Tenía previsto escribir sobre algu- nos temas tratados en el último pleno municipal de marzo, pero los ataques furibundos que ha recibido últimamente el que fuera interventor en los servicios concesionados en Emalsa, Rafael Bolívar, me han hecho cambiar de opinión.
El pasado 28 de marzo Emalsa presentó una querella criminal contra Rafael Bolívar, que contó con el beneplácito de los cuatro consejeros en representación del Ayuntamiento, que se abstuvieron en la votación del consejo de administración en la que se aprobó presentarla.
Conviene recordar que, hasta ahora, tanto Rafael Bolívar como el grupo de otros seis funcionarios que firmaron con él los informes de Intervención lo que han hecho es defender el interés general de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria ante los presuntos desmanes de Emalsa, manejada por los representantes de los socios privados -las empresas Saur Internacional y Sacyr-Valoriza-, que tienen una mayoría del 66% del accionariado.
Hasta ahora lo que hay es una denuncia de la Fiscalía imputando a 15 consejeros, exconsejeros, directivos y exdirectivos (todos en representación de las dos empresas) por "una gestión desleal de Emalsa por parte de los socios privados" basándose en que "las relaciones contractuales entre Emalsa y Sercanarias habrían implicado un perjuicio no sólo para el socio público de la misma, el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino también para los ciudadanos, teniendo en cuenta que Emalsa se financia a través del precio del agua". Curiosamente no hay ningún funcionario municipal entre los imputados.
Hasta hoy, lo único evidente es que la Fiscalía informa sobre un hecho detectado por la auditora Auren, en el que "a partir de septiembre de 2010 Sercanarias actualiza los precios conforme al IPC, y aplica un 8% cuando realmente correspondía a 0,8%". A esto se debía referir el concejal Javier Doreste del partido Podemos, y miembro del consejo de administración de Emalsa en representación del Ayuntamiento, cuando el 16 de septiembre del pasado año declaró: "Creo que Sercanarias se montó para saquear a Emalsa".
O igual se refería al contrato de alquiler de la actual sede de Emalsa en la Avda. Juan Carlos I, firmado en julio de 2008, por 90.000 euros mensuales (más de un millón de euros al año) y que cuando se publicó en los medios, produjo tal escándalo que tuvieron que rebajarlo a 75.000 euros mensuales (900.000 euros al año) a partir del 1 de enero de 2009.
La Fiscalía recoge la información de Auren, donde dice que "el precio actual que se está pagando por el alquiler (que es de 79.656,70 euros por el incremento del IPC) es de 28,41 euros por metro cuadrado cuando el precio de oficinas de similares características oscila entre los 10 ó 14 euros el metro cuadrado". Conviene recordar que Emalsa, hasta que contrató el alquiler de la supersede en cuestión, estaba ubicada en unas oficinas municipales sin costo alguno para la empresa ni para los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los que pagamos -a través del precio del agua como bien recuerda la Fiscalía- estos alquileres tan rumbosos.
De otra parte, los informes del Interventor y los demás técnicos municipales detectaron que se estaban prestando, por parte de Emalsa, menos servicios de los contratados. Por ejemplo, el caso de la limpieza anual de la red de saneamiento y pluviales, que en el documento Informe Propuesta (IP-97) anexo al contrato de concesión de 1998 especifica: "Frecuencia mínima de seis meses, es decir, dos limpiezas anuales de toda la red del servicio". En el mismo apartado se indica que "la longitud total de la red es de 350 km". Según la información facilitada por Emalsa, en 14 años (de 2000 a 2013) el promedio anual de kilómetros limpiados fueron 130 en vez de los 700 contratados. Dicho de otra manera, en 14 años había que limpiar 9.800 kilómetros y solo se limpiaron 1.820. Pero se pagaron como si se hubieran limpiado todos. ¿Ha devuelto Emalsa el dinero por los kilómetros que no limpió? Que se sepa, no.
También se detectó que el tratamiento de lodos, que según el IP-97 debía ser de 29.000 toneladas/año, desde 2007 hasta 2012 el total de toneladas tratadas fue de 38.895, con un promedio anual de 6.483. O sea, que se pagó por tratar 203.000 toneladas y se trataron menos de 39.000. ¿Ha devuelto Emalsa el dinero por las toneladas no tratadas? Que se sepa, no. Curiosamente, cuando en 2013 se pone en marcha el grupo de trabajo municipal para intentar controlar a Emalsa, ese año se trataron 18.100 toneladas y en 2014, 27.200 toneladas. Sin comentarios.
Estos son los hechos, por más que algunos pretendan desvirtuarlos, y estos hechos son los que a la ciudadanía le importan. Por mucho que algunos intenten masacrar públicamente al interventor y a los funcionarios que han detectado estas y otras irregularidades en Emalsa y en Sercanarias, lo importante es que quienes han defendido los intereses de los ciudadanos son ellos, los buenos.
Aunque la ciudadanía no es tonta, sí puede ser olvidadiza. Por eso conviene recordar quiénes son los buenos, los que nos defienden, y quiénes los malos, los que utilizan nuestro dinero para obtener más beneficios de los debidos, según los informes de la Fiscalía y de Auren y de los técnicos municipales.
(*) Exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
