Las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias están dando la razón a Victoria Rosell, exmagistrada y diputada de Podemos, frente a las acusaciones de la Fiscalía de Las Palmas por supuesta falta disciplinaria. Menos mal. Al igual que estas diligencias, la demanda de un ministro en funciones, obviamente del PP, corren el riesgo de ser relacionadas con móviles políticos por militar en determinado partido, cuya dirección la postula como titular del Ministerio de Justicia si forma parte del próximo gobierno de la Nación. Sin merma del respeto debido a todos los órganos y representaciones del poder judicial, no parece afortunada la coincidencia de algunas actuaciones con los procesos nacidos de las urnas, necesariamente neutrales para no confundir a la ciudadanía. Afortunadamente, el TSJC está demostrando una cuidadosa sensibilidad.
La señora Rosell se ha distinguido en el desempeño judicial por la fundamentación rigurosa de sus funciones instructoras y sentenciadoras dentro de la discrecionalidad que la legislación otorga al juzgador y en el área de interpretación progresista que es tan legítima como las de otras tendencias. Sin exceder los limites de las normas procesales que a todos afectan, es positiva y fecunda la concurrencia de diferentes pensamientos en el enjuiciamento de una sociedad igualmente diversa y plural. El monolitismo sería injusto por definición, y de ello también son conscientes los juzgadores que se agrupan libremente en asociaciones conservadoras. Saberlo y reconocerlo no implica sospecha de parcialidad política en las decisiones de los unos o los otros, pero se trata de un estamento en que el ser exige especialmente el parecer.
Por lo demás, acreditar arbitrariedad o malicia en los hechos diligenciados o atribuidos a Victoria Rosell, tanto el que afecta a su vida personal como el relativo a presuntas actitudes en un aeropuerto, o a la propia defensa ante acusaciones vertidas por oponentes políticos, tendría menos trascendencia en condiciones de normalidad institucional que en el delicado momento que vive este país por inexistencia de una mayoría para gobernar y por una anomalía sin precedentes en la formación de gobierno, que puede abocar a la repetición de las elecciones generales. Ella ha optado por un partido previa renuncia al ejercicio de la judicatura y está situada por voluntad de ese partido en una posición vulnerable. Aún sin prejuzgar intenciones de otros, el deber de imparcialidad podría sufrir una grave fricción aunque no haya causa objetiva.
