En un principio no teníamos intención alguna de escuchar el debate de la nacionalidad canaria. Quizás, como esa amplia mayoría de ciudadanos que sienten una honda desafección hacia las instituciones públicas y la actividad política. Sin embargo, este año la tramitación de la nueva Ley del Suelo, cuyo proceso de reforma se inició el pasado mes de febrero mediante la aprobación del borrador por el Consejo de Gobierno del ejecutivo regional, nos generó la suficiente curiosidad como para que prestáramos atención por primera vez a dicho debate. Queríamos oír, especialmente, qué decía al respecto Fernando Clavijo. En efecto, el presidente, en su discurso, no tardó en hacer mención a la iniciativa legal asegurando que la futura Ley del Suelo contaba con las aportaciones de la Federación Canaria de Islas y de la Federación Canaria de Municipios, así como también de numerosos colectivos profesionales y de algunos de los expertos en la materia más reconocidos de Canarias. Esta ley, concluyó, tiene el respaldo de toda la sociedad.
En las democracias representativas la participación ciudadana es el principal mecanismo con el que cuenta la sociedad para transmitir información sobre sus intereses, preferencias y necesidades y así obtener respuestas de sus dirigentes. ¿Ha sido la sociedad canaria consultada sobre este proyecto de ley que afectará al territorio en el que vive? ¿Hay un proceso participativo íntegro, ambicioso y completo que permita elaborar, del modo más colectivo y abierto posible, el nuevo marco normativo territorial? ¿Tiene esta ley, tal y como afirmó el presidente en el Parlamento, el apoyo y la aquiescencia de la sociedad canaria? Evidentemente, no. Es cierto que la construcción de un proceso participativo para dialogar y revisar entre todos el modelo territorial canario es un reto considerable, máxime teniendo en cuenta el complejo armazón técnico y práctico de ordenación que rige Canarias. Sin embargo, es posible. Otras comunidades lo hacen. El País Vasco, por ejemplo. El presidente Clavijo tiene a Euskadi como paradigma del buen hacer educativo. Tanto es así, que no ha ocultado su intención de copiar el modelo vasco de formación e inserción profesional. Pues bien, esta misma comunidad acaba de iniciar un proceso de revisión de sus Directrices de Ordenación Territorial, revisión que responde a los nuevos retos de la ordenación del territorio y que se construye sobre la base de un amplio proceso participativo, tanto por parte de las diversas instituciones públicas, como por parte de los agentes socioeconómicos, políticos y de la ciudadanía. En cuanto a la participación se refiere, además de los trámites de audiencia e información pública, el Gobierno vasco ha abierto canales de participación y ha diseñado un plan que acompañará al proceso de revisión de la ley desde la presentación del documento base. Los ciudadanos vascos, gracias a esta iniciativa de su gobierno, serán consultados y podrán reflexionar y opinar sobre el medio físico, los espacios naturales protegidos, las infraestructuras, los servicios de los ecosistemas y el paisaje, la movilidad, el agua y la energía, el medio rural y el medio urbano, con especial atención a la regeneración urbana, las áreas metropolitanas y ejes de transformación, el perímetro de crecimiento urbano, la cuantificación residencial y la sostenibilidad de las actividades económicas con incidencia territorial. Un gobierno democrático avanzado y moderno, además de financiar, debe promover la auténtica participación ciudadana. En este sentido, nuestra Comunidad autónoma ha sido una de las primeras en aprobar, en el año 2010, una ley de Participación Ciudadana, además de desarrollar un Reglamento para ello. Por lo tanto, ya no se trata de entregar o difundir una información sino de implementar y formalizar en paralelo un plan de participación para que, en cualquier proceso de toma de decisión, la ciudadanía opine, concierte o proponga soluciones que se sometan a debate antes de su aprobación definitiva. El Gobierno vasco lo hace. El canario, en cambio, ni lo intenta, teniendo, al margen de una ley que la promueve, las enormes posibilidades que ofrecen para ello las denominadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Si un ciudadano de este archipiélago quiere opinar y colaborar con su gobierno para mejorar el texto y con ello el territorio en el que vive, no puede. No hay ni vías, ni métodos ni canales que permitan la participación ciudadana en el trámite de esta ley. Para muchos ciudadanos, esta situación es frustrante. Decía Hölderling que "somos un diálogo". Sabemos de nosotros mismos porque continuamente nos preguntamos. Pero sobre todo porque preguntamos a otros. Negarse a hablar con otros, vivir sin la preocupación de saber qué piensan los demás, ni sus razones, ni sus preocupaciones, ni sus expectativas, es vivir en un monólogo interno y enfermar de indiferencia y de inhumanidad. Si el procedimiento continúa como hasta ahora, la iniciativa del Ejecutivo culminará en una nueva Ley del Suelo en cuya gestación no se ha escuchado a la ciudadanía. Será una ley sorda.
(*) Miembros de Acción Profesional para la Participación Ciudadana
