Parece inminente el acuerdo del Parlamento de Canarias para abrir la Comisión de Estudio para la Reforma Electoral.

Desde los lejanos días del "a mí nadie me para por la calle para preguntarme por el sistema electoral", hasta el momento actual en el que concurren dos propuestas de apertura de Comisión en la Mesa del Parcan, es obvio que las cosas han cambiado; y mucho.

Los procesos para reformar los sistemas electorales autonómicos se extienden por toda España. Tras Asturias, Castilla La Mancha, Murcia, Castilla y León o Madrid, ha llegado la hora para la reforma electoral de Canarias.

Hace casi nueve años que nuestro foro cívico trabaja para esta meta. Que se ponga en marcha la Comisión parlamentaria es un logro que consideramos un éxito de toda la sociedad canaria. Hace tiempo que venimos promoviendo este instrumento de diálogo y encuentro parlamentario. Hemos insistido desde el principio en que una reforma de tal calado y trascendencia no debe abordarse con la simple confrontación de propuestas de ley de mayorías parlamentarias, sino con el consenso más amplio posible, para que tenga en cuenta todos los puntos de vista y pueda perdurar.

Tras las manifestaciones del 19 de junio organizadas por DPC en ambas capitales canarias, nuestro foro promovió la petición de la Comisión a través de los tres principales grupos de la oposición: Popular, Nueva Canarias y Podemos.

Recientemente, Coalición Canaria y Partido Socialista Canario han presentado su propuesta de apertura de Comisión. A pesar de que en su texto han querido verter diversos condicionantes, lo cierto es que los grupos que sustentan al gobierno también han dado pasos evolucionando del "no hay nada que estudiar" hasta la presente propuesta. Juzgamos esta nueva orientación muy positiva.

Ya fuera a través de la propuesta presentada por los grupos de la oposición, o por la de los del gobierno, lo relevante es que se podrá poner en marcha de ma-nera inmediata la Comisión de Estudio.

La Comisión, y no una mera mesa de debate, es el instrumento parlamentario adecuado que permitirá exponer todas las posiciones y escuchar a todos: partidos políticos, expertos, ciudadanía e instituciones.

Constituida la Comisión, se iniciará el momento del diálogo, el encuentro, el debate, el consenso y, finalmente, el acuerdo, que pueda poner en hora a Canarias, tras treinta y cuatro años de congelación por mor de la Disposición Transitoria primera.

Por eso, actitudes que pretendan aún dejar a nuestro archipiélago en el siglo pasado, querien-do mantener las mismas posiciones infrademocráticas del posfranquismo, no pueden contar con la comprensión de una sociedad políticamente madura e informada.

El tiempo de los frentistas que siguen agitando el espantajo que presenta a las islas capitalinas como las tiranas del aplastamiento, del centralismo, de los desequilibrios y, en definitiva, de todos y cada uno de los problemas que afectan a los ciudadanos canarios de las islas no capitalinas, sencillamente, ha pasado, se ha terminado... no cuela. Creemos más adecuado que esos viejos modos de hacer política se sobrepasen definitivamente.

A los partidos y políticos anclados aún en esa visión que acaba en las orillas de cada isla les pedimos un esfuerzo de puesta al día. Y esta exigencia debemos aplicárnosla todos, pues de lo que se va a tratar es nada menos que del futuro de la organización y convivencia que permita a Canarias -a toda Canarias- situarse en las mejores posiciones para su desarrollo económico y social.

Ahora hay un elefante en la habitación. Es el elefante de la reforma electoral, y mirar hacia otro lado no hará que se esfume. Tampoco va a poder salir del paso con meros retoques cosméticos.

Toca ahora que todos los partidos políticos ejerzan la gran responsabilidad que requiere el momento y sepan abordar cada uno de los aspectos que lastran al peor de los sistemas electorales autonómicos vigentes. Hay que tratar el problema de las extraordinarias barreras electorales canarias, sí; pero también el importantísimo problema de la infrarrepresentación de la enorme mayoría poblacional de Tenerife y Gran Canaria, que dispone de un 50 por ciento de escaños, cuando sus habitantes suman el 83 por ciento de los electores.

El problema está bien expuesto. Hay consenso de los expertos en el diagnóstico, como ya dejaron patente en la Jornada que Demócratas Para El Cambio organizó en septiembre de 2015 en el auditorio Alfredo Kraus. Habrá que discutir el cómo y el cuánto.

Conminamos a todos los parlamentarios a trabajar por Canarias para que su ciudadanía pueda votar en las próximas elecciones con un sistema electoral menos injusto que el que padecemos desde 1982. Es deber de toda la Cámara.

(*) Coordinador de Demócratas Para el Cambio junto con José M. Marrero Henríquez, José Brito López, Luis Roca Arencibia, Juan J. Pons Bordes, Samuel Marrero Lorenzo y Manuel Rodríguez González