Siete meses es tiempo suficiente para hacer repaso del trabajo realizado por el tripartito en el gobierno municipal de la ciudad y, en particular, del grupo político LPGC Puede, es decir, Podemos y otros, que se erigió con seis concejales en la gran sorpresa de las elecciones municipales, apareciendo ante los vecinos como los únicos garantes de las políticas sociales, de la ética, de la participación y de la transparencia. En fin, ya saben, el mesías que estábamos esperando. Recuerdo que los felicité por el respaldo alcanzado y con cierta ingenuidad esperaba con interés conocer sus propuestas. Pero veamos qué ha ocurrido en realidad en estos siete meses.

LPGC Puede es un fraude. En esto se resume lo relevante de este balance. Un fraude ideológico, un fraude como partido político, un fraude en la gestión, pero sobre todo un fraude ético.

Empecemos por algo básico, la buena educación, amabilidad, cercanía y respeto que prometieron a los vecinos. Se cuentan por cientos las personas damnificadas por la actitud irrespetuosa y fraudulenta del líder de este grupo. Gritos, exabruptos, salidas de tono y toda clase de engaños en sus reuniones con los vecinos. Los de Tafira, por ejemplo, aún no salen de su asombro. Lo cierto es que hablamos de seis concejales que no responden ante ningún órgano político ni asamblea. No tienen partido político. No consultan ni dan a cuenta a nadie. Van por libre y hay muchas personas que de buena fe los apoyaron y hoy se preguntan qué ha pasado con tantas promesas incumplidas. De participación y transparencia nada de nada.

En el ámbito municipal, la aprobación del presupuesto para 2016 batió el récord mundial de velocidad y precipitación, cuando se comprometieron a que sería participativo. Y qué decir del catastrazo. Lo ocultaron deliberadamente y cuando se descubrió la maniobra, reconocieron que no lo habían dicho por razones técnicas que los ciudadanos no entenderían. Y tan tranquilos. Ni una sola asamblea ni consulta a sus bases, aunque nos queda, eso sí, la histórica pregunta sobre la calle Juan Rejón, auténtica burla a los bienintencionados vecinos que participaron en ella.

Ni cargos de confianza, ni asesorías externas, ni coches oficiales, dijeron. Sin embargo, han aumentado el personal de libre designación y directivo, encargan informes jurídicos externos innecesarios y es una evidencia la utilización de los vehículos oficiales, aunque se esconden para que los demás no los veamos. Empiezo a dudar si lo llevan en los genes o mienten como último recurso ante su manifiesta incapacidad. O las dos cosas. Lo hemos visto en Emalsa. En seis meses hemos pasado de tener un mayor control de la concesionaria del agua a través de la intervención municipal a asistir al bochornoso espectáculo de ver cómo la empresa anuncia una querella contra el interventor con la pasividad de los concejales presentes en el consejo de administración. ¡Y habían prometido la remunicipalización del servicio de aguas! Y mientras en los medios de comunicación dicen que se opusieron a esa denuncia, la realidad demuestra lo contrario. Cobardía de no afrontar los hechos, complicidad con los gestores privados de la empresa de aguas y un nuevo engaño a los ciudadanos. Lo último ha sido cargarse al Jefe de Servicio, anterior interventor municipal en la concesionaria.

Han paralizado la obra del paseo de la Cícer porque dicen que no hay licencia de Costas y resulta que la autorización está concedida desde 2013. Los baños de Santa Catalina, terminados desde hace cinco meses, no los han abierto por mala gestión y engañan a los vecinos diciendo que falta la licencia de apertura cuando esta obra no la necesita. Te dicen una cosa y la contraria y, sin inmutarse, tienen el cinismo de decir que necesitamos más vocabulario para entenderlos.

Pero el premio al incumplimiento y la incoherencia -valga el eufemismo- lo encontramos en el cobro de las dietas por asistencia a reuniones por parte de dos concejales con dedicación exclusiva por la que reciben un sueldo. Dicen que ha sido un error y que van a devolverlas. Pues vayan recogiendo los bártulos porque, según Pablo Iglesias, su líder supremo, los errores en política se pagan con la dimisión.

Pero no, no ha sido un error. En la comisión de un error, desde la óptica jurídica, hay un vicio de la voluntad. Uno se equivoca sin desearlo o por ignorancia. En este caso, sin embargo, ha existido una voluntad inequívoca de querer percibir un ingreso adicional al sueldo que reciben. ¿O es que no consultaban sus cuentas corrientes? Es muy sencillo: el acuerdo de gobierno suscrito por el grupo político al que pertenecen dice que "garantizan que sus concejales con dedicación exclusiva recibirán un único salario por todas sus competencias" y para reforzar este principio, el código ético de LPGC Puede señala que no cobrarán remuneraciones extras por asistir a reuniones. Pues bien, los concejales afectados han incumplido deliberadamente estas normas pues cada mes recibían una transferencia de la Consejería de Educación por su sueldo como funcionario en servicios especiales con dedicación exclusiva y otra transferencia, del Ayuntamiento, por las dietas correspondientes a las reuniones a las que asistieron, según la certificación de asistencias que recibían cada mes. Solo cuando han sido descubiertos se han apresurado a deshacer el camino, decir que ha sido un error y que están dispuestos a devolverlas. En solo seis meses han demostrado lo que ya muchos sabíamos y dado que han sido ellos mismos los que han colocado su propio listón de la exigencia ética para la práctica de la política, deberían obrar ahora en coherencia y asumir su responsabilidad. Pero es obvio que no lo harán. Pablo Iglesias no se refería a ellos.