La educación, la sanidad, la protección social y las pensiones son los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar y representan, por ello, las partidas más importantes de los Presupuestos del Estado. La financiación de estos importantes servicios públicos va ligada en las sociedades modernas a los sistemas fiscales que aportan los recursos para su sostenimiento. Y es el fundamento del Estado democrático y social de derecho, como lo califica la Constitución.
En España, la educación y la sanidad son servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas, mientras el Estado se reserva las otras dos grandes prestaciones: el seguro de desempleo y las pensiones. Los impuestos estatales que se recaudan en cada autonomía aportan los recursos para financiar estos servicios. Y se distribuyen por medio de un complejo mecanismo llamado sistema de financiación de las comunidades autónomas. El reparto no se hace considerando solo la variable de población, que debería ser la única si se quiere conseguir la auténtica equidad. Pero la realidad es que se consideran otras variables y otros mecanismos correctores para mantener un hipotético modelo equitativo que no ha conseguido lograr su objetivo. Canarias podría reivindicar en este sentido las singularidades derivadas de su condición de ultraperificidad, lejanía, insularidad, fragmentación... Pero no lo ha hecho porque tanto el Estado como el Archipiélago han considerado durante siglos que esas especificidades están reconocidas en lo que hoy denominamos REF, concebido para compensar la influencia de esos factores en las actividades económicas que desempeñan los canarios, no en la calidad de los servicios públicos, como la sanidad o la educación, que reciben. Y que en teoría deberían ser iguales para todos los españoles.
Ya en el último pacto de financiación, que el tiempo ha demostrado perjudicial para esta región, y con más fuerza tras la aplicación de los recortes derivados de la crisis económica, comienza a percibirse la pujante interpretación estatal de que los incentivos que provienen del REF deben contemplarse como una suerte de financiación autonómica. Nada más lejos de la realidad, esas ventajas fiscales jamás fueron concebidas para financiar las obligaciones públicas, los servicios, para con los ciudadanos de las Islas.
Al contrario, la aplicación de correctores de la financiación autonómica forzados por otras regiones produce el resultado de una distribución de recursos cada vez más desigual e injusta. Sobre todo si no se tiene en cuenta, como actualmente ocurre, el crecimiento de la población en cada comunidad autónoma durante el período de aplicación. Así ocurre de manera especial con la comunidad canaria que, con un desbordante crecimiento de población e ingresos estables, acumula un creciente déficit. Lo contrario a otras, como Galicia, Asturias, Aragón o las dos Castillas, que incrementan sus recursos por habitante al mantener sus ingresos y descender o estancarse su población.
Si a esto se suman los recortes que se han producido en las partidas de educación y sanidad en los Presupuestos del Estado en los últimos cinco años, comprenderemos la razón de por qué el Estado de Bienestar en España ha sufrido un importante deterioro y es cada vez más injusto. Por eso, este grave problema está exigiendo que se afronte con urgencia la reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Se debería haber hecho en 2013, para que la nueva financiación entrara en vigor en 2014 como establece la ley. Pero la crisis económica y la necesidad de control del déficit público sirvieron de justificación para que el Gobierno de España aplazara esta reforma.
Aplazamiento que ha hecho especial daño a las comunidades autónomas como la canaria, que es justamente la peor financiada y en la que sus ciudadanos más han sufrido los recortes en educación y sanidad. Desde que se aplica el actual modelo, que se aprobó en 2009, Canarias viene percibiendo un 85,6% de la media española. El Gobierno de Canarias calcula que esto supone una pérdida de más de 500 millones de euros por año, en relación a lo que le correspondería si la distribución se hiciera exclusivamente por población. Esa cantidad es justo lo que se necesita para iniciar la mejora del sistema educativo y sanitario de las Islas después de la crisis.
El retraso en la formación de un nuevo Gobierno de España y la posibilidad de otras elecciones generales agrava aún más el problema. Desde el Ministerio de Hacienda ya se insinúa que la negociación para un nuevo sistema de financiación autonómica puede quedar aplazada hasta el 2017. Y no solo se retrasará, sino que todo hace prever que esta negociación, de por sí compleja y difícil, en que discutirán entre sí las comunidades autónomas, se producirá en un escenario político especialmente complicado. Con la reivindicación de algunas, en especial Cataluña, para que el nuevo modelo de financiación no se base esencialmente en criterios de población, sino que se adapte a las aportaciones fiscales de cada una de las comunidades.
Todo esto nos lleva a concluir que la comunicación presentada esta semana por el Gobierno de Canarias al Parlamento resulta muy oportuna. Analiza con rigor el actual sistema y los déficits de Canarias, además de proponer soluciones que sirvan de base para la reflexión y debate de la sociedad canaria. Pretende sobre todo construir consensos, buscar compromisos, que se conviertan en acción unitaria de todos los grupos parlamentarios para defender los intereses esenciales de Canarias.
