Como era de esperar, el proceso soberanista catalán se mueve en el pantanoso territorio de los informes jurídicos contradictorios. Nadie quiere dar un paso al frente por miedo a quedar atrapado por las arenas movedizas de la política y los dos ejércitos enfrentados se limitan a saludar con salvas de artillería jurídica cualquier movimiento táctico del enemigo. El gobierno en funciones ha planteado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por la creación de una Consejería de Exteriores en la Generalitat, una potestad que el texto constitucional reserva al Estado. Y la mayoría parlamentaria soberanista se ha avenido a aplazar momentáneamente el trámite de las tres llamadas leyes de ruptura con España (la de transitoriedad jurídica, la de hacienda y la de seguridad social) hasta que un informe jurídico (no sabemos de quién) dé garantías de que el avance se producirá sin bajas. Todo lo cual nos lleva a la conclusión de que el proceso va para largo y que la llamada "desconexión" con España será algo más complicado que el hecho de bajar de golpe el machetón para que se produzca el milagro de crear un Estado nuevo dentro de las fronteras seculares de otro. En una forma parecida a como Dios creó a la mujer a partir de una costilla de Adán, sin anestesia, sin dolor y sin ninguna clase de intervención quirúrgica por parte de la Guardia Civil (un cuerpo que también viste de verde como los cirujanos). En un momento de euforia, los partidos soberanistas habían anunciado que la "desconexión" con España se produciría en el plazo improrrogable de 18 meses mediante la implantación progresiva de la legalidad catalana. Es decir, en un itinerario parecido ("de la ley a la ley") a como el eminente jurista Torcuato Fernández Miranda había recomendado transitar de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria, pisando firme sobre las piedras para cruzar el río. No obstante, otro grupo de expertos juristas, contratados por la Generalitat para redactar el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional, opinaron que ese proceso duraría años, ya que durante mucho tiempo continuarían vigentes todas aquellas leyes españolas que no fueran contrarias a la nueva legalidad. Y no solo eso, sino que también esas leyes seguirían siendo aplicadas por instituciones situadas fuera del territorio catalán, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España y algunas otras de parecida importancia. Una coexistencia que, en cualquier caso, se prevé bastante complicada, aparte del problema que supondría la marcha de jueces, fiscales, notarios, inspectores de trabajo y de hacienda, y otra legión de funcionarios que empobrecerían la capacidad de gestión y la eficacia de la nueva administración catalana. Con el peligro añadido, por supuesto, de la tentación de cubrir esas plazas con amiguetes de los políticos, una posibilidad que, visto el nivel de corrupción que alcanzó la actual comunidad autónoma, nos impide pronosticar la aparición de unas instituciones públicas más honestas y transparentes en un futuro Estado independiente. Una transición dilatada en el tiempo, como la española, es una desgracia política difícil de gestionar. Cuando Aznar llegó al poder dijo que iniciaba una segunda transición. Y ahora ya vamos por la tercera o la cuarta.
