Entender la jerga de un juez es más difícil que descifrar la caligrafía de un médico. El lenguaje esotérico es la primera regla para preservar los privilegios de casta. En cambio, a José Castro y Juan Pedro Yllanes se les entiende todo, lo cual les convierte en seres molestos. No importa que el primero se haya limitado a concretar oralmente opiniones que abundan en sus autos del caso Infanta. Ni que el segundo sea diputado por Podemos. Han de callar. Si desean manifestarse sobre cuestiones políticas, que se afilien al PP. No consta ni una sola protesta estentórea, mientras el magistrado Enrique López encadenaba medio centenar de colaboraciones con la fundación Faes de Aznar. Entre otras cosas, porque a nadie le interesaba su opinión.
La libre expresión se sigue entendiendo como la libertad ajena para decir lo que nosotros pensamos, y no otra cosa. Yllanes ha suministrado la explicación más diáfana hasta la fecha de la doctrina Botín, resaltando que en el pecado original se anuló por completo el delito fiscal, que prevalece con o sin Infanta en la doctrina Borbón. Por su parte, Castro ha resumido en un exabrupto la escandalosa política tributaria del Estado.
Antes de Yllanes existió Baltasar Garzón, que desarrolla la parte crucial de su tarea histórica tras haber sido candidato estrella y secretario de Estado del PSOE. Instruyó contra los socialistas y contra el PP, fue liquidado por atreverse con San Franco. Simétricamente, sugerir que Castro influye en el juicio de la Audiencia empequeñece a Pero Grullo. Aparte de constituir otra agresión machista al temple de las tres magistradas, olvida que sin la labor del instructor no habría proceso posible. Castro no ha influido, ha determinado en sus mínimos recovecos el procedimiento en marcha.
La libertad de expresión siempre es una transgresión, o no tiene más sentido que una publicación en el Boletín Oficial del Estado. Lo inadmisible es que la practique Podemos, esa formación diabólica que ejerce el nepotismo desde la más tierna infancia. En la sentencia seminal de la corrupción mallorquina que redactó como ponente, Juan Pedro Yllanes esgrime a modo de argumento la manifestación "Qui estima Mallorca no la destrueix", en la que había participado. El Supremo confirmó. En las decenas de folios de la sentencia del Túnel de Sóller, se omite que Gabriel Cañellas era a la sazón presidente del Govern. El Supremo confirmó. Son dos formas en las antípodas de ejercer la libertad de opinión, solo una de ellas se considera perniciosa.
Aviados estamos, si la proficiencia jurídica de la Audiencia se tambalea por las expresiones de un colega. Numerosos jueces se pronuncian en foros académicos o ciudadanos, sin que su opinión conlleve escándalo. El problema que plantean Yllanes y Castro no consiste en que hablen, sino en que se les escucha.
