El pasado viernes presenté en la Fiscalía Provincial un escrito denuncia sobre los hechos, decisiones en unos casos y omisión de ellas en otros, sobre la actuación del tripartito municipal en sus relaciones con Emalsa. Me pareció prudente presentarla sin convocar la típica rueda de prensa pues creo que la Fiscalía debía recibirla antes y no leerla en los periódicos. Sin embargo, días después tengo la obligación de explicar a mis vecinos las razones por las que he decidido dar este paso y poner en conocimiento del Ministerio Fiscal una conducta continuada, la del alcalde y su gobierno, que a mi juicio ha traspasado la frontera de lo admisible en la discrecionalidad política y se adentra en la irregularidad administrativa y posiblemente penal.

Ha sido determinante en esta decisión conocer el acuerdo de Emalsa de querellarse contra el funcionario municipal designado por la Junta de Gobierno y que dirigió la intervención municipal de los servicios públicos concesionados a aquélla, pero sobre todo la cobarde e inmoral actuación de los concejales presentes en su consejo de administración quienes no levantaron un solo dedo para defenderlo, contribuyendo así a la estrategia de Emalsa de desacreditarlo y descalificar el proceso de intervención. Es decir, han preferido ser cómplices del juego sucio de la empresa y no han defendido, como era su deber, los intereses de la ciudad.

Esta fue la gota que colmó el vaso, pero es evidente que las razones de la denuncia no terminan aquí. A los veinte días del cambio de gobierno el nuevo alcalde anunció cuáles eran sus intenciones sobre el proceso de intervención municipal en Emalsa, tachándolo de farsa y show, abortando los intentos de control que perseguía la intervención. Desde entonces y hasta ahora ha actuado en consecuencia, aunque para ello haya tenido que saltarse la ley, obviando los informes técnicos que le advertían de graves incumplimientos contractuales. Han pasado siete meses de aquellas palabras y casi cinco desde que metiera en un cajón la intervención y su quinto informe, firmado por seis funcionarios en los que se relatan hasta catorce incumplimientos de contratos y otras irregularidades. Durante este tiempo les hemos advertido en dos ocasiones de que debían proceder a valorar las consecuencias jurídicas de esos informes, entre las que no descartábamos la resolución de los contratos. No lo han hecho. Insultos y descalificaciones han sido la respuesta, además de la apuntada querella criminal contra el interventor al que, además, han cesado en sus funciones como jefe de unidad, colocando a un laboral al frente y como supervisor a don Benito Cabrera, único funcionario en ejercicio que participó en la venta de Emalsa en 1993, por lo que conoce muy bien el expediente.

Y esta es otra de las razones de la denuncia. Durante estos meses el alcalde Hidalgo ha venido anunciando su propósito de pagarle a Emalsa los servicios de saneamiento facturados a pesar de que los funcionarios municipales no convalidaban las certificaciones al considerar que facturaban servicios no prestados. ¿Cuál ha sido la solución? Sustituir al funcionario incómodo, responsable de la firma. Pronto empezaremos a ver cómo comienzan a librar los primeros pagos, aunque confío en que la presentación de esta denuncia haga entrar en razón a quien avanza en esa dirección.

El último episodio ha sido recepcionar una infraestructura construida por el Gobierno de Canarias que los últimos informes municipales consideraban, al tener vicios ocultos, que no estaba apta para ser recibida, además de que Emalsa reclamaba una cantidad cercana a los 300.000 euros para hacerse cargo de su gestión. Tras la sustitución del Jefe de Unidad, la depuradora de Tamaraceite, infraestructura a la que me refiero, ha sido recepcionada por el alcalde a bombo y platillos sin que exista constancia de que los defectos hayan sido reparados ni en qué condiciones va Emalsa a hacerse cargo de dicha instalación.

En diciembre de 2013 puse en conocimiento del Ministerio Fiscal una serie de hechos que sucedían en el entorno de Emalsa y sus socios privados. Hoy, tras esa denuncia y la querella presentada por la Fiscalía, un juzgado de instrucción investiga posibles delitos societarios que, de confirmarse, acreditarían el daño producido al interés público. Desconozco si la conducta del tripartito guarda alguna relación con los hechos entonces denunciados, pero sí sorprende que, precisamente por ello, no hayan extremado la diligencia debida y hayan tirado por la borda todo el trabajo de control que comenzó en 2012 con el Informe que encargué a un grupo de funcionarios de la casa para que hicieran una radiografía real de la situación y continuó con la intervención municipal que durante dieciocho meses nos permitió recuperar, poco a poco, el control público sobre los servicios prestados por Emalsa, además de haber acreditado los incumplimientos contractuales del operador.

El servicio público del agua es el más básico de cuantos está obligado a prestar el Ayuntamiento. Hoy está en riesgo y resulta prioritario para mí y el grupo municipal popular defenderlo. Por responsabilidad, y por el cumplimiento más estricto del deber.