Uno de los más destacados líderes de la revolución tecnológica, Bill Gates, realizaba hace poco la siguiente reflexión: "Siempre tendemos a sobrevalorar los cambios que se producirán en los próximos dos años y subestimamos los que tendrán lugar en los diez siguientes". La idea de Gates de sustituir la gestión del corto plazo y su elevada carga de improvisación por la planificación estratégica a largo plazo se va imponiendo cada vez más tanto en el ámbito empresarial como político. Los grandes líderes mundiales elaboran hoy su planificación estratégica con las miras puestas en el horizonte 2030: fijan sus objetivos para entonces, elaboran la correspondiente hoja de ruta para alcanzarlos y prevén la realización de evaluaciones periódicas de sus resultados, para introducir las correcciones pertinentes durante su ejecución.

En un momento en que los gobiernos del mundo elaboran ya su Agenda 2030, ¿cuál es la hoja de ruta de nuestra región para la próxima década? ¿Cómo será Canarias entonces? ¿Y Gran Canaria? Estas cuestiones vienen a colación ante el debate que ha tenido lugar la última semana en esta isla, que han protagonizado los empresarios, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias a través de los medios de comunicación. Son tensiones ya frecuentes en nuestra sociedad que, más allá de las cortinas de humo, esconden cuestiones de fondo que esta comunidad autónoma no termina de resolver. Cuestiones que giran en torno a otras preguntas más concretas: ¿tiene o no tiene Gran Canaria un proyecto de lo que debe ser la isla en el futuro? ¿A quién corresponde elaborarlo? ¿Son los cabildos los auténticos gobiernos de cada isla o simples órganos de gestión de la política autonómica? ¿O quizá una gran mancomunidad de ayuntamientos?

Definir un proyecto de futuro para Canarias en general y Gran Canaria en particular resulta esencial en estos momentos, en que estamos saliendo de una larga crisis e iniciando un ciclo de recuperación económica y social, así como de regeneración política. Conviene recordar que Gran Canaria cuenta, sin duda, con activos muy potentes para ser uno de los principales motores de la recuperación de Canarias. Sin embargo, acumula ya años de retraso en su desarrollo estratégico, de tal forma que no ha podido desplegar todas sus potencialidades. Ha carecido de un proyecto claro, pero también del liderazgo necesario para llevarlo a cabo, frente a otras islas que sí han sabido diseñarlo y liderarlo, o que están comenzando a hacerlo.

Es hora ya de superar los años de vacío, confusión o desorden en la gestión de los problemas de Gran Canaria, que se han traducido en un parón de sus inversiones y un grave estancamiento social y económico. Pero para llevarlo a cabo es imprescindible la participación de la sociedad a través del diálogo social e institucional, que ayude a buscar las soluciones y permita afrontar los retos reales del futuro. Resulta por ello especialmente preocupante que las críticas de destacados representantes empresariales a la gestión del Cabildo hayan provocado tal reacción de irritación e incomprensión, al margen de que quien las reciba esté más o menos de acuerdo con ellas.

La resistencia de los gobernantes a la crítica no es un buen síntoma de salud democrática ni la mejor vía para definir retos y elaborar soluciones, como tampoco buscar conspiraciones o confabulaciones en insensatas e inexistentes alianzas mediáticas con supuestas élites, políticas y económicas, a las que se hace frente con respuestas maniqueas o demagógicas. De quienes ostentan las máximas responsabilidades institucionales al frente de esta Isla se espera, como mínimo, más generosidad para encajar reproches y más tolerancia ante la discrepancia en vez de responder con una guerrilla dialéctica de improperios y descalificaciones cayendo en el pecado de la soberbia en vez de exhibir la virtud de la humildad.

Esta confrontación, por tanto, que el Cabildo debiera ser la primera institución en evitar debe servir para que la sociedad grancanaria inicie una reflexión sobre cómo conseguir lo que no ha logrado hasta ahora: elaborar respuestas integrales y a largo plazo de lo que debe ser su hoja de ruta de aquí a 2030, como se ha propuesto, de hecho, el Cabildo de Tenerife. De lo que se trata es de elaborar un modelo de crecimiento distinto al que derivó en la grave crisis que hemos soportado, en que la clave está en la gestión del suelo en unas islas muy pobladas y con escaso territorio. No es casualidad que la nueva Ley del Suelo esté en el centro del enredo que se ha producido estos días entre el empresariado, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

Tras años de prolongada sequía inversora y de inicio de la recuperación, la tendencia natural es la de abrir vías y remover obstáculos a la nueva inversión. Nada que reprochar, salvo la advertencia del peligro de caer en la equivocación de dejarse arrastrar por el efecto pendular y sustituir el periodo de la ley seca por otro de barra libre, que nos lleve a cometer los mismos errores -y con las mismas consecuencias- del viejo modelo especulativo y desarrollista.

Es necesario encontrar el término medio y el equilibrio entre el uso y control del suelo turístico y la sostenibilidad. Y se logrará a través del diálogo y el consenso entre todos los sectores políticos, económicos y sociales, pactando las enmiendas que sean necesarias a la Ley de Suelo en su tramitación parlamentaria, no a través de una pelea insensata en los medios de comunicación, con provocaciones, en ocasiones, en las que priman más la notoriedad y la venganza personal que la generosidad, el sosiego y la sensatez si lo que se pretende es el interés general y no particular. Quien busque más conquistas cortoplacistas, mediáticas y egoístas fomentando una confrontación para asumir un presunto liderazgo insular basado en unos enemigos irreales y falsas conspiraciones tendrá que acarrear luego con la culpa de resquebrajar los consensos -mínimos, precisos y demandados- para que esta isla arranque de una vez.

Entendemos que deben ser los cabildos quienes asuman el protagonismo sobre cómo compatibilizar el desarrollo con la sostenibilidad del territorio insular. Y ayuden a diseñar el modelo turístico de calidad que debe ser la apuesta de futuro. Del mismo modo que debe definir cada isla su oferta de suelo industrial y comercial, que contribuya a avanzar en el creación de un modelo económico más equilibrado. Y donde la descentralización de la gestión de sus puertos y aeropuertos, junto a una reforma profunda del REF, resulta esencial para la internacionalización del Archipiélago.

Estas son las claves sobre las que debe gobernarse Gran Canaria. Está claro que un buen gobierno, una buena orquesta, necesita un buen director que la lidere, pero también una adecuada partitura que interpretar. Un buen programa de gobierno, con visión de largo plazo y que nos permita distinguir lo esencial de lo que no lo es, lo prioritario de lo secundario. No es fácil en estos tiempos de confusión e inestabilidad que sufre la política española y también la canaria. Pero Gran Canaria no puede permitirse el lujo de perder más tiempo en pleitos insulares, luchas ideológicas o conflictos entre nacionalistas. En quejas y riñas, en vez de propuestas y proyectos. Los retos son difíciles y exigen respuestas urgentes. Es tiempo de consensuar entre toda la sociedad un claro compromiso por Gran Canaria, que permita dinamizar su actividad económica, social y política. Para que Gran Canaria juegue su papel de motor esencial en el conjunto del Archipiélago.