A la vista de la noticia publicada por el periódico LA PROVINCIA el domingo 3 de abril de 2016 (día de máxima tirada de la prensa impresa) con alardes en primera página y amplio despliegue de tres páginas en su interior, con igual cobertura en su edición digital del mismo día, reproduciendo la declaración de un investigado en una causa penal en la que no me hallo incurso, sin la menor diligencia de contraste, intereso la publicación de la siguiente rectificación:

Es falso que grandes, pequeños o medianos empresarios me hayan prestado dinero jamás, como tendenciosamente refiere el titular de portada y los de interior.

En todo caso, atendiendo a la declaración judicial del señor Ramírez de la que profusamente se hace eco el periódico LA PROVINCIA reproduciéndola aparentemente en su integridad, los préstamos habrán sido a mercantiles de las que ni siquiera fui socio, sino empleado.

Una declaración judicial de un investigado por fraude fiscal, al que se le interroga por sorpresa por asuntos que nada tienen que ver con la causa, que evidentemente habla de memoria y que se compromete, a petición del juez, a aportar los contratos por los que se le pregunta, es tomada por el periódico LA PROVINCIA como base para una información en la que se entremezclan torcidamente años, nombres de personas y situaciones con el fin de hacer daño a una magistrada en situación de servicios especiales y diputada por Podemos y a mí mismo.

A la vista de lo declarado por el señor Ramírez y analizando los contratos que aportó el mismo día de su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que estarían a disposición del mismo periodista autor de la noticia como estuvo la declaración del investigado que ha publicado en su integridad, se comprueba fácilmente que se trata de documentos firmados entre los años 2003 y 2008.

En concreto, el señor Ramírez presenta un contrato de fecha 30 de junio de 2003, celebrado entre Virtual Press, S.L., en el que aparece mi firma como director general de la entidad, de la que nunca fui socio, sino empleado, y una tercera persona en nombre de Ralons. Este contrato tiene un importe de 24.000 euros a desembolsar a razón de 1.500 euros al mes mediante pagarés. Se trata de un compromiso de suscripción de participaciones societarias que nunca se materializó como tal y que se compensó a la empresa en forma de contraprestaciones publicitarias.

El segundo contrato es de fecha 5 de diciembre de 2005, y va firmado por mí y por otro consejero delegado de Canarias Ahora Radio, S. L., empresa de la que tampoco fui socio jamás. Se trata de una aportación de Ralons a esa otra compañía que explotaba entonces una emisora de radio por importe de 37.000 euros, con una fórmula similar a la anterior.

El tercer documento aportado por el señor Ramírez es una certificación de fecha 21 de febrero de 2007 que firma el apoderado de Canarias Ahora Radio, S.L., que no era yo, en el que queda constancia de una aportación de 20.000 euros para una ampliación de capital que, al parecer, no se llevó a cabo.

Por último, el señor Ramírez ha aportado al juzgado que dirige en estos momentos el magistrado Salvador Alba un contrato de fecha 7 de mayo de 2008 en el que vuelve a aparecer mi firma junto a la de otro consejero delegado de la empresa Canarias Ahora Radio, S.L., y que suscribe en nombre de Gestiones y Asesoramientos 3.000, S.A., una tercera persona, señor Hernández. Se trata de un contrato de préstamo convertible en participaciones por importe de 24.000 euros.

Los contratos aportados por el señor Ramírez al juzgado incluyen fotocopias de cheques o pagarés girados a nombre de las empresas firmantes, Virtual Press y Canarias Ahora Radio. Por lo tanto, es falso que me haya hecho ningún préstamo personal, como maliciosamente se asegura en el titular de portada de LA PROVINCIA. En todo caso habrán sido a mercantiles de las que jamás, repito, jamás, he sido accionista ni socio partícipe.

Es falso que yo o cualquiera de los administradores de esas empresas las dejáramos "morir" para crear otras nuevas. A la vista de estos contratos es evidente que se trata de dos actividades distintas: Virtual Press se ocupaba hasta su liquidación del periódico digital, y Canarias Ahora Radio de la explotación de varias frecuencias de radio.

Es falso que yo actuara como captador de inversores. Jamás pedí al señor Ramírez que hiciera aportaciones a ninguna de las empresas de las que yo era empleado. De eso se ocupaban los socios, entre los que se encontraba el señor Chavanel (socio partícipe de Canarias Ahora Radio, S.L.), amigo del señor Ramírez, como es público y notorio.

Además de él, suscribieron contratos similares algunos otros empresarios, de los que se guardaba absoluta reserva para impedir que sufrieran consecuencias sociales, políticas y económicas de apoyar a un medio como el nuestro. Empresarios que no querían que José Manuel Soria, en concreto, conociera que invertían de alguna forma en estos medios.

El señor Ramírez, efectivamente, fue uno de ellos. A él corresponde únicamente la responsabilidad de haber desvelado sus vínculos ahora. Nosotros siempre mantuvimos la reserva debida.

Las empresas Virtual Press y Canarias Ahora Radio dejaron de operar desde hace muchos años. La primera entró en liquidación al no aprobar los socios (yo no lo era) diferentes aportaciones de capital. La segunda, al quebrarse las relaciones entre sus socios (yo tampoco lo era) coincidiendo con la marcha del señor Chavanel (2007) y el estallido de la crisis, año 2008.

Desde 2008, con notable esfuerzo de mis compañeros y mío, asumimos las deudas dejadas por esas dos empresas y por Canarias Ahora Prensa, S.A., montada por los mismo accionistas (yo no lo era) en 2006 para editar en Canarias el periódico gratuito Metro, que cerró en España y nos abocó al cierre aquí.

Desde esas fechas (finales de 2008-principios de 2009) empezamos a operar bajo la mercantil Clan de Medios, Comunicación y Marketing, SLU, de la que soy partícipe único desde el principio. No tengo socios en esa mercantil ni los he tenido jamás, ni tengo préstamos con ningún empresario, ni con el señor Ramírez ni con ninguno de los que anteriormente apoyaron el proyecto periodístico de prensa digital, prensa impresa y radio.

Como ha relatado el señor Ramírez en su declaración, nuestra única relación actual se limita a un contrato de prestación de servicios que arrancó alrededor del año 2010 por el que su empresa Ralons realiza la limpieza de nuestras oficinas por importe de unos 700 euros al mes que le compensamos con publicidad.

El servicio de alarma al que hace referencia en su declaración por el que pagábamos, efectivamente, 30 euros al mes, ya no lo tenemos contratado porque se instaló en unas oficinas que desde 2012 ya no utilizamos.

El 28 de octubre de 2015 firmé en nombre de mi empresa con una productora de contenidos radiofónicos vinculada a la UD Las Palmas un contrato por el que cedía la explotación de la frecuencia de radio de la que somos titulares. Los intentos de la Fiscalía y del magistrado Salvador Alba por enmarañar esa operación y vincularla con la causa penal abierta en Instrucción 8 contra el señor Ramírez han corrido la suerte de todos conocida:

-Dos archivos de diligencias informativas (no llegaron ni siquiera a la categoría de disciplinarias) en el Consejo General del Poder Judicial ante sendas denuncias de la Fiscalía de Las Palmas que llegó a incluir en una de ellas un informe con varias falsedades firmado por el magistrado Alba.

-Sentencia del TSJC declarando nulas las investigaciones de la Fiscalía de Las Palmas sobre esa operación por haber vulnerado gravemente derechos de la diputada Victoria Rosell.

-Contundente informe de la Fiscalía del Supremo frente a una querella política del señor Soria que incluye las mismas majaderías anteriormente descritas de los señores fiscales y el juez Alba.

Del contenido de la declaración publicada por LA PROVINCIA queda patente que la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, señora Ríos, continúa empeñada en investigar a una diputada nacional y magistrada en situación de servicios especiales a pesar de las severas reprimendas que su investigación ha cosechado tanto en el ámbito disciplinario como judicial por ser manifiestamente incompetente para hacerlo. Y de paso investiga a un medio informativo que es hostil ante las prácticas poco ortodoxas de determinados funcionarios públicos como ella, su jefe, el señor García-Panasco, o la esposa de este, hoy directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, en otro tiempo investigada en el marco de unas diligencias por corrupción (Lifeblood).

Es falso que en el periodo al que se refieren los contratos aportados y comentados por el señor Ramírez, yo fuera la pareja de la señora Rosell, como maliciosamente se afirma en los titulares y piezas publicadas. Hubiera bastado una llamada de contraste para verificarlo.

Desde el último contrato (mayo de 2008) hasta la fecha en la que la señora Rosell abre diligencias penales contra el señor Ramírez (enero de 2014) transcurren casi seis años, lo que deja en evidencia cualquier intento del juez Salvador Alba, de la fiscala Evangelina Ríos, del ministro José Manuel Soria y del periódico LA PROVINCIA por vincular ambas cuestiones.

Las responsabilidades disciplinarias, administrativas y / o penales a las que deban enfrentarse el juez, la fiscala y el ministro se dirimirán llegado el momento. Hoy toca que el periódico de Editorial Prensa Canaria rectifique las falsedades que ha publicado por no haber hecho la menor diligencia de contraste.