Esta semana he tenido la oportunidad de participar en la novena liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria coordinando a mis alumnos de tercer curso del Grado de Economía. Como dijo uno de los miembros de la organización, nuestra universidad es pionera en España de un modelo heredado directamente de las universidades americanas y siempre ha tenido participaciones destacadas en la liga nacional. La pregunta sobre la que giraba el debate fue: ¿deben gobernar en España las listas más votadas?
Dentro de la sala donde se celebraban los debates, el sorteo definía la postura a defender por cada uno de los dos equipo que se enfrentaban. En los pasillos, el debate continuaba, y todos dábamos nuestros argumentos a nivel individual, sin desvelar, claro, los argumentos secretos de nuestro equipo. Lo cierto es que fuera de los debates sólo coincidí con personas que defendían el no a la pregunta planteada por los organizadores. Todos estábamos de acuerdo además que esa era la postura más cómoda. Afortunadamente a nuestro equipo, Economistas con derecho, a opinar se supone, le tocó defender el no en más de una ocasión, y éstos fueron los argumentos basados en la Economía del Bienestar con los que arrancaban en esos casos nuestras intervenciones:
España es un país con poca experiencia democrática, y aunque no es cierto que siempre haya habido bipartidismo, sí es cierto que desde 1977 hasta ahora sólo ha habido dos partidos mayoritarios en cada legislatura, lo que ha simplificado la formación de los gobiernos, y ha generado que éstos hayan sido monocolor y además coincidentes con la lista más votada. De manera que hasta ahora siempre ha ocurrido que los partidos políticos que han ganado las elecciones generales han conseguido formar gobierno y gobernar en solitario nuestro país.
Sin duda ha influido, por un lado, la falta de educación política de nuestra sociedad, y por otro, en mayor medida, es una consecuencia de la ley electoral española. La ley electoral porque promueve una elección de representantes en el Congreso de los Diputados con una asignación territorial de los representantes por provincias, y además con listas cerradas. Eso explica la abultada diferencia de escaños en las pasadas elecciones generales, entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, treinta y uno, a pesar de la escasa diferencia de votos, alrededor de 340.000, 22,01% frente a 20,66%. Y el caso flagrante de Unidad Popular que con algo más de 923.000 votos sólo obtuvo dos escaños. En cambio al partido Nacionalista Vasco con algo más de 301.000 votos se le asignaron seis escaños. Ezquerra Republicana obtuvo nueve escaños con algo más de 599.000 votos.
Con esto lo que quiero poner de manifiesto es que en muchas ocasiones la lista más votada no tiene por qué ser siempre la lista con mejor representatividad de escaños en un Parlamento. De hecho en la pasadas elecciones autonómicas en Canarias Coalición Canaria, el partido con más escaños en el parlamento de Canarias fue el tercero más votado. Precisamente este elemento de falta de representatividad de las cámaras autonómicas y nacional es lo que muchos partidos políticos, analistas y representantes cívicos están reivindicando que debe ser corregida.
Lo cierto es que lo deseable, y por otro lado lo único demostrable matemáticamente, es que un gobierno siempre debe buscar como objetivo la maximización del bienestar social, o lo que es lo mismo, el interés común de todos los ciudadanos. El crecimiento económico debe ser siempre un objetivo subsidiario del bienestar social. Y esto sólo es posible conseguirlo si un gobierno tiene en cuenta en sus políticas públicas la intensidad de las preferencias de los ciudadanos, pero no sólo de sus votantes, de todos los ciudadanos. Por eso se llama Gobierno de España, el gobierno de todos los españoles. Para todos es más fácil entender este concepto cuando vemos al presidente de nuestro país o a algún miembro de su gobierno fuera de nuestras fronteras. En ese momento entendemos que su función es representarnos a todos, no sólo a sus votantes. El gobierno ejecuta, el parlamento legisla.
Por eso la respuesta de nuestro equipo en la liga de debate universitaria fue que no necesariamente la lista más votada debe gobernar un país. Debe gobernar un país un gobierno que tenga la capacidad para representar el interés común de todos los ciudadanos. Un gobierno debe tener la capacidad de confluencia, de generar acuerdos, de facilitar los encuentros programáticos. Eso no quiere decir que los partidos políticos que lo apoyen estén de acuerdo en todo, el debate parlamentario dilucidará las confluencias entre partidos que no siempre tendrán que ser los mismos.
Un gobierno que gobierna a base de rodillo ya sea en solitario o en coalición, no garantiza el bienestar común porque está dejando fuera de sus políticas las preferencias de muchos ciudadanos. Aunque a veces lo puede parecer, la política de un país no es una competición de estrategias donde gana quien sea mejor estratega y en consecuencia se lleva los honores. Un buen ejemplo de cómo debe actuar un presidente la dio el premio nobel de la paz, el señor Nelson Mandela. En los objetivos de sus políticas trató de integrar siempre a todos los ciudadanos, tanto los que le habían votado como los que no. No hacerlo hubiera significado repetir lo mismo que hicieron con la población de color en su país y en contra de lo que había luchado toda su vida.
Si estuviera dentro de un congreso, y el sistema me permitiera emitir mi voto libremente, y no bajo la disciplina de un partido político, votaría a un presidente integrador, que tuviera como objetivo mejorar la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos de su país. Tendría que ser un gobierno independiente de que sus políticas no consigan crecimiento económico a costa de desigualdad. Un gobierno debe garantizar siempre la unión, la solidaridad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.
