destacados dirigentes socialdemócratas han manifestado públicamente que la única salida a la complicada situación política postelectoral es que el PSOE se abstenga para que Rajoy pueda formar gobierno y garantizar la estabilidad de España. En caso de no abstenerse, es posible que se produzca una rebelión dentro del PSOE y 13 de sus diputados ejercieran el derecho constitucional a romper la disciplina de partido para garantizar la gobernabilidad de España. Si por el contrario el PSOE en su ceguera intelectual prefiere un pacto con infames políticos radicales y antisistema que dicen saber gobernarnos mejor si llegan al poder, se tendrán que convocar nuevas elecciones. En el primer caso, España dejará de ser un país serio y será verdad que Europa empieza en los Pirineos. Habrá una gigantesca movilización pública que no tolerará que "España se independice de España", que Cataluña (y después el País Vasco) siga con su Golpe de Estado, y que se destruya la soberanía nacional. Las previsibles consecuencias que producirá un poder legislativo en manos de payasos, individuos en chándal y madres insensatas exponiendo a sus bebés prevacunales a un gentío tosiendo, no son nada halagüeñas. El pacto de progreso del que habla el Sr. Sánchez es un proceso de retroceso a 1934. En el segundo escenario, la radicalización del voto convertirá al PSOE en un partido marginal. En ambos casos, destacados líderes nacionales e internacionales pedirán la cabeza del Sr. Sánchez y la refundación del Partido Socialista en manos de nuevos dirigentes. Buen día y hasta luego.