Unos días después de cumplirse el 39 aniversario de la llamada matanza de Atocha un grupo de amigos quiso homenajear al abogado Jaime Sartorius, que ejerció la acusación particular contra los autores de aquel crimen que conmovió a la opinión publica española. Tres abogados laboralistas próximos al todavía no legalizado Partido Comunista, un estudiante de derecho y un administrativo resultaron muertos y otras cuatro personas heridas gravemente bajo las balas de un comando ultraderechista. Otros abogados habituales del bufete, entre ellos la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se libraron de ser asesinados al cambiar con otro compañero el uso del despacho. Jaime Sartorius recordó emocionado aquel trágico suceso, y la masiva y pacifica manifestación que le siguió por las calles de Madrid. Una reacción que acabó de convencer al Gobierno de Suárez sobre la necesidad de que el Partido Comunista pudiera presentarse a las primeras elecciones para acabar de darles el marchamo democrático que requería el complicado proceso de la transición de una dictadura a un régimen parlamentario. No obstante, Sartorius señala que el juez de la Audiencia Nacional, Rafael Gómez Chaparro, cuyas simpatías hacia el franquismo eran inocultables, no les dejo investigar nada, pese a que disponían de los números de las armas empleadas en el crimen. "Para mí", opina, "detrás de los atentados estuvieron los servicios [secretos] de Presidencia del Gobierno. No se ha explicado bien lo que fue. Los aparatos del Estado estaban en contra de que se abriera el país, hubo varios intentos de golpe, los militares se fueron del gobierno jurando contra los comunistas... Pudo haber un baño de sangre que se conjuró. Ese era el peligro". Tiene razón el veterano letrado. La matanza de Atocha (como el asesinato de Carrero Blanco, el golpe militar del 23- F y los atentados del 11- M) tiene zonas de sombra que la investigación judicial no ha podido, o no ha querido, aclarar. Cuatro años después de conocerse la sentencia que condenó a los autores y cómplices del crimen, todos ellos ciudadanos españoles relacionados con sectores de ultraderecha, el periódico Il Messaggero desveló que neofascistas italianos habían participado en los hechos. Una información confirmada oficialmente el año 1990 al saberse que Cicuttini, un neofascista próximo a la red Gladio (organización anticomunista dirigida por la CIA) estuvo implicado directamente en el asesinato de los laboralistas españoles. Un personaje siniestro, este Cicuttini, que ya en el año 1972, después de cometer un atentado mortal contra una patrulla de carabinieri en Peteano se había refugiado en la España franquista donde se le concedió la nacionalidad. Tirar de ese hilo hubiera sido relativamente sencillo, pero nadie se atrevió a hacerlo y cualquier intento de resucitarlo judicialmente se toparía con la prescripción de los posibles delitos. La llamada red Gladio fue creada al inicio de la guerra fría por la CIA norteamericana y el MI6 británico al objeto de evitar que los comunistas accedieran al gobierno en los países europeos. Para lograr sus fines utilizó el llamado "terrorismo de falsa bandera", es decir, la atribución a la izquierda de actos violentos que en realidad habían sido cometidos por aparatos parapoliciales y elementos de extrema derecha. El historiador suizo Daniele Ganser escribió un libro, Los ejércitos secretos de la OTAN, en el que da detalles precisos sobre esa forma de actuación.
