No es una desgracia que los españoles hayamos pasado tres meses sin gobierno. Otras democracias europeas han superado vacíos mucho más largos sin quebranto de las estructuras, pero aquí es una novedad que preocupa a unos e indigna a otros por el impasse de una economía que repite signos regresivos y el bloqueo de la solución a problemas sociales que ya han esperado demasiado. Los poderes comunitarios no se dan por satisfechos con los ajustes del déficit y piden más reformas, haya o no gobierno titular. Rajoy y su gabinete en funciones se creen exentos del deber constitucional de informar y debatir en el Congreso resoluciones consumadas, como la firma del bochornoso acuerdo europeo sobre (contra) refugiados que no se atrevieron a vetar pese al rechazo de toda la oposición española. Y en el limbo de la provisionalidad pueden estar tramando sin filtros parlamentarios los nuevos recortes salariales y sociales.
No menos desdichada es la dialéctica no negociadora de los dirigentes que fingen desear una mayoría para la investidura de un presidente de gobierno. Los encuentros y desencuentros que se suceden a la vista de la ciudadanía tienen el inconfundible acento de las guerras tribales entre líderes-caciques obsesivamente celosos del territorio que creen haber ganado en las urnas y dispuestos a morir matando si preciso fuere. La aparente imposibilidad de un pacto a derecha o izquierda es alimentada adrede, para seguir perdiendo meses hasta que la única salida sea la repetición electoral que todos repudian de boquilla. Los encuestadores ya sondean los corrimientos de la intención del voto que despejarían el laberinto actual con una distribución del poder más propicia al pacto.
Pero hay que preguntarse qué ocurrirá si la nueva consulta reproduce, escaño más, escaño menos, el paisaje que estamos sufriendo. Una prórroga del gobierno en funciones por tiempo difícilmente previsible traduciría en los hechos la legislatura más larga y menos seria de la democracia española, en manos de quienes se niegan a rendir cuentas ante el poder depositario de la soberanía nacional, no otro que el Congreso. Salvo que el Tribunal Constitucional deniegue semejante derecho al gobierno en funciones, la exasperación del tribalismo se hará insoportable, y mucho más en el supuesto de decisiones que afecten gravemente la estabilidad y la concordia del país. Quienes juran su voluntad de regenerar la política y rearmar el prestigio de los políticos serán reos de perjurio. Porque si hablar de ellos ya es hoy vomitivo, calculemos la náusea ante un cambio convertido en timo.
