Las grandes empresas buscan amparar el secretismo en la conducción de sus negocios con la inestimable ayuda de un nuevo proyecto de ley de la Unión Europea, que está siendo fuertemente criticado por organizaciones no gubernamentales y sindicatos.
El proyecto de ley de secretos comerciales, que se debatirá en el Parlamento europeo el próximo 13 de abril, supone una amenaza para los periodistas y sus fuentes y todos cuantos luchan por la libertad de expresión, denuncia el Observatorio para la Europa Corporativa.
Una coalición de ONG, sindicatos de prensa y otros defensores de la transparencia informativa, han escrito a los miembros del Parlamento de Estrasburgo instándoles a rechazar la legislación propuesta, que sólo perjudicará a los ciudadanos y consumidores.
La definición de secreto comercial que se hace en el borrador legislativo es tan amplia que hace que prácticamente toda la información generada en el seno de una empresa pueda considerarse como tal, denuncian esas organizaciones.
"Los ciudadanos, los periodistas así como los científicos han de tener acceso a muchas de esas informaciones y poder publicarlas en interés público", afirma Patrick Kamenka, del sindicato nacional francés de periodistas.
De aprobarse esa legislación, quienes publiquen ese tipo de informaciones se exponen a sanciones legales, a multas millonarias e incluso a años de cárcel, critica Kamenka en referencia a asuntos como el de Luxleaks: el conchabamiento entre el Gran Ducado de Luxemburgo y empresas multinacionales para darles a éstas un trato de favor fiscal.
La proyectada ley de secretos comerciales impedirá de hecho informar de eventuales conductas delictivas de las empresas porque los editores no querrán exponerse a la ruina económica, según ese periodista y sindicalista francés.
Además, si llega a aprobarse en el Parlamento, advierte el Observatorio de la Europa Corporativa, se corre el peligro adicional de que los Estados miembros de la UE vayan aún más lejos y la incorporen a sus legislaciones nacionales.
Es claro, señala el Observatorio, que las empresas utilizarán todo su poder de cabildeo, que es enorme, para que ello ocurra.
"No va a ser una batalla fácil", reconoce Martin Pigeon, de esa organización porque "las grandes multinacionales llevan años presionando a favor de esa legislación e incluso influyendo en el texto mientras que el público apenas sabe nada de la misma".
Nos toca a nosotros, los periodistas, evitar que continúe ese desconocimiento por parte de los ciudadanos, que serían los primeros perjudicados.
