Las reformas que ha querido introducir en la Iglesia católica el papa que vino de América, su mensaje de "verdad y pobreza" no parecen haber hecho demasiada mella en la Iglesia italiana a juzgar por el comportamiento de muchos de sus jerarcas.
Mientras presiona con manifestaciones multitudinarias como la reciente de Roma a favor de la familia tradicional y en contra de la ley de uniones civiles que incluye la posibilidad de que una pareja gay pueda adoptar al hijo o hija del otro, la jerarquía, o al menos buena parte de ella, vive a lo grande, como ha vivido siempre.
La Conferencia episcopal italiana, la mayor y más rica del mundo, disfruta desde 1990 de una financiación pública conocida como "el 8 por mil" en la declaración de la renta de los ciudadanos, ley que desde su adopción ha servido para ingresar en la caja fuerte de los obispos 19.300 millones de euros, según el semanario L'Espresso.
Sólo en 2014, según el último balance disponible, los ingresos fueron de 1.054 millones, cantidad que, según el Tribunal de Cuentas italiano, ha "contribuido a un reforzamiento económico sin precedentes de la Iglesia italiana sin que el Estado haya decidido revisar un sistema cada vez más gravoso para el erario público".
El estudio del Tribunal de Cuentas denuncia la total falta de transparencia sobre el empleo de esos fondos. Sólo un 23 por ciento del dinero que los ciudadanos italianos donan a través de sus impuestos a la Conferencia Episcopal y al Instituto Central para el Sostenimiento del Clero se dedica a labores de beneficencia.
La parte del león de lo así obtenido sirve para financiar estipendios de obispos y a sacerdotes, construir nuevos templos o restaurar los existentes así como para otro tipo de actividades muchas veces sin definir, mientras que continuamente saltan escándalos de malversaciones y otros abusos de la jerarquía.
Como señala L'Espresso en su documentado reportaje, hay monseñores que están al frente de sociedades por acciones que invierten en todos los sectores, incluidos aquellos a los que la propia Iglesia ha puesto en su índice, como son las cadenas de establecimientos de compro oro, que se aprovechan de las dificultades económicas de mucha gente.
Siguen en aumento los holdings controlados por la Iglesia y dedicados a nuevas adquisiciones como la que el año pasado llevó a la diócesis de Bolonia a hacerse con la mayoría absoluta de Faac, fabricante de automatismos para puertas y cancelas, o la creación de fondos inmobiliarios como el que creó en 2013 la diócesis de Bérgamo con una cartera de 107 millones de euros.
Resulta difícil, si no directamente imposible conocer cuánto controla la Iglesia italiana aunque se sabe que es dueña de numerosos edificios de viviendas o de oficinas, participaciones en fábricas, empresas y en la banca, así como en importantes medios de comunicación.
De nada parecen haber servido las palabras pronunciadas hace un año en el Vaticano por monseñor Antonio Nero, subsecretario de la Congregación del Clero, según el cual "los bienes (de la Iglesia) deben ser instrumento de evangelización y no piedra de escándalo".
De poco ha servido también la intervención del papa Francisco al confiar a dos prelados comprometidos con la pobreza las diócesis de Bolonia y Palermo, precisamente las que han suscitado mayores críticas por su pasión inversora.
En Padua, los distintos organismos y fundaciones dependientes de la diócesis controlan nada menos que 862 apartamentos, además de casas y granjas y tienen participaciones en sociedades financieras con intereses en energías renovables e inversiones en Bulgaria.
Una residencia para sacerdotes jubilados ha costado al parecer 13 millones, lo que equivale a 370.000 euros por los pocos metros cuadrados de cada habitación, casi el precio de un apartamento.
Y dice la Biblia que Jesús expulsó un día a los mercaderes del templo.
